Más de 40 personas que defienden los derechos humanos en sus distintas generaciones participaron en un conversatorio con el Relator, quienes expusieron puntualmente los problemas que atraviesan en su trabajo por los derechos humanos.

Desde los campesinos

Las y los defensores expusieron los principales problemas que les acontecen, esto varía de acuerdo al derecho que defienden y el lugar.

Para empezar la representante de organizaciones campesinas contabilizó que existen más de 5 mil 400 campesinos procesados a nivel nacional, de éstos  mil 700 son mujeres.

A partir del 2014 han sido asesinadas 6 mujeres campesinas (los más emblemáticos son los asesinatos de Margarita Murillo, Berta Cáceres y Lesbia Urquía), que a la vez sus familiares no han obtenido respuesta de las supuestas investigaciones que el Estado ha realizado por sus muertes.

Estos problemas se originaron por la defensa del derecho al acceso a la tierra y los recursos naturales, estrechamente vinculada a la instalación de los megaproyectos extractivistas, es por eso que incluyen a las defensoras del territorio que han sido criminalizadas.

Lo que agrava la situación es el “acceso a la justicia, porque las mujeres del campo están prácticamente en indefensión”, muchas de ellas llevan 20 años yendo a firmar a los juzgados, “debido a la mora judicial”.

Entre los factores mencionados están la falta de justicia, la mora judicial, el contubernio de los jueces con los terratenientes; uno de delitos por lo que los acusan es el de  usurpación.

Por otro lado el uso del sistema legal como lo fue la Ley de Modernización Agrícola, ahora están preocupados por un apartado del nuevo Código Penal en donde criminaliza ampliamente el derecho a la protesta, limita la libertad de movilización, como parte del derecho a la protesta que utilizan las y los campesinos para hacer escuchar su voz.

En el departamento de La Paz,  la Central de Trabajadores del Campo, CNTC,  afiliada a la Vía Campesina,  tiene 48 grupos y todos están judicializados.

Las intibucanas

Las mujeres intibucanas aglutinadas en la organización Las Hormigas, dijeron ante el Relator que sienten temor porque “no tenemos a nadie que nos pueda proteger, vivimos en un corredor peligroso”

La mayor preocupación de las defensoras es que al ejercer la defensoría de otras personas, se ponen en situación de riesgo.

Intibucá es uno de los departamentos de tránsito de personas que se dirigen a la frontera de El Salvador, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) es el segundo que se mantiene dentro de los índices más bajos de “Seguridad Alimentaria”, esto es, uno de los más pobres del país.

Además Las Hormigas detallaron que por la paupérrima situación económica es aprovechadas por el gobierno para implementar las plantas térmicas, por ser un territorio rico en bosques y aguas, no se les respeta en ninguna manera el convenio 169 que obliga al Estado a proteger a los pueblos indígenas y que les da el derecho a defender sus recursos naturales.

Se muestran vulnerables en el momento que no pueden hacerle frente a su situación de peligrosidad por carecer de recursos económicos para financiar su propia protección, por ejemplo, la mayoría tiene que viajar en buses para hacer los acompañamientos añadieron que la parte judicial es muy débil que aun teniendo todos los elementos de un femicidio el hechor sale libre en la gran mayoría de los casos quedando impunes las muertes de mujeres.

Terror en comunidades

El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), a través de uno de sus representantes, expuso  la situación de defensores y defensoras desde su situación en las comunidades, principalmente las campesinas y los pueblos originarios.

Uno de los factores que propician la impunidad de delitos son las políticas extractivistas, lo que impacta a las comunidades que salen en defensa de las tierras, los ríos, por el despojo de las transnacionales que a veces se disfrazan con nombres de empresas nacionales.

Promueven los desalojos de los pueblos utilizando la ley o por la fuerza,  “la familia Facussé cuando intentan sacar a una comunidad,  ponen una posta policial con diez policías y elementos COBRAS, al no poder detener a la población contratan 12  matones que llegan a la casa de la gente a decirles que tienen ocho días para desalojar, lo que les toca es huir”.

También el defensor del MADJ expuso la situación de los indígenas  Tolupanes,  en la comunidad de San Francisco, Locomapa, en donde asesinaron hace tres años a tres indígenas , dos hombre y una mujer, por oponerse a la extracción de antimonio.

Ante este crimen no hay respuesta ni investigaciones, aun cuando es del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,(CIDH); mientras tanto, 20 volquetas de este mineral siguen saliendo del territorio sin el respectivo permiso ambiental, violentando la Ley General del Ambiente a vista y paciencia de los policías de las dos postas policiales que deben pasar para transportar la broza.

Desde las unidades más pequeñas hasta la Corte Suprema de Justicia que componen el engranaje del sistema judicial se encuentran desquebrajadas, “solo funciona si hay dinero de por medio, re victimizando a las y los defensores cuando aparecen asesinados”, argumentó el representante del MADJ.

Las empresas extractivas se aprovechan de la necesidad de sobrevivencia de las comunidades, utilizando la división que lleva a enfrentamiento de “pobres contra pobres”, emplean a campesinos migrantes del occidente para que peleen a su favor, considerando que los productos son para exportación, no es para matar el hambre del pueblo” añadió que en el censo del 2001 indica que el 1.6 por ciento de los terratenientes poseen el 50 por ciento de las tierras.

Abogados amenazados

Una representante de Caritas presentó ante el relator los testimonios de tres abogados, el 20 de junio de este año, uno de los profesionales del derecho recibió amenazas en mensajes de texto, lo que hizo que pusieran la denuncia ante el Ministerio Público, después el 02 de julio las amenazas fueron por mensajes de voz, y el 03 de agosto sufrió un atentado perpetrado por dos desconocidos, actualmente se encuentra en grave peligro luchando por su vida y o4 de agosto nuevamente denunciaron ante el MP los hechos acaecidos.

Estas amenazas arreciaron en los últimos treinta días, recurrentes en el contexto de la recuperación de predios de aguas como son la productora de agua potable de la colonia María de Villa Nueva, departamento de Cortes, “las aguas fueron invadidas por proselitismo político del anterior y actual gobierno desconociendo el título de propiedad a favor de los pobladores de la mencionada colonia”.

Actualmente el litigio se encuentra en un proceso de desalojo, a Caritas le preocupa que los tres profesionales del derecho están en peligro, uno en cuidados intensivos y los otros dos amenazados a muerte.

Tristemente el abogado internado no tiene los suficientes recursos económicos para la atención médica que necesita, por lo que  le enviaron una nota a la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) para que dé respuesta a un convenio de pago y así pueda tener asistencia médica debida.

En la investigación lo único que ha hecho el MP es tomar declaraciones sobre los hechos a  las personas que estuvieron en la escena y procedoeron a vaciar los celulares de donde fueron hechas las amenazas, pero ahora los fiscales aducen  no tener suficiente personal para hacer las averiguaciones.

Rosenthal pelea tierras

Mientras que del Foro de Mujeres por la Vida, la representante enfatizó que las mujeres garífunas viven violencia en sus comunidades, su autonomía se ve violentada por las familias Facusse y Rosenthal, quienes los obligaron a venderles las tierras.

“Llegaron diciéndonos que nos iban a dar trabajo, nos están echándo a pelear unos contra otros, ya no podemos vender nuestros panes, ni usar las playas, nos han dañado la flora y la fauna”, enlistó la representante.

Hasta la Fundación Prolansate en Tela que supuestamente es el encargado de proteger los recursos , “en su vigilancia murieron iguanas, chimpancés, tigres, un montón de animales que ellos pasaron por alto, cuando un garífuna quiere agarrar una tortuga no se nos permite”, enfatizó.

Denunciaron que ya no tienen tierras para sembrar, en San Juan poseen un problema con  nueve manzanas de tierra que la familia Rosenthal aduce que son de ella, pero no ha podido  comprobar que  la dueña..

Caso Dayanara

Se planteó el caso de la militante Dayanara Castillo, quien ha permanecido fuera del país por un año y que desde que regresó ha sido víctima de persecución.

A parte de pertenecer al movimiento estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) es de la comunidad de diversidad sexual, el 04 de agosto de 2015, antes de salir de las fronteras patrias, “fue secuestrada por la policía, la torturaron quemándola con encendedores, la transportaron a una posta policial y todo ha quedado impune”, dijo una defensora de derechos humanos que la acompaña en su caso a través de la Iniciativa Periodismo y Democracia.

En el 2014 las autoridades universitarias la expulsaron, la seguridad privada  del centro educativo la perseguía, se acrecentó el hostigamiento que se vio en la necesidad de irse del país e incluso la estigmatización de Dayanara es tal que aun fuera, resultó que apareció en los procesos judiciales recientes contra estudiantes que participaron en las manifestaciones, agregó.

Se mencionó el uso de la guardia privada de la Alma Mater que persigue a los universitarios, sumada al aparato de control de las comunicaciones que están utilizando para vigilar a las y los defensores.

Hay un temor constante que le suceda algo a Dayanara, porque “no existe quien la proteja, el mecanismo no funciona, ni el Ministerio Público”, detalló la defensora.

Varias organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia contra fiscales y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por la vigilancia realizada a dirigentes del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU); resulta que  el MP quiere que una de las abogadas vaya a rendir testimonio verbal porque no le entienden a la denuncia, “lo que nos aclara la utilización del aparato estatal jueces, fiscales para amedrentar a las y los defensores de derechos humanos”.

A parte, hay figuras  directamente creadas contra los defensores dentro del nuevo Código Penal, con el propósito de “silenciar a todas las personas que estamos trabajando en la defensa de derechos”, agregó que la principal medida de protección es investigar que es a lo que están renuentes los entes encargados de esa tarea.

Por último, las Naciones Unidas deben brindar un informe de cómo el Estado ha creado unidades que no responden a las necesidades, dando un mensaje “engañoso a la comunidad internacional”.

Quedan discapacitadas

Las mujeres de la Colectiva de Mujeres de Honduras, CODEMUH,  y  la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, como organizaciones feministas manifestaron una preocupación por el aumento de las violencias hacia las mujeres y en su máxima expresión que culmina con el asesinato de ellas.

Informaron que en los últimos siete años el país ha experimentado un retroceso en los derechos de las mujeres y la evidente forma de re victimizar las muertes de mujeres se está generalizando con la contribución de las autoridades estatales,vinculando a las fallecidas al narcotráfico, al crimen organizado o que  “andan en malos pasos”.

Por otro lado, las grandes maquiladoras como las de capital canadiense entre otras, están implementando jornadas ilegales de trabajo que aumentan los problemas de los derechos humanos de las mujeres.

“Las que hacemos el trabajo de derechos humanos lo hacemos en horarios de alto riesgo y los fines de semana, las defensoras de derechos que trabajan en las maquilas han enfrentado problemas de violaciones sexuales”,  agregó  la representante de CODEMUH, quien dijo que existe un serio problema con las autoridades del gobierno que deberían vigilar la aplicación de la Ley , pero que están protegiendo al sector empresarial y a las transnacionales, aprobando jornadas ilegales de más de 12 horas, contraviniendo la Constitución, el Código del Trabajo y su reglamento así como  Convenios y Tratados Internacionales.

Destacó que el 75 por ciento de estas mujeres son menores de 30 años, debido a la explotación y sometimiento, “están quedando discapacitadas, con parálisis faciales parciales o totales”.

Diversidad sexual

La comunidad de Diversidad Sexual pronunció que en los últimos meses siete miembros de su grupo han sido asesinados, casos emblemáticos como el de René Martínez, donde el Estado no ha tenido la capacidad de responder y acusa a los mareros de ser los perpetradores del asesinato. También está el caso de Karla Padilla, uno de los pocos resueltos, porque el hechor tenía en posesión algunas de las pertenencias de su víctima.

El defensor que expuso por la organización Arco Iris, dijo que “están obligando a las compañeras Trans a que vendan a cambio de sus vidas y los trabajadores sexuales masculinos”,  conjuntamente, son abusados sexualmente por elementos de la policía.

Demandaron el cese de la impunidad de los casos que han sido denunciados al MP, lo que provocó una avalancha migratoria del país.

Territorio militarizado

Por su parte, en la zona de la Mosquitia, tiene aproximadamente 74 mil habitantes entre Tawakas, Pech, Garífunas y misquitos; la mayor parte de la población son mujeres y jóvenes.

Las y los defensores se centran en la defensa de las mujeres misquitas, territorios y ambiental; en la actualidad los problemas son de invasión, saqueo de recursos, violencia entre otros.

En tanto, que las defensoras son perseguidas, amenazadas por parte de los invasores, mensajes de texto amenazantes a ellas y a sus familiares, por eso muchos de sus hijos tuvieron que irse del lugar para salvaguardar sus vidas.  Hay una buena parte de territorio en posesión de la familia Facussé y los Rosenthal ”.

Sostuvieron que con las denuncias que hacen la única respuesta del gobierno es militarizarles el territorio, lo que no es una solución porque aumenta la violencia.

Encuentros previos

Entre 2002 y 2014, murieron asesinados 111 defensores y defensoras, 12 de ellos en 2014, lo que hace que Honduras se convierta en uno de los países más peligrosos del mundo para las y defender los derechos fundamentales.

Con el propósito de analizar la situación de este sector en el país y proponer soluciones al problema de la impunidad que impera a nivel de Latinoamérica y otras partes del mundo, diversas organizaciones nacionales e internacionales que trabajan el tema se reunieron en Tegucigalpa del 25 al 27 de agosto de este año y aprovecharon una visita académica de Michel Forst Relator sobre la Protección de defensores y defensoras de las Naciones Unidas (ONU) que coincidió con el encuentro.

En 2014, mediante la resolución 25/18, el Consejo de Derechos Humanos decidió continuar el mandato de la Relatoría sobre las y los defensoras de derechos humanos por un período consecutivo de tres años.

Forst, quien es originario de Francia, fue nombrado por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos como Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos.

El Sr. Forst tiene una extensa experiencia en temas de derechos humanos, incluidos la situación de las y los defensores de derechos humanos, los derechos de niños con discapacidad, pobreza extrema, y personas mayores.  Ha ocupado posiciones de liderazgo en el campo de los derechos humanos, includido en la Comisión Nacional Consultativa Francesa de Derechos Humanos, el Comité Cimade (Comité Inter-movimientos de Ayuda a los Evacuados), UNESCO, la primera Cumbre Mundial sobre Defensores y Defensoras de derechos humanos (Paris), y  Amnistía Internacional (Francia).

Una misión de seguimiento  de esta relatoría vendría en los próximos años a Honduras para poder ver que se ha hecho y hacer las respectivas recomendaciones, y así poder ver la efectividad del desarrollo y hacer una evaluación de la impunidad.

Es necesario atender a las buenas prácticas de protección a las y los defensores, que son medidas para evitar que sean asesinados,  como son las escoltas o la reubicación en otros países indicó el relator.

Para compartir sus experiencias de legislación, políticas públicas y cualquier tipo de acción que estén realizando en la protección de las y los defensores de derechos humanos e investigar en los casos de agresiones físicas o psicológicas contra las personas que defienden los derechos humanos en las regiones, asistieron  expositores como la Directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para México y Centroamérica Marcia Aguiluz, el defensor de derechos humanos de Guatemala y representante  de Protección International, Xavier Zabala, la directora Ejecutiva  del Centro de Estudios de la Mujer, (CEM-H), Suyapa Martínez, Abraham Abrego de (CESPAD) de El Salvador, y Claudia Samayoa, directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, (UDEFEGUA).

País peligroso

Una noticia que circuló el 19 de agosto del presente año, en Ginebra acerca de Honduras en donde fue calificado por dos importantes expertos de la ONU y del Sistema Interamericano como uno de los países más peligrosos para las defensoras y defensores de derechos humanos,  ya que la información recibida dice que en los meses de este año han sido asesinados 8 personas que defienden esos derechos en el país.

“El Gobierno de Honduras debe adoptar y aplicar de manera inmediata medidas efectivas para proteger a las defensoras y los defensores de derechos humanos, para que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato”, indicaron el Relator especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos de la Organización de la ONU, Michel Forst, y el Relator interamericano sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez.

La violencia y los atentados contra personas defensoras de derechos humanos no sólo afectan las garantías básicas de cada individuo. También socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática”,  subrayaron los expertos.

Los Relatores Forst y Orozco Henríquez hicieron referencia a la creación de un mecanismo de protección para defensoras y defensores y otros grupos en 2015, así como también a los esfuerzos del Estado para  que el mecanismo sea totalmente operativo. “No obstante”, señalaron, “aún no se ha puesto a prueba la implementación del mecanismo”.

“Los crímenes cometidos contra las defensoras y los defensores de derechos humanos, especialmente asesinatos a sangre fría, no deben quedar impunes, ya que la impunidad es el enemigo y el mayor desincentivo de cualquier esquema de protección..”, concluyeron los expertos.

Defender es un derecho

En su exposición, Marcia Aguiluz comentó que se parte de una obligación general para saber por qué es importante proteger a las y los defensores, ésta, está establecida en la Convención Americana de los Derechos Humanos que establece el respeto y la garantía de los derechos implica avalar el derecho a defenderlos.

Van a depender de las situaciones especiales que tenga un determinado sujeto, por ende se requieren formas particulares de protección y se empezó a hablar del reconocimiento de las y los defensores desde que la ONU aprobó la declaración de derechos humanos en 1998.

Supone que cualquier persona de manera individual o colectiva tiene la potestad de promover, defender, proteger y procurar los derechos humanos, en el plano nacional e internacional.

La Comisión Interamericana ya se ha pronunciado a favor de proteger a defensores y defensoras, la defensa se puede hacer en cualquier lugar como el derecho a la vida y otros que están en discusión, ejemplo; “cuando hablamos de temas como los derechos sexuales y reproductivos, unos mantienen discursos que no son derechos, que estamos inventando cosas”.

Aguiluz mencionó casos concretos en los que la Corte se pronunció como es el de Janette Kawas, ambientalista asesinada en 1995, la primera que se conoce públicamente, aquí se habló que la defensa de derechos humanos no solo es respecto a derechos civiles y políticos, sino que abarca los económicos, sociales y culturales.

La restricción que se refiere a la prohibición de reunirse para defender los derechos debe ser únicamente en base a ley con un fin legítimo y que sea necesario, en el país en algún momento pasaron una ley que establece revisiones periódicas a organizaciones, puede ser que estén en el reglamento, que sean válidas pero “habría que cuestionar si persiguen un fin legítimo y si son necesarias”,  indicó Aguiluz.

Otro tema al que hizo referencia la representante de CEJIL  fue la criminalización, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de abstenerse de imponer obstáculos, tiene el correlativo de “cómo ejercemos nuestro derecho a defender libre de injerencia, de ahí que la criminalización viene siendo una traba que cada vez más utilizan nuestros gobiernos, para impedir el ejercicio”.

Inestabilidad del mecanismo

Mientras que Suyapa Martínez como propietaria en el Consejo de Protección, cuyos representantes tomaron posesión en diciembre del 2015 enlistó que el Sistema de Protección está integrado por la Secretaría de Derechos Humanos, El Consejo Nacional de Protección, Dirección General, El Comité Técnico, el Mecanismo de Protección y el Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.

Algunos avances es que se ha hecho una propuesta de reglamento con los aportes de varias organizaciones de derechos humanos, el que aún no ha sido aprobado, ya que fue remitido a la coordinación general de gobierno, “no sé por qué, la ley dice que el consejo deberá aprobarlo, lo regresaron con observaciones de artículos que plantearon que no iban”, dijo la feminista.

Explicó que el procedimiento para acceder al Sistema de Protección es a través de la Dirección General de Protección en donde se recogen las solicitudes, se pasan al comité para coordinar con las instituciones, considerando “que las medidas que dan allí son más policiacas  que incluye recorrido de patrulla, asignación de un elemento, y la mayor parte de las medidas son rechazadas”.

Otra desventaja es que se han rotado mucho los encargados de dirección del mecanismo “hoy ya ni sabemos quién es”, añadió que existe mucha inestabilidad lo que genera problemas, ya no se sabe a quién debe dirigirse en un momento dado.

Sin embargo, la dispareja institución del Consejo cuando son siete entes estatales contra dos representantes de la Sociedad Civil, contando los gremios que inclinan la balanza hacia el lado oficialista, “ahí viene la aplanadora”, sostuvo la defensora.

Martínez informó que el mecanismo ha recibido 38 solicitudes de protección, de las cuales 13 son defensoras de derechos humanos, aunque ignoran sus nombres “porque ahí nos dan información generalizada”, 3 ambientalistas, 2 de estudiantes y 10 sindicalistas.

A lo que calificó que las estadísticas que le brindan al Consejo les causan dificultades, “necesitamos que las desagreguen, que sean más específicas en los informes”, agregó que “el Comité Técnico viene a ser la Secretaría de Seguridad” lo que hace un contraste porque si un defensor solicita protección y el agresor es un policía.

Preocupa a la defensora los protocolos de análisis de riesgos creados sin la participación de la Sociedad Civil, al parecer está caminando casi en completa soledad, además que existe una ley sin suficientes recursos , “dicen que hay diez millones, después dijeron que veinte y a saber cuánto es en verdad”.

La mezcla de la ley para proteger desiguales actores es negativo, porque cada grupo debe ser protegido de forma diferenciada, tampoco se reconoce a las representantes de defensa de los derechos de las mujeres como defensoras.

Martínez hizo la observación que hay un ligero contraste entre el reconocimiento de defensor y el nuevo Código Penal incluyéndolos en las figuras de injurias, calumnias, criminalización de la protesta social y otras,  “nos preocupa seriamente como que por aquí hago un bien, pero por allá un mal”.

Aparte de la falta de visión integral de la protección, de hecho han logrado colocar en debate dentro del Consejo temas como el asesinato de Berta Cáceres, teniendo claro que no es competencia de este espacio, pero se aprovechó que convocaron a una reunión extraordinaria cuando sucedió la muerte de la defensora,  otro tema fue la criminalización de los universitarios, el cierre de medios de comunicación, al menos para interpelar.

Por el lado de las defensoras de derechos de las mujeres colocaron la despenalización del aborto, en el sentido de la criminalización que les hizo la iglesia “mandando que nos apedrearan a todas, pero no se elaboró una interpelación”,  añadió que evidenció el fundamentalismo religioso que impera dentro del mismo Consejo.

Situación crítica

En su intervención Claudia Samayoa narró que la primera vez que en Guatemala se reconoció un patrón de violencia contra de defensoras y defensores de derechos humanos, fue en el año 2002, “por supuesto que no significó mayor cosa”.

Del mismo modo que quienes perpetraban los hechos pertenecían a un entramado interno, los cuerpos ilegales y grupos clandestinos de seguridad más conocidos como “paramilitares” y las estructuras militares de inteligencia.

La fiscalía guatemalteca creó una unidad para desarmar cuerpos ilegales, además, de unidades especializadas en cada áreas como periodistas, campesinos, sindicalistas, pero que al final arrojaron “cero resultados”.

Para los guatemaltecos el 75% de las agresiones que registraron eran responsabilidad de la policía y estructuras paralelas con capacidad operativa, por ende, empezaron a solicitar una Comisión de la Verdad.

Samayoa expresó que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue creada el 12 de diciembre de 2006 por medio del acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, tras la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007 (CICIG) es el segundo gran momento de discusión con el Estado de que la responsabilidad de la protección de defensores y defensoras de derechos humanos pasa por desestructurar las estructuras que generan la violencia (inteligencia militar y crimen organizado).

“Que los de derechos humanos discutieran crimen organizado era el paso que tenía que darse” añadió Samayoa que de todos los casos de asesinatos registrados solo 7 han sido resueltos sin casación, de estos, tres los perpetradores fueron liberados y en ninguno se ha buscado la autoridad mediática e intelectual.

Deatalló que en el Ministerio Público de su país existe un grado de impunidad del 99por ciento ; tienen una fiscalía de Derechos Humanos “que se supone debería investigar los delitos de violaciones, pero es la que criminaliza, ha habido casos en que un defensor va a poner su denuncia y saliendo lo capturan”.

De ahí que en sus estadísticas tienen desde hace 16 años hasta la fecha  cuatro mil 487 casos de defensores de derechos humanos agredidos, 216 asesinados, 120 secuestrados y 30 torturados.

Defensores sin categoría

Abraham Abrego de El Salvador reiteró que para proteger a las y los defensores debe haber un reconocimiento legal y prohibir la discriminación.

Por eso, en el 2010 en su país aprobaron el decreto ejecutivo donde se prohíbe en la administración pública, la discriminación de género y orientación sexual.

En el tema de los ataques y asesinatos contra defensores es mencionado en el Código Penal en el artículo 30 numeral 33, reconoce la posibilidad de calificar como agravante, cuando la persona se dedique a la promoción y defensión de los derechos humanos.

Normalmente la gente desconfía de algunas medidas de protección con respecto a que es la policía, ya que algunos de sus agentes están involucrados en las violaciones.

Mencionó un caso grave que sucedió en donde unos agentes que tenían la responsabilidad de salvaguardar la vida de unas jóvenes, lo que hicieron fue violarlas.

Los salvadoreños no cuentan con un marco legal de protección de defensores, por ahí, que la categoría no está reconocida por el Estado, por lo tanto, no hay gastos de seguridad para ataques contra ellos y ellas, finalizó Abrego. 

Detenciones defensoras

Casualmente de la visita del Relator para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, Gabriela Díaz y Karen Mejía defensoras del Centro de Derechos de la Mujer (CDM), recién salieron del evento tomaron y un taxi fueron ilegalmente detenidas por elementos de la Policía Municipal y Policía Nacional.

Al lugar de la detención se hicieron presentes la periodista Sandra Maribel Sánchez (madre de Gabriela) y el abogado/defensor de derechos humanos Edy Tabora director ejecutivo del Comité para la Libre Expresión (C-libre), así como varias defensoras de diferentes organizaciones y periodistas. Tábora al identificarse como defensor cuando iba a auxiliar a las afectadas fue empujado bruscamente por el policía de apellido Gáleas.

Ambas defensoras fueron  transportadas a la Policía Metropolitana Número Uno antes conocida como CORE 7 en la patrulla MI037; según narraron ambas, con los uniformados andaba un camarógrafo del comunicación “Hable como Hable”, a quien el policía Rubio le insistió que le hiciera tomas a los rostros de las defensoras para que todo el mundo supiera que eran delincuentes, denunciaron.

Díaz exteriorizó que se  sintió “vulnerable, “ se siente cómo mujer defensora cuando enfrentas una institución fundamentalmente patriarcal, el abuso de los hombres armados, estábamos Karen y yo con 20 hombres, armados, agrediéndonos e intimidándonos, amenazándonos”.

En tanto, Karen Mejía denunció que  “veníamos de la reunión con el relator, nosotras les dijimos que éramos defensoras de derechos humanos, necesitábamos saber por qué motivo nos detenían, pero en ningún momento lo hicieron, nos intimidaron en todo el camino, cuando reiterábamos que éramos defensoras les causaba gracia”.

Este incidente fue de conocimiento de Michel Forst,  Relator sobre la Protección de defensores y defensoras de las Naciones Unidas. Las organizaciones que se hicieron presentes al Core 7 fueron Periodismo y Democracia, Aci Participa,         C-Libre, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y KULULKAN.

El día siguiente la Secretaría de Seguridad hizo público un comunicado en donde cito: que atendieron a versiones del conductor del taxi con registro 4668, Walter Salomón Ramírez Ávila, que transitaba por el barrio Guadalupe, cuando de repente, le hicieron señal de parada dos damas, por lo que de inmediato estacionó su vehículo, pidiéndole ellas que las condujera al centro de Tegucigalpa y que tuvo miedo de que lo asaltaran.

Acusaron a los Organismos de Derechos Humanos de actuar con ligereza por desconocimiento de los hechos, ya que las defensoras no fueron detenidas ilegalmente.