El tema de la reelección mantiene polarizadas las opiniones de la población hondureña, están los que rotundamente se oponen por considerarla ilegal desde cualquier punto de vista que la analizan y los que son afines al gobierno de turno.

Supuestamente el Partido Nacional ha logrado recolectar más de un millón de firmas que apoyan el proyecto reeleccionista, pero en las comunidades se quejan que tuvieron que acudir al chantaje, coacción y engaño para que la gente estampara su rúbrica en las listas que les ponían enfrente.

En este caso Mirian Miranda coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras,(OFRANEH), denunció que el gobierno cuando quiere hacer algún proyecto asistencial como “el bono solidario o una libra de arroz, es vergonzoso porque están utilizando el hambre del pueblo para hacer política”.

Incluso es la técnica utilizada para el levantamiento de “las famosas firmas para la reelección de Hernández,  llegaron a las comunidades les dijeron que les darían trabajo y  hacían firmar a la gente de allí que según informó el partido de gobierno que había recolectado dichas firmas, pero fue de una forma engañosa al pueblo” dijo la defensora.

Autocensura

En esta administración el tema de libertad de expresión independientemente que tenga que ver con la prensa hondureña y medios de comunicación en general “está en una situación precaria”,  indicó el periodista independiente Orlando Díaz Pineda.

Las personas que trabajan en el gobierno “tienen mucho temor de poder decir algunas cosas que ven o no les parece, a nivel de relaciones públicas y de prensa. Aparte de ocultar información que pueda salir por los medios de comunicación, atienden a órdenes directas de las jefaturas de redacción y deben autocensurarse” , manifestó Díaz.

Añadió que el silencio atiende al temor de ser agredidos en su integridad física, la libertad de expresión en el país se ha complicado, el ejercer el derecho a la palabra y a la libertad de pensamiento e incluso ha llegado a las redes sociales en donde se supone que la computadora o un teléfono inteligente sirven como un escudo, “mucha gente piensa bien lo que va a decir, me dicen en los taxis o en los buses, mira tené cuidado, no digas ésto, no escribas aquello e incluso me dicen no pienses así”.

Del golpe de Estado a la actualidad ha aumentado el riesgo de emitir los pensamientos, en este momento se corre peligro hablando de la corrupción estatal, si Juan Orlando Hernández se reelige,  “generará un fortalecimiento de su dictadura porque eso es, si la gente no tiene libertad de expresarse, es de imaginarse la fuerza que tendría, sobre todo por el control del Estado a su servicio” , visionó el comunicador.

Para Díaz el representante del Ejecutivo y su equipo,  desde hace tiempo vienen sentando precedentes en los casos de querellas contra periodistas que en algún momento se refirieron a cosas que a Hernández no le parecen, en un nuevo gobierno “muchos comunicadores se van a medir, se autocensurarán más de lo que ya lo hacen, será necesario cambiar de técnica evitando rumores y chismes sino se tiene documentación a mano”.

Asesinatos y represión

Las opiniones de distintos sectores señalan que este gobierno ha provocado un retroceso en la independencia de los poderes del Estado utilizando el Judicial como instrumento de ataques contra la prensa. Hasta el momento el Comité por la Libre Expresión, C-LIBRE,  lleva contabilizados tres cierres de medios visibles,  informó Wendy Fúnez coordinadora de investigación de esa organización.

Diario Tiempo cerró por la asfixia económica de las decisiones que el gobierno tomó  en el caso de los Rosenthal, luego a mediados de este año siguió Globo TV por una sanción administrativa por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,(CONATEL), y hace 48 horas luego que se anunciara un convenio entre interpretando la noticia y el Canal Planeta TV, éste último salió convenientemente del aire.

Nunca en la historia del país existió una cantidad de periodistas inhabilitados para ejercer la carrera, es el caso de Julio Ernesto Alvarado cuya sentencia está en suspenso mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se pronuncie sobre la admisibilidad o no de su caso, según una medida cautelae emitida a su favor.

Recientemente un Tribunal de Sentencia de Choluteca, violentando los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, condenó penalmente e inhabilitó para ejercer la profesión al periodista Ariel D’Vicente.

El fallo fue emitido el 26 de junio de 2016 y le notificaron a su defensor la semana anterior, relató D´Vicente.

El acusador es Lorgio Oquelí Mejía Tinoco,  ex jefe policial de Choluteca en 2014, , a quien el periodista denunció por supuestas irregularidades en la policía, el uniformado había sido depurado, pero la actual comisión lo ratificó en su cargo, dijo el periodista.

Otra de las medidasque está ejecutando este gobierno es la regulación a las redes sociales, que es un mecanismo que la población ha usado para romper el cerco mediático, lo que “muestra que la libertad de expresión en las dictaduras sufre reveses y se irrespeta constantemente, lo que se convierte en un indicador de lo frágil que esta la democracia en un gobierno que da indicios de ser , una dictadura”, manifestó la periodista y defensora.

Solo en estos meses han publicado 148 alertas que tienen que ver con la estigmatización, ataques a mano armada en las coberturas de manifestaciones, intimidaciones, acechos, amenazas a muertes, asesinatos mayormente entre el 2014-2015 y en este año la cifra está superando a estos años juntos.

Sin embargo, existe un marcado hostigamiento judicial en el uso penal de las querellas para perseguir a periodistas, activistas de derechos humanos, feministas, manifestantes y opositores políticos.

Según Fúnez la regulación del internet vendría a ser simbólica, ya que mientras en países donde hay atentados terroristas tienen libre acceso a este medio alternativo, en Honduras están tratando de controlarlo mediante querellas, intimidación y hasta muertes.

Ejemplificó el caso de la rectora de la universidad que la arremetió contra un universitario, porque éste vertió opiniones en su twiter; en tanto que un periodista de Santa Rosa de Copan, omitió nombre por seguridad, éste fue atacado a balazos después de denunciar a través de las redes sociales.

No obstante, la percepción es que a medida que se va consolidando el Poder Ejecutivo desplazando a los otros dos poderes, aumentó el número de periodistas agredidos, el 2015 triplicó al 2014.

Desde el 2014 a la fecha en dos años de gobierno han sido asesinados 24 periodistas y comunicadores mientras que en el de Porfirio Lobo Sosa fueron 30; agregó que si se consolida la dictadura “pueden ir en aumento los asesinatos, el exilio e inventarán represiones novedosas para disfrazar las estadísticas, hoy no solo los ataques van dirigidos a periodistas sino que se extiende a sus familias han tenido que salir del país”, finalizó la defensora de la libertad de expresión.

Sociedad intervenida

La libertad de expresión es una manifestación intrínseca a los derechos humanos, todas y todos los ciudadanos del mundo tienen la obligación de ejercerla, pero la neo colonización ha dejado limitada la expresión, es la opinión de Milton Benítez del Programa Foro Hondured.

Por tanto, el ejercicio periodístico queda con la tarea de denunciar. Uno de los puntos es que Honduras no ha tenido procesos democratizadores, por ejemplo, el Colegio de Periodistas y la Asociación de Prensa de Honduras, a los que calificó como “timoratos y cobardes que no le exigen al Estado que permita una libertad de expresión o se queja para que den soluciones”.

Ya la manifestación de expresión por los medios de comunicación se ve amenazada como es el cierre de Globo TV y el acecho a Radio Progreso, se han visto tiranizados, sigue la provocación de iniciativas para que las redes sean controladas y hay una ley de escuchas, adicionó que “somos una sociedad altamente intervenida”.

Oposición y reelección

En cambio, Aída Reyes diputada del departamento de Yoro, aseguró que el Partido Libertad y Refundación ,(LIBRE), está en contra de la reelección, porque la consideran ilegal, ya que no es una Corte Suprema de Justicia la que debe rectificar una sentencia inconstitucional.

Por eso saldrán a la calle con tres puntos principales que son no a la reelección, la reapertura de Globo TV y exigir las reformas electorales.

Recordó que la bancada de LIBRE es una de las facciones a las que se les ha violentado la libertad de expresión en las sesiones del Congreso Nacional, cuando les niegan el derecho a la palabra, para manifestar su posición en defensa de los derechos del pueblo, expresó Reyes.

Para la parlamentaria si Juan Orlando Hernández se reelige seguirá con la misma mecánica, “por eso el pueblo está indignado contra ese proceso reeleccionista porque no ha sido un gobierno que satisfaga los derechos de la ciudadanía”.

Calificó como delito el hecho de coartar a la población el derecho a la libertad de expresión.

Es continuismo

En un análisis que hicieron las feministas en cuanto al tema de la reelección sostuvieron que trascendió a lo legal, ya que la clase política del país adaptó el marco jurídico de acuerdo a los intereses de las élites de poder del país, aseguró María Elena Méndez, militante del Centro de Estudios de la Mujer –Honduras, (CEMH).

Se refirió a las estructuras de poder cooptadas por el Estado y sus instancias, “Juan Orlando Hernández se quiere reelegir porque hay un grupo que ha amasado grandes capitales a través de la corrupción, la utilización de los recursos públicos para sus campañas políticas,  manipulación ideológica y clientela política”, enlistó la socióloga.

Tiene que ver con las reuniones que mantiene Hernández con los presidentes del Triángulo Norte que no solo es una estrategia para combatir el narcotráfico sino que aprovecha para abrir mercados, darle un golpe a la soberanía, porque es muy ingenuo pensar que solamente es para el control del narcotráfico, es un problema político y de poder”, insinuó.

Méndez concretizó su concepto diciendo que lo que está a punto de suceder en el país “no es una reelección, porque no hay un contexto legal, sino un claro continuismo”.

En tanto, que los artículos pétreos se elaboraron de manera que no se permitieran más golpes de Estado perpetrados por militares, fue en un momento político de transición y en la actual constitución no cabe la reelección.

En este sentido, si se diera el continuismo “vamos a un retroceso de los derechos humanos, porque seguiría un proceso de militarización, privarán los intereses económicos y políticos de las grandes transnacionales, continuarán las políticas macroeconómicas hacia la pérdida de soberanía, autonomía, los desalojos hacia los pueblos originarios y los bienes colectivos”,  puntualizó la defensora.

Con todo, el Plan de País para una vida mejor, es realmente una atracción de capital extranjero que está viniendo por los problemas de inseguridad, todos los objetivos que está siguiendo este gobierno es para continuar haciendo uso del asistencialismo para mantener un clientelismo político, porque estas acciones no van dirigidas hacia los hombres y mujeres más pobres, sino para la base social política del Partido Nacional.

Al mismo tiempo, la inversión transnacional no está prosperando por los problemas estructurales, otra situación es que la violación a los derechos humanos se va a agudizar, aumentará la conflictividad por las políticas de exclusión que han generado.

Oscuros presagios sobre el territorio hondureño que pasa por la reelección son los violentos desalojos que se harán más frecuentes, el incremento de los femicidios, las masacres, la trata de personas y las acciones ilícitas.