El golpe de Estado del 28 de junio del 2009 profundizó la  instalación de proyectos extractivistas y entrega de territorios ancestrales, sin la consulta previa, libre e informada, contenida en el convenio 169, logrando con ésto el despojo contra los pueblos negros e indígenas.

Sin tener en cuenta que Honduras ratificó este pacto con la Organización Internacional del Trabajo, OIT, pero el Estado de Honduras no procedió  a adaptarlo a las leyes nacionales tal como lo sugiere la Convención de Viena sobre tratados de 1969.

De paso, ignorando la Ley de protección indígena, el Banco Interamericano de Desarrollo, (BID), promovió una normativa que pretendió diluir el Convenio 169 para convertirlo en una ley secundaria. Veintiún  años después de la ratificación de este tratado, el Estado en contubernio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) procuraron imponer una consulta Previa, Libre e Informada, (CPLI), en la que al ser puesta en práctica, desconocería por completo la voluntad de los pueblos, según denuncia de la OFRANEH.

A raíz de esto en el 2013 fueron presentados tres borradores de anteproyecto de “Consulta” al Legislativo; una propuesta por parte del Programa de colaboración de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación de Bosques en los países en Desarrollo, (REDD+), planteó la necesidad para poder cumplir con los preceptos estipulados de las salvaguardas de sus proyectos; el PNUD asumió la promoción de la creación de la Ley, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), quien socializó el borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015.

El otro documento lo proporcionó la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños,(DINAFROH), mientras que el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras, elaboró su propia versión utilizando la metodología de recolectar insumos realizando talleres comunitarios.

Este año OFRANEH se llevó la sorpresa que en la mesa de discusión del Congreso Nacional apareció una versión elaborada a puertas cerradas en donde claramente garantiza los intereses del Estado, las transnacionales y del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, (COHEP).

Recordando que los conflictos en los territorios son creados principalmente por estos tres actores, generando la persecución, agresiones, amenazas y homicidios de personas defensoras de la tierra, los ríos y los recursos naturales.

Son dos décadas en que los gobiernos tergiversaron las consultas, cuando simplemente en algunos casos solamente llegaron a las comunidades con un folleto para socializar los proyectos hidroeléctricos y extractivistas, mediante una serie de “reuniones comunitarias” con el pueblo Garífuna, lo que no dicen es que ya han puesto en marcha las concesiones, denunció OFRANEH.

Agrega una denuncia que publicaron en su página que “Llegan como los primeros colonizadores que intercambiaban espejos por oro, con prebendas y promesas para comprar las voluntades de los líderes comunitarios, el llamado “desarrollo” es la técnica más utilizada, causando la división de los pueblos, al contratar a un reducido número de pobladores, los que se ponen al servicio en la defensa de los intereses de las empresas nacionales e internacionales, lo que en la mayoría de las situaciones “pelean hermanos contra hermanos”, provocando que “grupúsculos” representen y maquillen las posiciones asumidas por los pueblos”.

El Congreso Nacional después de la ruptura del orden constitucional del 2009 aprobó a matacaballo una avalancha de leyes nocivas para los pueblos indígenas como la Ley de Aguas, la Forestal, la de Pesca, la Red que posteriormente le cambiaron el nombre a Zona Especiales de Desarrollo Económico, (ZEDES), sin dejar a un lado la entrega de la Plataforma Continental en la Mosquitia a BG-SHEL.

Tristemente las organizaciones que deberían velar por los intereses de los pueblos negros como DINAFROH y CONPAH guardaron silencio ante tremendos abusos, “de ahí que concederles el beneficio de la duda, a las posibles buenas intenciones que albergue el anteproyecto de Ley introducido por el gobierno al Congreso Nacional es inaudito  y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus propias  versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron soterradas en aras de los intereses del Estado”, sostuvo OFRANEH.

DINAFROH fue creado después del golpe de Estado y se ha encargado de la socialización de la Ley redactada por el mismo, sin embargo, el Programa REDD en el continente africano está neo colonizando al pueblo SENGWER, quizás este antecedente sirva para pronosticar el trabajo que pretenden realizar en Honduras, reiteró OFRANEH.

“El asesinato de nuestra  líder indígena Berta Cáceres sirvió de catalizador, en referencia a las incontables denuncias presentadas por los pueblos indígenas, ante la violencia imperante y la imposición de proyectos de supuesto desarrollo, además de la distorsión del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, la cual es vital para la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas”, aseguró OFRANEH.

Recordó que con todo esto el estado está violando  el Convenio 169 de la OIT y la Declaración  de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los que obligan a  efectuar una consulta previa para la obtención del consentimiento, antes de tomar medidas legislativas que puedan afectar a los pueblos indígenas.

Para OFRANEH la defensa de la soberanía Westfaliana que ha esgrimido el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Corte IDH), demostró el total desconocimiento que tiene éste de la autodeterminación de los pueblos.

Por otra parte mencionaron que Honduras fue condenada por la CorteIDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa.

“La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se ciñe a los estándares internacionales en materia de derecho indígena y mucho menos se apega al Lus    Cogens” señaló la organización negra.

“Nosotros  insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el Estado de Honduras; además del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas”, concluyó Mirian Miranda la coordinadora de OFRANEH.

Fuente:

https://honduprensa.wordpress.com/tag/ofraneh/