El evento, contó con la participación de la Unidad legal de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), organismo que les facilitó una orientación jurídica, sobre el agravio que produce esta legislación, en los periodistas, comunicadores sociales, y demás personal, que tiene relación directa o indirecta, con medios de comunicación social.

El recién pasado, 10 de mayo, el gobierno publicó en el Diario Oficial, La Gaceta, el nuevo Código Penal, que entrará en vigencia, el próximo mes de noviembre, penalizado con prisión y multas, a los comunicadores sociales y demás personas que hacen uso del derecho de informar a la población.

Los agravios

El artículo 28 del referido Código Penal, no solo criminaliza al periodista que da a conocer la noticia, sino también al que la redacta y al director del medio de comunicación o programa, que la difunda. Al director o gerente de la empresa que produzca la grabación o que imprima el documento.

Hasta hoy, ya son varios los organismos internacionales que le han recomendado al Estado de Honduras la despenalización de los delitos contra el honor, pero contrariamente, el nuevo Código Penal, crea más y además les incrementa las penas, taL como ocurre con la injuria y calumnia indirecta, referenciada contra una entidad supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y seguros.

En los últimos años varias instituciones bancarias y sus funcionarios han sido mencionados en las redes sociales y medios de comunicación, por supuestos actos de corrupción y delitos, como el de lavado de activos y pese que hasta ahora nadie de ellos ha sido investigado, ni judicializado en el país, excepto Banco Continental, el gobierno los está protegiendo.

Es por eso que el artículo 230 del nuevo Código Penal indica que la calumnia será penalizada con prisión de 6 meses a un año, y 500 a 1000 días si fuera hecha con publicidad. pero si se menciona a una institución bancaria o a uno de sus funcionarios el artículo 131 aumenta la pena en un medio.

Entre tanto por injuria y calumnia directa, puede ser procesada, toda persona que publique, reproduzca o repita informaciones consideradas por el aludido, como injuriosas o calumniosas. Eso indica que no solo son afectados los periodistas sino también los defensores de derechos humanos y población en general, que hacen uso de las redes sociales y comparten informaciones.

Nos quiere acallar

Ante la difícil situación que se avizora para los miembros de la prensa, pasosdeanimalgrande.com, dialogó con periodistas y comunicadores sociales de la zona sur de Honduras, quienes en su gran mayoría son del criterio que el contenido del nuevo Código Penal los pone de rodillas ante un sistema humillante que a través de leyes secundarias,limita las garantías constitucionales.

“Estamos amenazados, este nuevo Código Penal nos impone las restricciones de un sistema oprobioso que nos trata de humillar”, expresó Gustavo Pineda, reportero de Radio Globlo y Globo Tv, en Choluteca.

Para él es lamentable que solo por difundir informaciones que a juicio de terceros son consideradas como delitos contra el honor, el gobierno les imponga a los periodistas normativas encaminadas a llevarlos a la cárcel, “Este Código Penal nos pone en riesgo”. indicó Pineda.

Asimismo calificó la legislación como un mensaje directo para los periodistas y medios de comunicación independientes que le dan espacio al clamor de justicia de una población que ya no soporta los trancazos derivados de los aumentos en la canasta básica, los servicios públicos, carencias en los sistemas de educación y de salud y las alzas del combustible, entre otros.

Y según Pineda esa criminalización del clamor popular que el gobierno está llevando a cabo solo se puede revertir con la unidad del pueblo.

Por su parte Amanda Pastrana periodista de Televida, en la zona sur, también ha lamentado la arremetida contra la libertad de expresión que en los últimos días ha provocado el gobierno. Y para defender ese derecho fundamental establecido en la Constitución y en los convenios internacionales llama al pueblo y a los periodistas a la unidad y manifestarse.

“Si nos callan no podremos dar a conocer todos los actos de corrupción que se están dando en el país, porque es por eso que se están cambiando las leyes”, dijo Pastrana.

Reiteró que es una obligación defender la libertad de expresión, porque de lo contrario a partir de noviembre las querellas van a incrementar.

Según Otilio Mejía, corresponsal de HRN, en la zona sur, el gobierno ya no aguanta los señalamientos por la corrupción y busca estrategias para callar a la prensa. No obstante, asegura que los periodistas deben seguir denunciando las injusticias, “y tenemos que ponernos los pantalones y exigir respeto a la libertad de expresión”, aseveró.

Mejía también ha llamado a sus compañeros a unirse en una manifestación nacional para demostrarle al gobierno que la prensa como parte del pueblo, también tiene poder.

Y como el tema es la libertad de expresión, vale decir que en el gremio periodístico, también existen opiniones diferentes, como la de Carol Andino, presentadora de noticias, en el canal de televisión local, Metro Tv, quien es del criterio que las penas contra los delitos contra el honor deben continuar.

“Yo no estoy de acuerdo con la imposición pero con las penas sí”, expresó Andino, en la reunión sostenida, el sábado anterior, por los periodistas de Choluteca.

Reveló que la libertad de expresión debe tener límites, para evitar que a través de los medios de comunicación y de las redes sociales se estén atacando a personas.