Desde el 11 de agosto múltiples pintadas han aparecido en las calles, paredes, rótulos y otras formas en que los hondureños se manifiestan por los robos sucedidos en el presupuesto de 90 mil millones de lempiras asignados para el combate contra la pandemia por Civid_19, mientras que funcionarios han reaccionado condenando el movimiento como actos criminales, terroristas y vandálicos.

El Consejo Nacional Anticorrupción, (CNA), sostiene que son 90 mil millones de lempiras los que desaparecieron del presupuesto nacional, solicitados ante el Congreso Nacional y préstamos internacionales que siguen llegando, entre ellos del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Centroamericano de Integración Económica, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

La falta de respuestas construyó espontáneamente un movimiento ciudadano surge como un reclamo popular, parecido a lo que fue “las marchas de los indignados” en el 2015.

Con la emergencia sanitaria ha emergido una nueva manera de protestar, con la pregunta incómoda a Hernández que diga dónde está el dinero desaparecido en la gestión de la crisis sanitaria que azota a la sociedad, con una problemática de atención medica muy precaria.

En un conversatorio con periodistas este 16 de agosto, el presidente Juan Orlando Hernández, respondió que el presupuesto ejecutado por 5 mil millones de lempiras que se han asignado aproximadamente 2 mil 700 millones en quipo de bioseguridad, compra de medicamentos, insumos médicos en el sector de salud, también se ha identificado una cantidad de 726 millones en alimentos para grupos desprotegidos y 25 millones en el centralizado con apoyo con las fuerzas armadas y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) para activistas del Partido Nacional, según lo denunciado diversos sectores.

La reacción de las autoridades ha sido criminalizar el movimiento, tildándolo de diversas formas, mientras el actuar de la Policía Nacional Preventiva usa la persecución.

Después de las denuncias de carencia de todo en los hospitales para atender a las personas afectadas por el covid19, por médicos que denuncian las irregularidades en el sistema de salud y la censura que las autoridades pretenden imponer para callarlos.

El 16 de agosto la doctora María Angélica Milla, fue detenida y llevada a una posta policial por preguntar ¿Dónde está el Dinero?, y negarse a firmar un documento a los oficiales en el estadio olímpico de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

El Colegio Médico de Honduras se solidarizó con ella y exigió la libertad de su compañera pues la médico no fue llevada a la unidad departamental policial que le habían dicho. Ante tal panorama de ilegalidad alertó a la población hondureña y en especial a su gremio de lo que le estaba pasando.

La abogada Maribel Espinoza, dijo que “son unos descarados, no es por pena ni vergüenza que borran el reclamo popular escrito en las calles, acción para desanimar, desalentar, intimidar y someter abiertamente al pueblo, le quieren quitar su derecho a expresarse y reclamar por fechorías de la red criminal que gobierna”.

La recompensa para detener a quienes protestan

El alcalde de Utila, Troy Bodden , del Partido Nacional, catalogó de acto criminal la pintada que desconocidos hicieron a la fachada de la alcaldía de ese municipio de Islas de la Bahía, preguntando ¿Dónde está el Dinero?.

Además ofreció a la población de la Isla 25 mil lempiras para quien denuncie y ayude a dar captura a los individuos para que se aplique el peso de la ley porque ese tipo de acciones él no las va a tolerar, ya que es un edificio nuevo y bonito, según dijo a medios locales.

Aunque hay muchas amenazas y el gobierno envíe a su personas a borrar las pintadas,  la gente sigue pintando en las calles la pregunta fastidiosa para el mandatario.

El movimiento se esparció a través de las redes sociales y se ha extendido en el territorio nacional e internacional, ahondando en los problemas de corrupción que Honduras tiene desde hace muchos años.

Para evitar que se castiguen esos actos de corrupción el gobierno de Hernández procedió a expulsar a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), que procedió legalmente contra diputados, funcionarios, empresarios y denunció que con el nuevo Código Penal se pretendía dejar impune la corrupción, y así ya ha sucedido con implicados en el latrocinio del dinero público, que salieron de la cárcel invocando este ordenamiento jurídico.