“Y debe ser así porque esa información no es exclusiva de la sino de los más de ocho millones de hondureños”, dijo la comisionada presidenta del IAIP, Doris Imelda Madrid.

Los integrantes de la junta consideran la demanda de transparencia como injerencia y según el  pastor y representante de la sociedad civil, Jorge Machado “es el inicio de las presiones”.

Agregó que “no es una casualidad, sinceramente no sabemos qué tipo de intereses hay detrás de todo esto, pero el hecho de que el viernes el IAIP presente una citatoria deja mucho que pensar, eso no es casualidad, hay otro tipo de intereses, esto evidentemente es presión e injerencia para evitar que entremos en las valoraciones de candidatos a la nómina”.

Responsabilizó al IAIP de provocarles tardanza en el desarrollo de la agenda de trabajo de la junta que para este fin de semana tenía previsto concluir  la revisión de toda la documentación de los 97 aspirantes a magistrados  para comenzar a realizar las votaciones y empezar la nómina de 45 este fin de semana,  y presentarla el lunes al Congreso Nacional.

El IAIP exige presentar la versión pública de las pruebas de confianza, pero a juicio de Machado, Santiago Ruiz y Jorge Herrera, de la Junta Nominadora, sería ilegal facilitar información privada de los togados “y además no hay tiempo para seguir debatiendo con el IAIP”.

Transparencia

La comisionada Madrid indicó que los ocho millones de hondureños tienen derecho a acceder a la información pública y en este caso el resultado de las pruebas de confianza es de interés nacional porque se trata del perfil de los candidatos a rectorar la CSJ del país durante siete años.

Agregó que el trabajo que desempeñarán los magistrados impactará sobre los habitantes del país y esto ratifica la necesidad de cumplir con este requerimiento informativo.

Honduras forma parte de la Iniciativa de Países con Gobiernos Abiertos, lo que obliga a las distintas instituciones nacionales a transparentar no sólo cuestiones presupuestarias sino también la toma de decisiones y los resultados de otras acciones.

Incumplir el deber de publicitar esa información pública es incumplir esos compromisos internacionales que se suman a los nacionales referidos al acceso a la información pública, garantizado en una ley.

Además del IAIP, diputados de la oposición también piden conocer el resultado de las pruebas de confianza.

Para el 25 de enero próximo está prevista la selección de los 15 magistrados que sustituirán al actual Pleno de la CSJ. El Congreso Nacional los escogerá de la lista de 45 que elabora la Junta Nominadora.

La diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (PINU),  expresó que la oposición política está clara respecto a la próxima elección de los magistrados “en la que nosotros primaremos el interés nacional y no el particular, y no cederemos ante presiones ni ofertas”.