En La Corte Suprema de Justicia, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, se tenía previsto la celebración de la Audiencia Preliminar y presentación de los medios de prueba correspondientes a la demanda establecida a favor de  seis estudiantes expulsados en el año 2014, por las abogadas Ivania Galeano y Kenia Oliva, contra la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos por Abuso de Autoridad.

La abogada Galeano explicó que dicha audiencia se suspendió ya que el juez tiene parentesco por afinidad con el abogado que representa a la UNAH. Basados en la normativa procesal civil y en la Ley de lo Contencioso Administrativo, se excusa y manda a que se remita al pleno de magistrados a la Corte Suprema de Justicia para que ella evalúe la excusa si procede,  y nombrar a la juez o jueza que conocerá del caso.

Todo este proceso inició con la expulsión el pasado 18 de noviembre de 2014, último día de clases del tercer período académico de ese año de parte de la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Martha Lorena Suazo y del Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, el ex dirigente sindical Ayax Irías contra los  estudiantes Dayanara Castillo, José Luis Herrera, Moisés Cáceres y Javier Barahona de la carrera de Sociología, sumándose a la lista Sergio Ulloa, de Trabajo Social y Cesario Padilla de Periodismo.

En un hecho sin precedentes, ya que la resolución de ambas instancias académicas fue resuelta en menos de 24 horas, las autoridades argumentaron este hecho al acusarlos de alteración del orden dentro del campus universitario producto de una serie de protestas contra un paquete de normas académicas consultadas sin participación estudiantil. La sanción tendría la duración de dos períodos a partir de la fecha en mención.

Luego, en el mes de enero de este año, las abogadas Galeano y Oliva interpusieron un Recurso de Amparo con suspensión del acto reclamado ante la Sala de lo Constitucional, mismo que fue admitido y con ello los estudiantes y la estudiante lograron ser reincorporados a la máxima casa de estudios.

Posteriormente,  las profesionales del derecho se apersonaron ante  el Juzgado de lo Contencioso Administrativo para que se anulase dicha resolución y se sancione de fondo el caso por violación a derechos fundamentales de los estudiantes.

En ese sentido, a criterio de la abogada Ivania Galeano,  el comportamiento de las autoridades  de la UNAH en todo este proceso ha sido de rechazo a las acciones de restitución de los derechos hacia los y la estudiante. “ En este proceso ante lo contencioso ellos –la UNAH- ha dicho que como la Sala de lo Constitucional ordenó el reintegro de los jóvenes a sus clases… se había subsanado cualquier acción hecha por la universidad… al haberse permitido el ingreso a clases la demanda no tendría ningún sentido” dijo.

Agregó que esto carece de validez dado que el amparo presentado estaba orientado a la acción que impedía el ingreso a matricularse a los universitarios y universitaria y la Sala de lo Constitucional resolvió en base a lo solicitado, sin embargo no toca cuestiones de fondo, a las violaciones en este caso al Debido Proceso; en esto sí radica la demanda presentada, por los vicios de nulidad que existieron durante el proceso.

En tanto la abogada Kenia Oliva, quien forma parte del equipo legal de la iniciativa Periodismo y Democracia, ante la excusa presentada por el juez y notificada hasta este día,  lo calificó como una táctica dilatoria “ya que el tribunal tuvo suficiente tiempo desde que se presentó la demanda para delegar o no el poder del abogado Castillo. Incluso el 07 de agosto pasado, el juez subsanó el auto y desde ese momento ya se sabía quién sería el apoderado legal de la universidad”.

Existe una táctica dilatoria por parte de la UNAH no solo desde ahora, sino desde que se presentó el Recurso de Amparo. Ellos realizaban una serie de manifestaciones contra la resolución de ese entonces y la Corte le ordenó a la UNAH que se abstuviera de hacerlo y en esta demanda han contestado de manera ofensiva, pormenorizó Oliva.

La profesional del derecho cuestionó que esta acción de excusa de conocer el caso se haya conocido y agregado al expediente del caso en cuestión hasta este lunes 31 de agosto, cuando ya se tenía programada la audiencia.

Una respuesta “de circo”

José Luis Herrera tuvo que dejar de ir a su presentación de proyecto de investigación en la UNAH,  para conocer el curso de la demanda presentada por las autoridades que pretendieron negarle el derecho a la educación a finales del año anterior. Al igual que su apoderada legal no dudó en catalogar lo sucedido ese día como una estrategia dilatoria para retrasar el proceso.

Sostuvo que lo anterior demuestra “la falta de capacidad de parte de la universidad para defenderse de la realidad. Nosotros hemos levantado esta acción porque no se nos dio un debido proceso, porque se nos violaron nuestros derechos. Todo fue completamente arbitrario, todo fue un completo circo y la respuesta de hoy es una respuesta de circo”.

El estudiante hizo una relación del caso contra su persona y sus cinco compañeros con la situación que enfrenta la ciudadanía hondureña que reclama el respeto a sus derechos y que recibe por parte de los organismos de justicia la criminalización hacia sus luchas.

“Tenemos al menos dos mil defensores de derechos humanos perseguidos en el país, tratando de ser encarcelados. Es la situación de impunidad, de injusticia que tenemos en el país. Los y las estudiantes somos un objetivo, un foco de persecución por parte de las autoridades y del propio Estado… aun así confiamos en que lo público prevalezca sobre nosotros y nosotras y  elevar nuestro caso ante instancias internacionales”, aseguró.

Mientras que para Sergio Ulloa, otro de los seis estudiantes perseguidos por las autoridades universitarias,  la situación de que impere la justicia a su favor se hace más remota; sin embargo confía en el trabajo de las abogadas y que tendrá un rumbo diferente a su favor. “Los procesos no se encaminan hacia un contenido legal, sino a la palabra de un personaje con poder” expresó.

Ulloa ha sido criminalizado por usurpación de espacios públicos luego de las protestas realizadas en el mes de julio del presente año a nivel nacional junto a sus dos com pañeros Ceariop Padilla y Mosiés Cáceres. No es la primera vez que está en el blanco de las autoridades del alma mater solo por alzar su voz en demanda de condiciones de reivindicación de los derechos de los y las estudiantes.

“Un cargo público, una persona con poder vale más que la propia justicia en este país y con ello se aprovechan para dilatar el proceso tal y como está sucediendo con nosotros. Aunque sus argumentos sean débiles contra las acusaciones que nos vienen realizando, pero tenemos la razón y pues esperamos que en la balanza sopesará nuestra palabra contra su poderío” puntualizo el joven.

Mientras el tiempo transcurría, cerca de las dos de la tarde, Armando Velásquez se apersonó ante el despacho de la jueza número cinco, Suyapa Matute para escuchar la resolución de su proceso también incoado a solicitud de las autoridades de la UNAH por el delito de Usurpación , sin embargo dicha jueza se excusó de celebrar la audiencia argumentando que tuvo que atender una emergencia de un familiar.

El universitario sería notificado a través de su apoderada legal, la abogada Kenia Oliva, pero esa audiencia donde se conocerá la decisión, ha sido reprogramada por tres veces consecutivas desde su inicio,  hace exactamente un mes.

Mientras tanto, él y sus otros tres compañeros, Cesario Padilla, Moisés Cáceres y Sergio Ulloa, a quienes se les sigue la misma causa, tendrán que vivir bajo la espera en los pasillos universitarios de que la justicia de este país se descubra sus ojos y pueda apuntar su mirada  hacia quienes en verdad tienen que rendir cuentas y pagar sus delitos.