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Organizaciones demandan transparencia y cuestionan listado de nominados para la próxima Corte Suprema de Justicia

Posted On Martes, 12 Enero 2016 13:39 Written by
Foto: laprensa.hn Foto: laprensa.hn

Para la red de organizaciones hondureñas denominada Coalición contra la Impunidad las presiones, la intimidación o cualquier tipo de coacción que se ejerza con la finalidad de lograr adeptos o comprar voluntades y votos en el Congreso Nacional para la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, CSJ, debe ser denunciada, y de producirse cualquiera de estos actos se debe declarar la nulidad de este proceso de elección de los magistrados. Mientras para el Observatorio Internacional sobre dicha elección les causa asombro que en la lista de nominados estén dos magistrados y una magistrada involucrados en el despido arbitrario de tres jueces y una magistrada en el 2009 por oponerse al golpe de Estado.

Las dos redes de organizaciones publicaron un comunicado por separado donde señalan otros aspectos de mucha trascendencia en la elección de la próxima CSJ, a continuación publicamos estos documentos:

1.-Exigimos una Corte Suprema de Justicia independiente.

La Coalición contra la Impunidad en el marco del actual proceso de selección de los candidatos(as) a magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia,  ante la comunidad nacional e internacional manifiesta:

El sistema de justicia atravesará en los próximos días por una de las pruebas decisivas que abonará al Estado de Derecho o a la profundización del debilitamiento de la institucionalidad. Nos referimos a la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2016-2023. Este acontecimiento tendrá lugar el próximo 25 de enero de 2016, cuando los diputados y diputadas del Congreso Nacional elijan a los y las integrantes de este alto tribunal de justicia.

Este evento de selección y elección de magistrados(as) a la CSJ que está llegando a su etapa conclusiva en las próximas semanas, no ha sido propiamente un recorrido de luces y sombras,  sino que un largo proceso de irregularidades, que se evidencia en algunas de las cuestiones siguientes:

•       La Junta Nominadora, ente encargado de la primera fase de este proceso, fue conformada sin que rigieran reglas democráticas para la elección de los representantes de este organismo, siendo notorio que los integrantes de la misma se designaron bien por votaciones poco representativas o por decisiones de carácter discrecional. Evidenciándose en estas designaciones el sesgo político y el afán de control de este organismo.

•       Esta Junta Nominadora una vez instalada se ha caracterizado por desarrollar sus funciones con marcada opacidad, siendo ajenas sus actuaciones a la transparencia y publicidad de conformidad a la ley. Hasta la fecha se desconoce la información trascendental sobre los candidatos(as) que han participado en este proceso. De igual modo, las actas de la Junta Nominadora  se manejan en secretividad.

•       La evaluación de los candidatos(as) realizada por la Junta Nominadora, ha sido de carácter subjetivo, sin que prevalezca un criterio de carácter institucional, formal o técnico. La matriz de calificaciones que se implementó resultó un instrumento poco eficaz, y al final lo que prevaleció no fueron los méritos y capacidades de los evaluados, si no que los criterios de carácter individual de los integrantes de la Junta Nominadora.

•       Las audiencias públicas, cuyas resultados o puntuaciones se desconocen, se desarrollaron sin mayor trascendencia, prevaleciendo en  las mismas un proceder improvisado de la Junta Nominadora, sin que estas se realizaran con una pauta de exhaustividad  respecto a los antecedentes de los candidatos(as).

•       De los 200 candidatos(as) que iniciaron este proceso, al final la Junta Nominadora seleccionó 97 para continuar en el mismo y participar en las audiencias públicas. Pero como una muestra de la arbitrariedad y la falta de congruencia institucional, los 97 seleccionados se hicieron no por calificaciones si no que por votaciones de los integrantes de la Junta Nominadora, lo que evidencia que al final prevaleció el sesgo político, las preferencias personales y los prejuicios al momento de decidir sobre quienes serian los que continuarían en el proceso.
•       Además, que se incluyeran en la lista de los 97 a 4 de los magistrados
actuales de la Corte Suprema de Justicia refleja la debilidad de los
criterios utilizados, ya que sus candidaturas debieron ser rechazadas ipso
facto por la Junta Nominadora, pues de acuerdo con la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la sentencia López Lone y otros vs. Honduras,
estos magistrados(as) cometieron un ilícito internacional mediante un golpe de Estado en 2009, lo que a la luz del Tratado General de Paz y Amistad adoptado el 12 de marzo
de 1923 por los cinco Estados centroamericanos, estos cuatro magistrados se
colocaron en una condición de inelegibilidad para ocupar las altas
magistraturas del Estado.

Por declaraciones vertidas de manera informal a los medios de comunicación, se conoce que en los próximos días la Junta Nominadora entregará al Congreso Nacional el listado de los 45 candidatos(as), de los cuales este poder del Estado elegirá a los 15 magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia, sobre esta fase final de actuaciones, expresamos:

•       Sabemos que es difícil que la Junta Nominadora enmiende sus desacertadas actuaciones, no obstante, consideramos que es oportuno recordarle al ente nominador que, en el listado de los 45 candidatos no se incluyan profesionales que estén relacionados con actos de corrupción, bien sea por actos en el ejercicio profesional de la abogacía o por actuaciones en la judicatura. Especialmente si se trata de vínculos con el crimen organizado, delincuencia común o saqueo de las instituciones estatales.

•       Deben ser excluidos de ese listado todos aquellos profesionales que tengan denuncias o impugnaciones por hechos relacionados con violaciones de derechos humanos o, por actuaciones indebidas en el ejercicio de la jurisdicción.
•       Asimismo, no pueden formar parte del listado de 45 candidatos(as), los profesionales del derecho que por su ejercicio profesional o de la judicatura, se infiera su falta de coherencia moral e institucional para desempeñarse de forma independiente en la Corte Suprema de Justicia.

•       En cuanto a la selección del listado de los 45 candidatos(as), es oportuno plantearle a la Junta Nominadora, que una vez entregado el mismo al Congreso Nacional, se debe proceder inmediatamente a darlo a conocer a la opinión pública para que se produzca el debate sobre los candidatos y candidatas a la Corte Suprema de Justicia.

•       De cara a la transparencia, al menos como última actuación, esperamos que la Junta Nominadora realice sus decisiones de selección de los 45 candidatos por consideraciones de mérito, capacidad e idoneidad, y que se levante acta de conocimiento público, en donde se hagan constar de forma motivada las razones y valoraciones que les llevaron a seleccionar a los candidatos y candidatas que conforman ese listado final que remiten al Congreso Nacional.

De cara a la elección de los futuros magistrados y magistradas en el Congreso Nacional, es importante señalar a los diputados y diputadas las siguientes preocupaciones y recomendaciones:

•       Como paso previo a la elección de los futuros magistrados(as) es importante que en el seno del Congreso Nacional, los diputados y diputadas realicen audiencias o entrevistas públicas a los propuestos(as) a fin de conocer sus méritos y capacidades. Para este propósito se debe poner en práctica una metodología que permita la participación de la ciudadanía.

•       Las presiones, la intimidación o cualquier tipo de coacción que se ejerza con la finalidad de lograr adeptos o comprar voluntades y votos en el Congreso Nacional debe ser denunciada, y de producirse cualquiera de estos actos se debe declarar la nulidad de este proceso de elección de los magistrados.

•       Se debe procurar en todo momento que la elección de la futura Corte Suprema de Justicia, sea la culminación de un acuerdo incluyente de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional. Los pactos sectarios  y excluyentes seguro que originarán una Corte Suprema de Justicia sin voluntad e independencia para combatir la corrupción y la impunidad.

Finalmente, la Coalición contra la Impunidad, hace un llamado a todas las organizaciones populares, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en general, para que nos involucremos en la elección  de los magistrados y las magistradas de la Corte Suprema de Justicia. En este debate todos tenemos cabida, bien sea para señalar debilidades del proceso, actuaciones imprescindibles al momento de la elección, los antecedentes de los candidatos seleccionados y cualquier otra observación o señalamiento producto del monitoreo de este proceso.

Tegucigalpa-San Pedro Sula, 6  enero de 2016
Con la justicia no se juega
Exigimos una Corte Suprema de Justicia independiente.

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD

2.-Organizaciones internacionales llaman a la transparencia en la elección de magistrados y magistradas para la Corte Suprema de Justicia en Honduras

San José, 11 de enero de 2015.- El Observatorio Internacional de la elección judicial en Honduras pide transparencia y rendición de cuentas en la última fase del proceso de elección de Magistrados y Magistradas para la Corte Suprema de Justicia del país.

Las organizaciones internacionales que están monitoreando el proceso, expresaron -en un documento escrito- su preocupación por ciertas irregularidades observadas durante los primeros pasos de la elección. Entre algunas de estas anomalías, destacan el hecho de que la Junta Nominadora no haya hecho público su criterio de puntuación y el por qué unos candidatos o candidatas hayan avanzado mientras los demás no. O por qué la información sobre las candidaturas presentadas es confidencial, cuando se recomienda la publicidad y participación ciudadana del proceso, por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también, la inclusión de candidatos que tuvieron “una actuación cuestionable” al ser parte del despido arbitrario de tres jueces y una magistrada, tras el golpe de Estado del 28 de junio del 2009.

Así, considerando los principios, normas y estándares internacionales aplicables a este proceso, las organizaciones que conforman el Observatorio Internacional, recogen en el citado documento una serie de recomendaciones dirigidas a la Junta Nominadora y al Congreso de la República de Honduras.

Para acceder a la lista completa de recomendaciones, pulsa aquí. 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Impunity Watch (IW)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

Este es el link del comunicado del Observatorio Internacional https://www.cejil.org/sites/default/files/2016_01_08_hn_proceso_de_seleccion_f

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El medio surge para ayudar a los periodistas, trabajadores de los medios de comunicación y los grupos vulnerables de Honduras (jóvenes, mujeres, indígenas y personas LGBTI) a ejercer su libertad de expresión y documentar los abusos de derechos humanos.

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