El autoritarismo y la intolerancia reflejada hacia la prensa independiente por el propio presidente Juan Orlando Hernández el pasado 25 de mayo (Día del Periodista) que en un acto público insultó a la prensa independiente, también se ve reflejada a través de las autoridades locales en la zona central del país. 

Esta percepción afloró en el conversatorio impulsado recientemente por la Iniciativa Periodismo y Democracia y su periódico digital pasosdeanimalgrande.com que reunió a periodistas, comunicadores y comunicadoras sociales de La Paz y Comayagua en la zona central del país.

Las intimidaciones, las amenazas, las querellas y las descalificaciones desde estructuras de poder oficiales junto a la autocensura para evitar abordar ciertos temas, fueron denunciadas por los trabajadores y trabajadoras de la comunicación.

En cuanto a los espacios de expresión, resalta el hecho de que en La Paz, solo existen dos medios de comunicación. Radio Infinita en frecuencia modulada (FM) y el canal 33 de televisión denominado MultiTV.

El corresponsal de TEN canal 10 y de la emisora HRN, Gilberto Gálvez ve con preocupación el tema de la libertad de expresión en el departamento de La Paz, especialmente para los comunicadores y comunicadoras que ejercen su trabajo periodístico en forma independiente.

 “Yo creo que en estos momentos vale la pena sacar a luz pública todo lo que carcome las arcas del pueblo, que nos pertenecen, así que ya es tiempo de que vayamos cambiando, y seguir en la lucha de continuar averiguando sobre los actos de corrupción que a diario se dan  en diferentes instituciones del estado” expresó inicialmente el periodista a pasaosdeanimalgrande.com

Gálvez enfrenta un juicio por querella promovido por la alcaldesa de La Paz, Gilma Ondina Castillo, quien  de acuerdo a varios entrevistados, ejerce su función edilicia de forma autoritaria e intolerante frente a las opiniones y críticas vertidas por algunos comunicadores sociales de la zona.

El poder político amenaza la libertad de expresión

Las críticas, los cuestionamientos y señalamientos han incomodado a las autoridades edilicias al punto de promover querellas contra los comunicadores sociales, como es el caso del reconocido periodista hondureño Gilberto Gálvez.

Al referirse nuevamente a la alcaldesa, Gálvez señaló que “…ella me llamó para que me callara y que íbamos a seguir trabajando, pero que si yo seguía en lo mismo, entonces me iba a querellar, vos queres guerra, entonces guerra vamos a hacer, vamos a ver quién de los dos gana, y yo le dije voy a ganar porque yo hablo con la verdad”.

La querella se ventila en los tribunales de justicia del departamento de Comayagua, y Gilberto Gálvez cuenta con el acompañamiento legal de la abogada Kenia Oliva de la Iniciativa Periodismo y Democracia que dirige la reconocida periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza.

“No voy a seguir callando, yo sigo manifestándome, sigo denunciando cualquier cosa que mire, en La Paz yo agradezco a las fuentes de entero crédito que siguen enviándome videos y fotografías de actos de corrupción que me envían a diario, los voy documentando”, afirmó Gálvez.

Otro caso preocupante que comentó el comunicador social es que los espacios de participación son muy limitados en el departamento de la Paz, ya que sólo existen dos medios de comunicación, una radio y una televisora.

“Es bien difícil porque solo hay un medio de comunicación, tanto de televisión como de radio, yo compro un espacio que se llama ‘Sí se Puede’ en canal 33 Multitv, estoy los fines de semana porque trabajo para otros medios a nivel nacional”, sostuvo Gálvez.

“Creo que mi espacio de debate es único y creo que ha llamado la atención, porque el domingo tengo un debate y toco temas puntuales en la televisión, he llevado al sindicato de la municipalidad que ya se organizó, he llevado a políticos, le he dado cobertura a las marchas de las antorchas, que solo yo le doy cobertura y esto incomoda, aparte que a través de las redes sociales toco temas puntuales de corrupción”, comentó el periodista.

Para el director de noticias de Radio Impacto y coordinador de los noticieros de Televisión Honduras Primero (THP) de canal 17 en Comayagua, Oscar Corea,  la libertad de expresión se ve amenazada por la clase política “que siempre está viendo la forma de cómo coartar el trabajo, haciendo que manejemos las agendas de ellos, pretendiendo que digamos lo que ellos quieren que expresemos y el otro aspecto es el mensaje o la llamada amenazadora cuando abordamos temas importantes, especialmente cuando tocamos ‘a un grande de la política’, siempre hay alguien que reacciona y que tiene call centers disponibles para decirnos que mentimos, o que vamos a ser querellados y otras intimidaciones por mensajes o llamadas telefónicas”.

Corea denunció que otro obstáculo que enfrentan los comunicadores y comunicadoras sociales es el acceso a la información. Muchas instituciones se niegan a brindarla pese a existir una Ley de Acceso a la Información Pública.

“Usted quiere saber en qué se invirtieron los fondos recuperados del hospital o de otros presupuestos de proyectos, usted va a las oficinas en donde espera encontrar la información y le dicen que no, que si no trae algo firmado de fulano de tal, que puede ser un político que maneja la institución no tenemos el derecho ni el acceso a la información, entonces aún sigue siendo violentado el acceso a la información que ahora es ley”, afirmó Corea.

Cuando una persona es empleada pública tenemos el derecho a saber qué está haciendo, si está rindiendo o no en su trabajo, porque nosotros como periodistas somos auditores sociales, y si esta persona no está rindiendo, lo podemos decir de una manera natural, con altura y creo que es necesario que la libertad de expresión para los que hacemos el trabajo de la información, sea más abierta, más amplia y eso es lo que exigimos, porque a veces nos quieren callar con 200 o quinientos  lempiras y muchos compañeros callan porque les dan un anuncio de las municipalidades o el gobierno les da un chequecito para que no hagan bulla, entonces de una u otra forma nos quieren callar, dijo Corea.

“Este gobierno en algunos puntos ha sido intolerante y un poco autoritario, me parece que quiere hacer todo directamente a través de un poder centralizado, entonces hace falta que sean más amplios especialmente en lo que es la información”, sentenció el periodista.

René Torres es el director del programa “Construyendo Sociedad” de canal 33, único canal de la ciudad de la Paz del cual es propietario Joel Padilla, empresario de la comunicación.

Torres aseguró que jamás ha sido censurado por parte del dueño del canal por los contenidos noticiosos que divulga en su programa, pero que en su ejercicio profesional hacia afuera, sí se han presentado amenazas cuando cubre o aborda temas relacionados a denuncias contra el gobierno o contra grupos organizados, “pero sabemos nosotros que al contar con una oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en La Paz, se pasa más pendiente y eso tiene una mayor garantía, aunque no debería darse que se esté violentando la libertad de expresión que es un derecho humano”.

 Consultado si ha sido víctima de amenazas por su ejercicio periodístico, Torres dijo que “se han dado en casos policiales y otro en el tema de brindar apertura a algunos sindicatos, en los cuales la parte oficial no ha estado muy de acuerdo que se den esos espacios, pero igual, nosotros estamos obligados a mantener el equilibrio y hacer un balance para que ambas partes se puedan escuchar en nuestros programas”.

Ahora se utiliza a las redes sociales para desacreditar a periodistas

El joven comunicador consideró que el derecho a la libertad de expresión es una lucha permanente que estamos obligados a defender en todos los ámbitos.

En cuanto al gobierno local de filiación nacionalista, el joven comunicador afirmó que si bien no ha recibido amenazas o intimidaciones de parte de las autoridades municipales, sí ha recibido amenazas de parte de activistas de dicho partido.

“Estos activistas a veces pierden la tolerancia ante algunos temas y comienzan a hacer algunos señalamientos directos sin a veces tener pruebas, recuerde usted que el derecho estipula que alguna calumnia que usted tenga, debe ser probada, de ahí que nadie le puede tachar algo si no se prueba en los tribunales”, sostuvo Torres.

Torres expuso que hace apenas tres semanas, activistas nacionalistas postearon en las redes sociales algunos señalamientos contra él por el espacio que brindó el comunicador social al sindicato de Corporación Municipal de La Paz, del cual se denunció el despido de 5 empleados y a otros a los cuales se les redujo ilegalmente sus salarios.

El comunicador social dijo que esta cobertura periodística en particular,  trajo consigo que activistas políticos nacionalistas recriminaran su trabajo e incluso que crearan perfiles falsos en la red social Facebook para atacarlo personalmente y a su familia, lo que se puede interpretar como intimidaciones y amenazas.

“Ellos buscan la manera de cómo poder sacarlo a uno de algunos temas de importancia o de otros que se han venido dando y que es necesario que salgan a luz pública, porque el derecho a la libre opinión, a la libertad de expresión e igual un empleado público sabe que desde el momento que llega a un cargo tiene que tener esa apertura con los medios para poder estar informando si está haciendo las cosas bien, y si no lo está haciendo bien, pues deberá ser criticado”, resaltó el comunicador social.

Torres señaló como el primer reto para los comunicadores y comunicadoras sociales es la promoción de espacios de discusión y abordaje de la temática de libertad de expresión, como el proporcionado por la Iniciativa Periodismo y Democracia desarrollado en la ciudad de La Paz el pasado 31 de julio de 2015, que contó con la participación de periodistas de dicha ciudad y del departamento de Comayagua.

“Ha sido muy importante la generación de estos espacios de participación para compartir las vivencias que hemos tenido y el otro reto es integrar a otros compañeros del departamento y de la región, y en función de eso comenzar a tener una organización, una estructura que nos permita ser más solidarios, porque en la medida en que estemos más unidos hay mayor fuerza y lo otro es que tenemos que tener algunos niveles de precaución para nuestra propia seguridad a través de ciertas medidas”, resaltó el comunicador.

Durante el conversatorio con los y las periodistas que asistieron a la ciudad de La Paz, sobresalieron temas delicados y peligrosos y que representan un riesgo para el abordaje periodístico, tales como las críticas hacia las autoridades locales y nacionales, el abordaje de proyectos hidroeléctricos desarrollados en la zona y que involucran a altas autoridades políticas como es el caso de la vice presidenta del Congreso Nacional, la diputada nacionalista Gladys Aurora López y otros tópicos como las operaciones ilícitas del crimen organizado.

Al respecto René Torres comentó que “esta es una realidad ya que de una u otra manera estos temas están ligados a personas que son parte del mismo gobierno, entonces cuando éstos salen a la luz, lógicamente generan ese impacto y a veces tocar ese nivel de intereses se convierte para los dueños de estos negocios, en formas que a veces ellos tratan de buscar la manera de opacarlos y a veces es necesario autocensurarse para protección personal y de la familia”.

Finalmente la periodista Sandra Pérez del canal 48 Catedral TV de Comayagua comentó que la libertad de expresión está condicionada porque debido a diferentes factores no se pueden tocar ciertos temas y “si lo hace uno tiene que buscar la manera de no hablar de temas peligrosos”.

Pérez dijo que ese temor para abordar ciertos temas puede venir desde funcionarios públicos o de entidades privadas, porque hay que recordar que hoy en día no solo se amenaza al condicionarnos espacios en los medios de comunicación sino que también recibimos amenazas contra nuestras vidas o contra nuestras familias.

La comunicadora social resaltó que hay funcionarios públicos a quienes les molesta la crítica y que en algunos casos estos personajes llaman a los periodistas para presionarlos a que desistan en torno a esas críticas. “Eso va a depender de quién estamos hablando, por ejemplo durante una campaña política en la que yo toqué el tema del aeropuerto de Palmerola me dijeron que no siguiera hablando del tema, me han pasado cosas como esas, dependiendo de quién uno vaya a expresar ciertas denuncias, así puede ser que haya amenazas”.

Un hecho importante para resaltar en este encuentro de periodistas de la zona central es que el anhelo de organización se materializó al conformarse la Asociación de Periodistas por la Libertad de Expresión de la Zona Central de Honduras.

El crimen organizado también amenaza a los comunicadores y comunicadoras sociales

“…Si volvés a hablar te morís….”

Otro aspecto que amenaza el trabajo de los periodistas es el crimen organizado y los comunicadores han cambiado la forma de abordar su nota policial-judicial por temor a represalias porque sus noticias son monitoreadas por las bandas criminales que envían emisarios que les advierten que  “Si volvés a hablar te morís”.

Este  tema genera auto censura en los y las periodistas de la zona como una forma de autoprotección ante la impunidad imperante que ha dejado a más de 50 comunicadores sociales asesinados sin que hasta ahora haya investigaciones que señalen a los autores materiales e intelectuales y además el vínculo de los crímenes por el ejercicio periodístico.

Antecedentes de amenazas e intimidaciones

El pasado 3 de mayo del año en curso en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, Estados Unidos, Washington, a través de una misiva llamó a los Estados a abstenerse de usar el derecho penal para silenciar las voces críticas. 

El ejercicio de la libertad de expresión en el continente americano enfrenta diversos desafíos, como la violencia contra periodistas y comunicadores, aunque también sigue estando amenazado en muchos países por el uso del derecho penal para sancionar la expresión de opiniones y la difusión de información sobre asuntos de interés público o que involucran a funcionarios estatales, expresó la nota.

 La Relatoría Especial continúa recibiendo serias denuncias sobre la apertura de procesos penales contra comunicadores, periodistas, dirigentes políticos y sociales por la expresión de opiniones críticas y la protesta frente alguna clase de poder político, económico o militar. En los últimos años, funcionarios públicos han llevado a la órbita penal a medios de comunicación y periodistas o directivos en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala.

En Honduras hubo recientemente dos procesos penales. Uno de ellos es contra el periodista Julio Ernesto Alvarado (director del Noticiero Mi nación que se transmite por Globo TV), condenado por el delito de "difamación por expresiones constitutivas de injurias" a 16 meses de prisión, interdicción civil y penas accesorias dentro de las cuales se encontraba la prohibición de ejercer el periodismo por el mismo tiempo de la pena de prisión.

En otro, la defensora de los derechos de las mujeres Gladys Lanza fue condenada a un año y medio de prisión por hacer declaraciones públicas sobre un caso de presunto acoso sexual en el espacio laboral.

En el mes de mayo de este año, José Modesto Acosta, comunicador social en Ocotepeque en la zona occidental del país,  denunció haber recibido amenazas en su celular donde le advierten que se calle en el tema de corrupción del seguro social. “Calladito te ves más bonito Modesto, pensalo", dice el mensaje de texto, enviado el 26 de mayo de 2015.

Acosta es actualmente el director de Telenoticias del canal 10 y corresponsal de Radio Globo en la zona y su caso se suma a una larga lista de amenazas contra periodistas de este medio de comunicación en Honduras. Al menos 13 periodistas de ese medio fueron asesinados  en el 2013, el 50  por ciento aproximadamente de las muertes de periodistas y trabajadores de la comunicación en ese lapso.

El 5 de junio, Roberto Carlos Salinas, miembro de la Junta Interventora nombrada por el poder ejecutivo para investigar los casos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), señaló  a radio Globo,  Globo TV y Cholusat Sur (canal 36) de tratar de desnaturalizar la lucha contra la corrupción para convertirla en una lucha política, incitar al odio y pretender  dañar la imagen del partido Nacional.

A mediados de junio de este año se conoció el caso del director del periódico bilingüe “INFOINSULAR” y reportero de canal 27 de Roatán, en el departamento de Islas de la Bahía, José Ramón Romero, quien ha estado siendo hostigado y desprestigiado por el alcalde de aquella ciudad por las investigaciones que ha realizado el periodista, relacionadas a proyectos en desarrollo que no han sido aprobados por la corporación municipal.

En una ocasión, y demostrando grados superlativos de intolerancia, el alcalde de Roatán, Dorn A. Ebanks se refirió a él y su camarógrafo Marlon Rodríguez como “aves de rapiña que comen carroña putrefacta”.  Ambos periodistas tienen prohibido el acceso a la alcaldía de Roatán.