La investigación fue patrocinada  por la organización TROCAIRE en el marco del proyecto “Fortaleciendo capacidades de los socios del Programa de Gobernabilidad y Derechos Humanos”.

Los expositores fueron Gustavo Irías Director Ejecutivo de CESPAD quien presentó los hallazgos de la investigación  y el sociólogo Arnaldo Rodríguez, que tuvo a cargo los comentarios del documento.

Entre los principales hallazgos Irías destacó que la promoción del militarismo  ha dado un rol protagónico a las Fuerzas Armadas, el cual había sido controlado en los 90 cuando la sociedad impulsó que los militares volvieran a los cuarteles, pero ahora con el actual gobernante Juan Orlando Hernández no solamente manejan la seguridad pública sino millonarios recursos económicos que son iguales o mayores al presupuesto de la salud de la nación.

La élite hondureña continúa con su estrategia del uso de la fuerza militar para mantenerse en el poder , bloqueando los espacios de diálogo, mientras que los políticos le apuestan a la confrontación y la generación de crisis permanente, según Irías.

“Hay la existencia de un proyecto político reeleccionista que responde a los intereses de la élite para mantener su dominación, con una forma autoritaria de gobernar.”, explicó el Director Ejecutivo del CESPAD.

Para él a quienes les ha ido muy bien es al gran capital transnacional que tienen la suerte que contar con un gobierno rápido para favorecerles económicamente, a pesar de la violación de la soberanía nacional y la pérdida de recursos económicos por no controlar los recursos que sacan del país estas empresas que dejan casi nada en recursos para el Estado.

Mientras Arnaldo Rodríguez dijo que la importancia del estudio que debe servir para abrir el debate social encaminado a poner atención a las reformas que se están haciendo en el estado de Honduras pero que favorecen a los grupos de poder.

El sociólogo dijo que el Estado de Honduras  apoya el modelo extractivista  sobre el cual no hay controles en lo que se refiere a las mineras, “ni siquiera el Estado sabe cuánto mineral se saca del país por lo que las empresas pagan a su antojo las regalías”.

En cuanto a si hay divergencias significativas en las élitesde Honduras, argumentó que siempre se unen a pesar que a veces pueden verse diferencias entre ellas, pero les mantienen juntas sus intereses comunes de seguir manteniendo el poder en el país.

El gran capital es el más beneficiado con las reformas que se hacen a leyes nacionales

Militares tienen funciones ahora que no tenían en los 80 y manejan no solo la seguridad pública sino recursos económicos”, explicó.

Sobre el rol que juegan las iglesias refirió que están en todos los ámbitos afectando al Estado laico, en especial  hay un protagonismo de  las iglesias protestantes. “Estas iglesias con consultadas por el Estado, como ejemplo tenemos que les solicitaron su consentimiento en la aprobación o no del Protocolo Facultativo de la CEDAW, afectando  los derechos de  las mujeres”

Reformas jurídicas

Es cierto que la reforma está ubicada en la realidad del país instalada desde los años 90s, pero el golpe de Estado del 2009 planteó algunas particularidades, periodo en que se comenzó a dar un enfoque en donde surge la necesidad de “Refundar al Estado” a través de una Asamblea Nacional Constituyente originaria dirigida por el soberano que es el pueblo, para un nuevo pacto económico, social y de gobernabilidad; indicó Gustavo Irías.

Las ideas de cambio surgieron en los movimientos sociales en todas las calles de Honduras y de las protestas contra la ruptura del orden constitucional.

Un segundo enfoque de una Constituyente estuvo concebido por aquellos sectores que esbozaron una modificación del Estado plasmado en la Constitución de 1982, la que se rompió el 2009 con el golpe, pero para recuperar nuevamente las riendas del aparato gubernamental se necesita una Asamblea Nacional con la representatividad de los partidos políticos y la sociedad en general, explicó el integrante del CESPAD.

De acuerdo al análisis de irías actualmente se ha posicionado el planteamiento de las reformas parciales a algunas leyes constitucionales, resolver la crisis en áreas como la salud, educación, entre otras, sin la consideración de que la ciudadanía desde el año del desorden constitucional viene esbozando un cambio que se puede ver desde los imaginarios progresistas de la izquierda.

Agregó que todo pasa por la correlación de las fuerzas políticas a partir del 2010, por un lado la élite reconfigurada y por el otro las fuerzas políticas y sociales de oposición, donde la composición estaba a favor del Partido Nacional con una mayoría absoluta en el Congreso Nacional de 71 diputados en una alianza abierta con el Partido Liberal por tanto, esta analogía planteó una oligarquía recompuesta siguiendo un proyecto común .

En segunda instancia ubicó en una oposición mayoritaria si se pudiera considerar a las bases del Partido Liberal, con la desventaja de una fragmentación de dispersión sin que realmente hasta ahora conciban un propósito común de cambio en el país.

Las reformas del Estado pasan por los enfoques del Banco Mundial y organismos de cooperación, unas de sus peticiones principales es la reducción del Estado a su mínima expresión y la privatización de los servicios; llegando a la conclusión que esta disminución no ha funcionado.

No obstante, es de tener presente la recaudación de tributos para implementar políticas públicas de asistencia social que en el caso hondureño viene a ser la construcción de una base para el respaldo electoral, aseguró.

Irías mencionó que la población pasó desapercibida la aprobación del Decreto Legislativo número 266-2013 que se aprobó posterior a las elecciones de 2013, lo esencial de éste es que se reformaron varios instrumentos jurídicos como la Ley de Administración Pública, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Contratación del Estado, la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica de Presupuesto, la Orgánica de la PGR y la del TSC.

En esa tormenta de decretos entre diciembre 2013 a enero 2014 en la cual  fundamentaron las reformas jurídicas y las que se le hicieron a las leyes básicas por ejemplo, la Ley del Ministerio Público, la de Procedimiento Administrativo, de Contratación del Estado, Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Ley Orgánica del Presupuesto, la Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y la del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según las conclusiones del estudio

La reforma del artículo 4 de la Ley de Administración Pública hizo que el Congreso Nacional cediera  su potestad al presidente de crear o suspender Secretarías de Estado u organismos de las entidades descentralizadas.

Avances o retrocesos

Honduras está atravesando por un difícil proceso de transición política con una profunda fragilidad institucional y el deterioro de su Estado de Derecho, con graves déficits para hacer frente a problemas históricamente acumulados y agudizados en el presente, como la pobreza, desigualdad y la falta de protección social, la violencia e inseguridad, la impunidad del sistema de justicia, la falta de calidad y universalidad de los servicios públicos,  entre otras.

Las reformas comenzaron a implementarse como un instrumento de política pública social las transferencias monetarias, (bonos),  focalizadas en los grupos más vulnerables, generalmente condicionadas a la obligación del ejercicio de derechos universales como la educación y la salud.

En resumen las tres generaciones de reforma del Estado han tenido en común la adecuación del ordenamiento jurídico y la institucionalidad estatal a la dinámica económica del modelo neoliberal. No son fases diferenciadas en el tiempo, sino un conjunto de medidas que se adoptaron teniendo en cuanta el cambiante contexto de la región y de cada uno de los países.

Como enlistó antes, se instaló un imaginario de la transformación del Estado en la refundación del Estado, la Asamblea Constituyente Constitucional y las reformas parciales.

Programa Partido Nacional

El programa se encuentra resumido en “el Plan de Todos para una Vida Mejor 2014-2018”, que toma como punto de partida el Plan se Nación y Visión de País formulado por la administración de Porfirio Lobo Sosa, modificado en su contenido y ajustado al periodo de este gobierno.

El eje de desarrollo económico es implementar la “Plataforma Pro-Honduras” concebida como un “agresivo proceso de promoción de inversiones, exportaciones y turismo” que consideró elementos importantes como la creación del Consejo Nacional de Inversiones.

Irías dijo que hay la  creación de un marco de condiciones favorables para mejorar el clima de negocios en el país, la promoción de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, (ZEDE),  como una instancia que permita al país su inserción en los mercados mundiales bajo reglas altamente competitivas, estables; e implementar un conjunto de medidas impulsando el Programa de Reactivación del Sector Agro alimentario del país, pero favoreciendo al gran capital.

El gobierno de Juan Orlando Hernández está invitando a empresas extranjeras a crear un nuevo Estado en el territorio hondureño, prometió inversión en el rubro minero, privatización y duras medidas contra la delincuencia.

Recordando que en enero del 2011 y bajo el liderazgo de Hernández, en el parlamento hondureño se votó en favor de una enmienda constitucional para crear áreas con privilegios especiales, de hasta 33 kilómetros cuadrados de territorio; entre esos se encuentran tener un sistema propio de recaudación de impuestos, propia judicatura y fuerzas policiales, lo que implica que dichas áreas quedaran exentas de la aplicación de las leyes hondureñas.

Por lo tanto, no resulta extraño la prioridad en dos estrategias en el campo de la seguridad: por un lado posicionar al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad al más alto nivel para la toma de decisiones” y de manera complementaria “hacer efectiva la creación y funcionamiento de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA) en todo el territorio nacional.

Proyecto reeleccionista

Por su parte,  Arnaldo Rodríguez comentó que es interesante cómo el informe explica el análisis del contexto del país y el papel del Banco Mundial en el desarrollo de las reformas planteadas.

Analizó que existe un entrecruzamiento entre Estado mínimo y la reforma racional, que estamos ante un proceso de una adecuación administrativa parcial del Estado con una línea conservadora motivada para acomodar al mismo a un proyecto económico impulsado por la élite históricamente dominante y al proyecto político reeleccionista de Juan Orlando Hernández y del Partido Nacional.

El documento rescata la serie de cambios para lograr mayor capacidad para hacer más eficiente al Estado, además de una reflexión novedosa y es que las élites tienen un proyecto para mantener el sometimiento, los cambios administrativos y legales, son favorables.

Hay un evidente interés de la oligarquía local que trasciende a los intereses transnacionales y los actores de la globalización se están moviendo hacia un proceso de transformación del Estado.

Los propósitos implícitos como centralizar el poder en el mandatario, el Consejo de Defensa para asegurar el orden social, adecuación del marco jurídico y estatal para impulsar una nueva generación del modelo neoliberal, son la clave.

Violación a Derechos

En el proceso de rediseño del Estado se acondicionaron muchas leyes para limitar los derechos humanos y libertades, una de ellas fue la aprobación de la “ley de secretos” que ha vulnerado el derecho a la información, tanto así, que el Consejo de Seguridad se adjudicó la función de determinar qué información se clasifica como secreto de Estado y cual divulgada ente la ciudadanía, indicó Gustavo Irías.

Simultáneamente se violentó con esto el derecho a la información y a la libertad de expresión que tienen todos los ciudadanos y los medios de comunicación.

Con la profundización de la militarización el tema de derechos humanos se ha puesto en el tapete de discusión, tácitamente el Consejo de Seguridad se volvió el principal ente en la toma de decisiones fundamentales, está dotado de amplios recursos estatales y los recursos de la taza de seguridad.

Independientemente que se ven los uniformados en todas partes,  ha habido denuncias de violación de derechos humanos, ejemplificó que existe un registro de 12 asesinatos en donde estuvieron involucrados elementos de la Policía Militar del Orden Publico, (PMOP).

Por otro lado, la reestructuración indujo un marco jurídico que viene a facilitar el hacer negocios para incrementar el capital internacional a través de la extracción de recursos naturales como fuentes de aguas y territorios, lo que ha potenciado los conflictos socio territoriales que representaron los últimos cien años el asesinato de 110 dirigentes ambientalistas, siendo el más simbólico el  de la lideresa indígena, Berta Cáceres.

Aunados a lo anterior destacó que  todos los conflictos fortalecen al modelo neoliberal, el capitalismo que busca hacer de la actividad humana un foco para incrementar el lucro y se identificó que la extracción de minerales son negocios, para el financiamiento nacional e internacional convertidos en una alianza.

Irías manifestó  que se habla de una reducción significativa de las libertades democráticas por el contexto amenazante para ellas, no se han suprimido aun, porque desde la sociedad civil se hacen esfuerzos por mantener en vigencia los derechos humanos como la libertad de expresión, generar debates y plantear ideas.

El marco jurídico y las políticas públicas están llevando al pueblo a una restricción de los derechos y a medida que se profundice el modelo, se reafirme en el poder la élite que actualmente gobierna,  esos riesgos serán mayores, de ahí, la importancia de las fuerzas políticas y sociales de plantearse opciones que puedan retomar la democracia, porque la república económica y social no está asegurando los derechos de las grandes mayorías, concluyó Irías.