La movilización de los indígenas hacia la sede de los tribunales de la capital se dio luego de que ellos confirmaran a los medios de comunicación que cubren dicha fuente del desarrollo de una audiencia para que los apoderados legales de la congresista López respondan acerca de la construcción de este proyecto sin consulta previa hacia la comunidad.
“Este proyecto no fue socializado y nosotros como habitantes de San José no lo hemos solicitado” aseguró Samuel Gonzales, uno de los pobladores.
Denunció que la corporación municipal de este municipio se prestó junto con la diputada para la creación de este proyecto. “entonces estamos pidiendo que se aplique la verdadera justicia en este caso”, dijo Gonzales.
En tanto la diputada por este departamento descalificó la protesta de los indígenas catalogándola con un fin “ideológico, orquestados por un regidor, del partido LIBRE que les financió el viaje hacia la capital”.
En declaraciones reproducidas por un diario digital, López acusó a los pobladores y pobladoras de San José de “no saber que es generación de energía eléctrica”. Sin embargo en otros espacios radiales del país, la también presidenta del Comité Central Partido Nacional manifestó que desconoce la construcción de la represa en este territorio.
La protesta coincide con la visita al país de la Relatora de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
La oscuridad de La Aurora
Conocemos la aurora como la representación de una serie de colores tenues justo antes que salga el sol, sin embargo para la población de San José de La Paz, significa la concesión de uno de sus principales fuentes de agua por los próximos 30 años que les dejará en la completa oscuridad.
La Aurora, S.A, se llama empresa concesionaria del Río que abastece a esta comunidad indígena, la misma aparece bajo la propiedad de Arnold Castro, esposo de la vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del Partido Nacional.
La licencia ambiental les fue aprobada en el mes de agosto de 2009, durante el gobierno de facto del dictador Roberto Micheletti. Para el año 2010, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, (ENEE), cedió permisos por un período de 30 años para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico La Aurora I en ese municipio de la zona central del país.
De acuerdo con un estudio hecho por la plataforma web de conflictos ambientales Etjatlas, desde que la represa está en construcción, las comunidades denuncian la disminución en el caudal del río Chinacla, donde se construye el Proyecto hidroeléctrico; lo que ha provocado escasez de agua potable en la zona. En época de verano, las personas que habitan en el sector deben desplazarse varios kilómetros para conseguir agua.
Organizaciones como del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (COPINH), han denunciado la falta de consulta previa, libre e informada como lo dicta el Convenio 169 de la OIT. Han propuesto la realización de cabildos abiertos para conocer el veredicto de los y las habitantes pero la confabulación de las autoridades municipales con el poderío que representa Gladys Aurora López, vice presidenta del Congreso Nacional, donde se aprobó la concesión, han frenado estas consultas, señala Ejlatlas.
Las comunidades afectadas por la construcción de la represa son el Aguacatal, Zapotal y San Francisco, ubicadas en el municipio de San José, en el Departamento de La Paz. Actualmente y a pesar de la resistencia del pueblo indígena, el proyecto sigue su curso.
Después de la aprobación de la nueva Ley de Minería en el año 2013, en el periodo de presidencia en el Congreso Nacional de Juan Orlando Hernández, actual presidente de la República, y una vez al mando del Poder Ejecutivo, ha tenido una política contra los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
En el mes de junio de este año se celebró en el país un Congreso Mundial de la Minería, en momentos que el país ya contaba con más de 60 concesiones metálicas y no metálicas unas aprobadas y otras próximas a aprobarse, según datos del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
