La desprotección del Estado para los periodistas se evidencia en el asesinato de Hernández, ejecutado el pasado domingo 17 de marzo, en el barrio La Ceiba, de Nacaome Valle, al sur de Honduras. Hernández es el primer periodista asesinado en el 2019 y el número 72 en la lista de crímenes contra comunicadores sociales ocurridos en las últimas dos décadas en este país, situado entre los más violentos del mundo y con altos índices de impunidad.
Cifras oficiales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos indican que el 96% de los crímenes contra periodistas se mantiene impune.
Hernández era un periodista crítico de la gestión gubernamental, de los diputados del departamento de Valle en el Congreso Nacional y del alcalde municipal de Nacaome.
El sur de Honduras conformado por los departamentos de Choluteca y Valle, en los últimos años se volvió de mucho peligro para el ejercicio del periodismo. Y es por esa razón que varios periodistas de este lugar, críticos de la corrupción y del crimen, han sido amenazados, criminalizados y agredidos, no solo por criminales sino también por autoridades locales, departamentales y nacionales.
Según una nota de prensa publicada por el periódico Reporteros de Investigación, hace algunos años el periodista Gabriel Hernández solicitó medidas de protección ante el Mecanismo de Protección para Periodistas, Defensores de los Derechos Humanos y Operadores de Justicia, sin embargo este organismo del Estado se negó a protegerlo y adujo que su caso no aplicaba. Y ahora, este hombre, útil para la sociedad está muerto.
El crimen contra Hernández ha causado mucha consternación y pánico en el gremio periodístico que ya no soporta las amenazas, agresiones y atentados, de parte de diferentes autoridades, sin que los órganos de protección de libertad de expresión actúen para contener esa avalancha.
2018 un año de ataques y prisión
Por ejemplo, en el 2018 la Delegada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, CONADEH, Yaritza Rodríguez, en el Departamento de La Paz, amenazó con querellar al director de Radio Marcala, el periodista Carlos Galeas , por difundir información de la forma en que se eligió la Comisionada Municipal en ese municipio y preguntar a la funcionaria por qué este organismo se estaba oponiendo a los resultados.
El 12 de enero de 2018 los periodistas Rony Martínez y César Silva de UNETV; Claudia Mendoza de Univisión y Gilda Silvestrucci del Programa en La Plaza, fueron golpeados en público por militares cuando cubrían las protestas contra el fraude electoral a inmediaciones de casa de gobierno. La denuncia fue presentada en tiempo y forma en el Ministerio Público pero aún esperan justicia.
Carlos Roberto Flores, quien conduce un programa en San Pancho TV en el municipio de San Francisco de La Paz, Olancho, fue agredido por un policía el 24 de abril de 2018, cuando filmaba la detención y decomiso de una motocicleta a una persona que no portaba documentación. Días después la policía llegó a disculparse, el agresor solamente fue trasnferido de lugar pero el Ministerio Público no inició acciones en su contra.
En julio de 2018 el periodista Javier Edgardo Rodríguez Zúniga, quien labora en el Canal 23 de Olanchito, Yoro, y es corresponsal de los noticieros televisivos Hoy Mismo y TN5, fue detenido y golpeado por documentar en video la detención de su hermano en la posta policial de esa ciudad, por agentes de la policía del sector, quienes además dañaron su cámara de video que utiliza en el trabajo, la noche del sabado anterior. Después la policía se fue a disculpar con él y prometieron comparle la cámara que le quebraron, pero no hay juicio contra ellos.
El 27 de octubre de 2018, en la comunidad de Guapinol, cerca de la ciudad de Tocoa departamento de Colón, los periodistas Rigoberto Mendoza, Vitalino Álvarez , Erick Mendoza y Osman Corea de Comunicaciones Mendoza; Wenceslao Canales, de Canal 29; Donaldo Domínguez, Jennifer Molina y César Obando, de Radio Progreso; Jhony Castillo, de Canal 5 y Miguel Dubón, de Radio Globo, fueron agredidos violentamente por la policía y el ejército hondureños cuando cubrían el desmantelamiento de un campamento de activistas defensores del medio ambiente.
Ellos se acogieron al Mecanismo de Protección por las graves amenazas y se aprobaron medidas de protección a principios de 2019 que aún no han sido implementadas.
El 10 de noviembre de 2018 más de 20 encapuchados llegaron a la casa del periodista Jairo López, Director del Noticiero El Informador y se lo llevaron secuestrado, lo mantuvieron dando vueltas por varios sitios de Choluteca sin decirle hacia dónde lo llevaban y al final de dos horas se dio cuenta que tenía una orden de captura porque la Empresa Energía Honduras lo había denunciado por daños.
Él ha sido un periodista muy crítico lo que le ha valido querellas, campañas de desprestigio, persecución y prisión.
Siempre en ese mismo mes de noviembre de 2018 Walter Ulloa, director del programa Análisis Local, de Siguatepeque, en la zona central de Honduras, fue objeto de seguimientos reiterados por un carro desconocido, después de abordar el tema de la minera Socorro Las Peñitas, que vendrá a ocasionar una desastre ambiental en ese lugar.
2017 crímenes y amenazas
El 17 de enero de 2017 fue acribillado a balazos el periodista Igor Padilla del Canal de Tv HCH, por sujetos que vestían pasamontañas en dos vehículos, un pick up color blanco doble cabina y un turismo color rojo, bajándose descargaron sus armas largas dejando a Padilla Chávez fatalmente herido y posteriormente murió. Por su muerte fueron acusados miembros de una pandilla, aún el crimen no se resuelve.
El 11 de diciembre de 2017 , miembros del Ejército Nacional detuvieron al comunicador social, Josué Neptalí Rubí, quien le daba cobertura a una manifestación pacífica contra el fraude electoral, en Nacaome Valle.
Ese mismo día, militares que reprimían una manifestación en San Marcos de Colon, en Choluteca, dispararon contra el vehículo en que se conducía la periodista, Nilda Sosa, de Canal 11 y su camarógrafo. Ellos realizaban su trabajo y de repente los militares llegaron y abrieron fuego contra los manifestantes, acción que denunciaron en la Oficina Regional del CONADEH.
En agosto del 2017 Cesar Obando Flores, corresponsal de Radio Progreso, en el departamento de Colón , fue amenazado por el alcalde municipal de Santa Rosa de Aguán, Pablo Castro Gonzáles, quien le advirtió que no se metiera con él si no quería una calentadita.
Calentadita es el método utilizado en los órganos de investigación del Estado para sacarles verdad a los supuestos criminales. Y no es más que el sinónimo de tortura.
El incidente contra el periodista Obando se produjo cuanto el comunicador social quiso entrevistar al alcalde al finalizar un cabildo abierto en el cual la comunidad Brisas del Mar rechazó la instalación de una refinería.
Asimismo, el 22 de mayo del 2017, el periodista Ricardo Patiño, director del telenoticiero “Telavisión Estelar”, denunció amenazas por las redes sociales y agresiones físicas de parte del regidor municipal del Partido Liberal, Francois Ligeard.
En alusión directa al comunicador el funcionario municipal publicó en Facebook: “La niña llorando por un pescozón”. De acuerdo con una alerta, emitida por C-Libre, el funcionario municipal también amenazó a Patiño, diciendo: “aunque tenga que renunciar del cargo de regidor juro que te voy a trampar pija”.
Walter Salinas, director del Programa de Noticias y comentarios, que se transmite en Guayape Visión, de Patuca Olancho, denunció el 20 de noviembre de 2017 ante el CONADEH haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de un activista del Partido Nacional, de nombre Francisco Rodríguez.Salinas, cuando llegaba al medio de comunicación para realizar su trabajo.
En otro incidente similar, el 8 de mayo del 2016, el diputado nacionalista Alfredo Moradel, amenazó de muerte al periodista Marcos Escobar, del canal 33 de Catacamas, Olancho.
En su programa, Escobar criticó una celebración del día de la madre, donde activistas políticos armaron relajo debido a que no ajustaron las canastas familiares que llegó a repartir la primera dama, Ana García.
“Yo estaba tocando el tema porque salieron como 15 señoras golpeadas, entonces me llamó Alfredo Moradel y me dijo que me iba a mandar a joder”, denunció el comunicador, al periódico digital Conexihon.
Para entonces Moradel era el suplente en el Congreso Nacional, del diputado y presidente del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez.
El 26 de agosto del 2016 el alcalde municipal de Siguatepeque, Comayagua, Juan Carlos Morales, amenazó de muerte al periodista Leonel Juárez Castellanos, quien tuvo que cerrar su programa e irse del país.
Juárez criticaba la gestión gubernamental y del alcalde, y según explicó ese fue el motivo de la amenaza de muerte.
Otro que denunció persecución el 18 de mayo del 2016, fue el periodista, Carlos Jeremías Girón, quien dijo estar en riesgo, tras haber denunciado al hermano del alcalde municipal de Santa Rosa de Copán, Aníbal Erazo.
El periodista fue víctima de un atentado criminal el 14 de mayo del 2016 y por esa razón el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, CODEH, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), a favor Girón.
De igual forma en noviembre del 2014, C-Libre informó que el director y presentador del noticiero Temas y Noticias, Eusebio Díaz Matute, fue amenazado por el alcalde municipal de Sonaguera, Colón, Jefry Miguel López Ocampo.
De acuerdo con la información, Díaz Matute denunció intimidación, daños sicológicos y amenazas, por parte del edil. “Si algo me llegara a suceder a mí o alguien de mi familia el responsable será el alcalde de Sonaguera, Yefri Miguel López Ocampo”, dijo el comunicador.
El 26 de septiembre del 2014, Mélida Isis Velásquez, regidora de la Corporación Municipal de La Paz, amenazó al periodista, Gilberto Gálvez, con querellarlo si no le pidía disculpas a la Alcaldesa Gilma Ondina Castillo, del Partido Nacional de Honduras.
Gálvez es director del espacio informativo, "Construyendo Sociedad" que se trasmite por el Canal 33 de cobertura local y miembro de la Red de comunicadores de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU). También es corresponsal de Canal Seis.
La amenaza contra Gálvez, se derivó por haber difundido el punto de Acta número 15, de fecha 03 de septiembre, en el cual la Corporación Municipal de La Paz, resuelvió no trabajar los días sábados.
2019 un panorama oscuro para la prensa
El 27 de enero de 2019 cuando cubría las manifestaciones contra el mandatario Juan Orlando Hernández, fue rodeado por más de 50 policías, mantenido en una patrulla policial por más de seis horas sin permitirle hacer sus necesidades fisiológicas, tomar agua o comer y posteriormente fiscales llegaron y le acusaron de portación de explosivos, daños a policías, entre otros delitos, al final fue dejado en libertad “por ahora” la madrugada del 28 de enero.
Su escolta también fue capturado y mantenido preso junto a López. La investigación para los dos está en curso según les han dicho. El Mecanismo de Protección le quitó sus escoltas el 28 de enero de 2018 y le impuso dos, al ser rechazadas por el periodista y la ASOPODEHU, el 30 de enero le fueron suspendidas sus medidas en un Comité Técnico de Emergencia en esa instancia, hasta la fecha espera la resolución de un Recurso.
El 18 de febrero de 2019 un hombre pretendió introducirse por la ventana del cuarto del periodista Edgar Andino, director del programa "El Patrullero de Choluteca", que se transmite en el canal de Televisión Prensa Libre, no es la primera vez, ya son dos ocasiones que lo hacen. Días antes varios hombres desconocidos merodeaban su casa. Hasta ahora no hay ninguna investigación que detenga a quienes pretenden terminar con su vida, está bajo la protección de Mecanismo.
Lo común de todos los hechos contra periodistas y comunicadores sociales arriba apuntados es que ninguno tiene los resultados de las investigaciones por parte del Ministerio Público que dé esperanzas de pensar que los perpetradores tendrán un castigo ejemplar. La presión contra la prensa se agudizó con el golpe de Estado de 2009 y se profundizó con las elecciones de 2017 y las consecuencias del fraude electoral denunciado en noviembre de 2017 que tiene en la silla presidencial a Juan Orlando Hernández.
El Estado de Honduras se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el Examen Periódico Universal, EPU, 2010 y 2015 a llevar a cabo las recomendaciones de varios países integrados en ese Consejo para proteger a periodistas y combatir la impunidad en crímenes contra este sector, pero aún la espera es larga, no hay avances y se acerca el EPU 2020.
Esta investigación de pasosdeanimalgrande.com desnuda la realidad en que se mueve el Estado para protegerles y castigas a los responsables, Léala Aquí.
