Explicaron que obtuvieron documentos que revelan un salario del Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla de 156 mil 170 lempiras, el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, asciende a 129 mil 532;  el director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, Ricardo Castro, con 124 mil 849 lempiras;  la jefa de Antinarcóticos, Soraya Calix, con valor de  118 mil 904 lempiras y sumado la representación sería 138 mil 904 lempiras, y el relacionador público,  Yuri Mora de  124 mil 849 lempiras y  que en total es 269 mil por pago de vacaciones.

Los comunicadores sociales aducen que el único contenido que publicaron ese 04 de junio fue el relacionado con el documento arriba mencionado, que no han difundido ningún video y que no se trataría de una infracción a derechos de actor.

El periodista Héctor Amador dijo que una de las funcionarias del Instituto y Acceso a la Información Pública, IAIP, le informó que las molestias son debido a que divulgó nombres, pero él cuestionó que el mismo Ministerio Público hizo lo mismo al entregar una lista de 77 personas vinculadas en el caso denominado Hermes, quienes todavía no han sido juzgados ni sentenciados por un juez. En este caso se investiga la sustracción de fondos públicos a través de una empresa de maletín.

Amador señaló que eso es una clara violación al derecho de la libertad de expresión que revela  la persecución que existe contra periodistas, debido a que el medio no infringió ningún derecho de autor, ya que se trata de datos que salieron del Ministerio Público y es información sobre el dinero proveniente de los impuestos ciudadanos con el que pagan los sueldos.

También le demandó públicamente al Fiscal General  que persiga a los delincuentes y no a los medios de comunicación, agregando que “está realizada la denuncia a nivel internacional sobre la violación a la libertad de prensa por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández y del Fiscal General de la República,  que son la misma cosa”.

Los periodistas recalcaron que no es la primera vez que el régimen de Juan Orlando Hernández tiene acciones represivas contra este medio de comunicación, con la finalidad de callar las voces críticas sobre las irregularidades que se cometen, como ejemplo describieron cómo en el 2016 se ordenó el cierre de GloboTV, acción  que se podía subsanar con una acción administrativa, pero el Poder Ejecutivo mantuvo el cierre del canal.

Medio debe apelar ante Youtube

En una comunicación Youtube envió  a GloboTV esta información :

El medio tiene el derecho de que Youtube.com le pueda informar quiénes son las personas demandantes y apelar la resolución.

Si en efecto quienes han solicitado la remoción del contenido son el Fiscal General y el presidente de le República tal como lo señalan los comunicadores, se trataría de una censura directa que violenta leyes nacionales y convenios internacionales de libertad de prensa y libertad de expresión.

Según la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Relatoría sobre la Libertad de Expresión, la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y buscar información.

Y la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.