El atentado contra Sierra ocurrió en las cercanías de la casa presidencial, en la colonia Miraflores de Tegucigalpa, el 26 de noviembre de 2018, una bala de grueso calibre penetró su brazo que a cuatro meses del incidente lo mantiene incapacitado y con reducidas posibilidades de recuperar la movilidad.

A las seis de la tarde, del lunes 26 de noviembre, guardias del Instituto Nacional Penitenciario, abrieron fuego contra la manifestación y una de esas balas alcanzó al periodista, Geovanny Sierra.

Este medio de comunicación en su línea editorial considera usurpador de la silla presidencial y señala a Hernández de haberse robado las elecciones generales, en noviembre del 2017. Y en represalia, los miembros de la policía y del ejército, que reprimen las manifestaciones populares, han golpeado, intimidado, perseguido y disparado contra los periodistas de este medio de comunicación.  

Por ejemplo, cuando Geovanny fue tiroteado, andaba plenamente identificado como periodista, portaba el chaleco del canal donde trabaja y además andaba en su mano el micrófono con el logo del medio de comunicación. Eso indica, que el agente que le disparó sabía perfectamente bien que es periodista.

El disparo le destruyó la mitad del hueso del codo, el humero y el radio, situación que lo mantiene sin movilidad en su brazo e imposibilitado para escribir, lavarse los dientes, echarse desodorante, y “si quiero saludarlo no puedo darle la mano”, lamentó el periodista.

Para él su situación es difícil, pero se complica más cuando los médicos le aseguran que independiente del tratamiento siempre quedará con limitaciones físicas.

Para mitigar un poco la situación un ortopeda le ha recetado 10 terapias de rehabilitación, que según le ha explicado le permitirían un movimiento de 90 grados, que es el equivalente a levantar su mano a la altura del pecho.

También los médicos le han recomendado el implante de una prótesis, que en el exterior tiene un valor aproximado de 8 mil a 10 mil dólares, suma de dinero a la que difícilmente puede acceder un periodista honesto de este país centroamericano, donde los salarios son demasiado bajos.

“El medico dice que con la prótesis podría hacer más movimientos”, señaló Sierra, pero es una posibilidad, que solo puede alcanzarla con la ayuda solidaria.

El brazo de Geovanny está inflamado por las operaciones a las que se ha sometido, mantiene incrustados 16 clavos y tres placas de metal, situación que lo obliga a mantenerse vendado y con la esperanza de poderse recuperarse.

Vale decir que en el momento del incidente Geovanny fue conducido al Hospital Escuela Universitario, considerado el principal centro hospitalario de Honduras, pero fue alejado de ese lugar, debido a que desde el inicio los médicos recomendaban amputarle el brazo por lo que fue internado en una clínica privada y allí lo operaron.

Lamenta el periodista el tortuguismo en que actúa la justicia en casos como éste, pues a cuatro meses del hecho, la Fiscalía de Protección no tiene en su poder ni siquiera el dictamen de Medicina Forense y los culpables no han sido sancionados.

Por otro lado, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), se comprometió a realizar las investigaciones de los hechos desde la fecha en que sucedieron, pero hasta la fecha no hay un informe público que señale de forma imparcial por qué dispararon contra el comunicador social.

Estados son responsables de proteger a periodistas

Los relatores especiales de Liebrtad de Expresión de  la CIDH y de la ONU, en un comunicado conjunto emitido en en septiembre de 2013 observaron que "en el contexto de manifestaciones y situaciones de alta conflictividad social, el trabajo de periodistas y comunicadores, y el libre flujo de información a través de medios alternativos como las redes sociales, es fundamental para mantener informada a la población sobre los acontecimientos, a la vez que cumple un importante rol al reportar sobre la actuación del Estado y de la Fuerza Pública ante las manifestaciones, previniendo el uso desproporcionado de la fuerza y el abuso de autoridad".

Agregaron que los ataques contra periodistas que cubren estas situaciones viola tanto el aspecto individual de la libertad de expresión —pues se les impide ejercer su derecho a buscar y difundir información, y se genera un efecto de amedrentamiento—, como su aspecto colectivo—pues se priva a la sociedad del derecho a conocer la información que los periodistas obtienen. Por esta razón, las relatorías han reconocido que dada la importancia de la labor que cumplen los periodistas que cubren estas situaciones, el Estado debe otorgarles el máximo grado de garantías para que cumplan su función. Este deber no se limita a otorgar medidas concretas de protección para los comunicadores. Incluye también la obligación de crear las condiciones necesarias para mitigar el riesgo del ejercicio de la profesión en esas situaciones.

En dicho comunicado señalaron que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos,  amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión.