En el documento el CESPAD expresó que si se apuesta a un real y genuino proceso de democratización de la institucionalidad del Estado, es necesario se tome esa decisión porque de lo contrario la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales restringirá el acceso a la información tanto a quienes integren la MACCIH como a los diversos grupos de la sociedad civil organizada que participarán en el monitoreo y evaluación de los casos de corrupción que se someterán a investigación.
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