En las denuncias los principales promotores de la violencia hacia los comunicadores sociales y periodistas son los policías, seguidos por funcionarios públicos que utilizan amenazas directas o por medios digitales de comunicación.
Durante el 2019 según datos de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, (ASOPODEHU), hasta el 25 de septiembre, se reportan 54 casos, entre los que figuran agresiones, amenazas y querellas a periodistas, la mayoría se han suscitado por la cubertura de protestas en contra del gobierno, corrupción y malos manejos de algunas instituciones públicas.
Después de la policía Nacional el mayor número de agresiones son de funcionarios públicos la policía militar, familiares de funcionarios, guardias de empresas y otros agentes policiales en de instancias como investigación.
La situación se torna cada vez más grave, a pesar que el Estado tine la obligación de proteger la libertad de expresión.
Temas de cuidado
En el año se ha realizado una masiva ola de manifestaciones en contra del actual gobierno de Juan Orlando Hernández, exigiendo mejoras en las áreas de salud y educación; en contra de los actos de corrupción expuestos por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); defensa del medio ambiente, entre otros.
En una declaración conjunta de Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, emitida en el 2013, señala que el Estado tiene el deber de garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados en cualquier forma en sus derechos por estar ejerciendo su profesión. Su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas.
Agrega que la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Las restricciones desproporcionadas en el acceso al lugar de los hechos, las detenciones y la imputación de cargos por el cumplimiento de las labores profesionales de los y las reporteras vulnera el derecho a la libertad de expresión.
Corresponde a las autoridades restablecer las garantías afectadas y asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión.
Amenazas de control de contenidos en medios
El 21 de junio del 2019 la Secretaría de Seguridad mediante un comunicado informó que esa entidad se reserva el derecho de analizar exhaustivamente “los contenidos maliciosos que están incitando a la población al desorden, anarquía y que promueven condiciones de inestabilidad y descomposición social a todos los niveles”.
Ese comunicado se emite en un contexto de protestas contra el mandatario y la policía culpó a la prensa de incitación al desorden público que se había, los medios de comunicación corporativos tienen una tendencia de no informar durante protestas o de tergiversar los hechos, son medios alternativos y ciudadanos y ciudadanas que a través de redes sociales colocan la información en el momento que está sucediendo, en especial cuando hay abusos de los cuerpos represivos del Estado.
A las amenazas directas, cierres de programas y persecución se suma la autocensura por temor a perder la vida o que pueda producirse despidos laborales o ataques a la familia.
Hace unas semanas Pasos de Animal Grande, publicó que debido a la inseguridad que impera en los últimos meses en el departamento de Santa Bárbara, los periodistas y comunicadores sociales de la zona han tomado la decisión de autocensurarse por temor ser víctima de la violencia por la divulgación de información.
Aunque no es el único departamento del país en el que ocurre esta situación, la mayoría de periodistas no se atreve a denunciar formalmente los casos por la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de realizar investigaciones y protección.
En lo que va de la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia "FEPRODDHH", no existe ningún informe que señale que los involucrados en acciones contra periodistas y comunicadores sociales han sido castigados. Esta instancia se creó según Acuerdo número FGR-002-2018, y a la luz de la Ley de Protección a esos sectores.
Links de Interés:
Vea comunicado de la Secretaría de Seguridad que anuncia control de contenidos Aquí
Lea investigación sobre Fiscalía de Protección Aquí
