Nos encontramos para impulsar estrategias nacionales por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, para visibilizar públicamente la gravedad del extractivismo en nuestros territorios, y para impulsar la unidad comunitaria y territorial, la movilización y la resistencia permanente. Como actoras y actores en la lucha territorial y contra el modelo extractivista, nos conmocionan los graves daños a la madre tierra, las familias y comunidades, ocasionados por la imposición de proyectos extractivos como las Zonas Especiales de Desarrollo, mineras, plantas solares, hidroeléctricas, térmicas, refinerías, megaproyectos turísticos, concesionamiento del agua, concesionamiento de carreteras, mega agricultura, semillas transgénicas, explotación petrolera, pesca industrial y explotación de los bosques.

 Estos proyectos son desarrollados a costa de la violación de los derechos humanos, la violación del Convenio 169 de la OIT, la estigmatización y criminalización a las organizaciones, división de las comunidades, la judicialización de defensoras y defensores y el asesinato de compañeras y compañeros que han hecho frente a este modelo de despojo que a expensas de extraer nuestros bienes comunes para cubrir las demandas de grandes capitales, se empobrece a las comunidades, y desde nuestros territorios siguen funcionando como enclaves de nuevo tipo en la que las transnacionales son las que obtienen los beneficios económicos.

Esto responde a una política de neo colonización de los territorios, en la que el despojo es justificado bajo la idea del mal llamado desarrollo, dando pie al acelerado aumento de las agresiones de diversas empresas, respondiendo a un modelo de producción que privilegia la obtención y acumulación de riquezas de una oligarquía que a través de 714 proyectos extractivos desprecia la vida de nuestros pueblos y comunidades. 

Denunciamos que la imposición de este modelo extractivista ha generado un acelerado caos climático que pone en riesgo la sobrevivencia de la humanidad. Denunciamos que Honduras es en este momento el segundo país de América Latina en la producción de palma aceitera, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de la población. 

Denunciamos que este modelo extractivista, genera violencia e inseguridad, migración, desalojo forzado y el desplazamiento de pueblos y comunidades, por todos los graves daños sociales y a la naturaleza.

Por la defensa de la vida, nuestros espacios sagrados, nuestros bosques, ríos, montes,manantiales y nuestros hijos e hijas, EXIGIMOS: 

 A los políticos y gobernantes: 

 - La cancelación de todos los proyectos extractivistas dentro de nuestros territorios que ponen en riesgo la vida de nuestros pueblos y comunidades. 

- La derogación de las Leyes que permiten la inversión de proyectos extractivos que generan destrucción de los bienes comunes y de la naturaleza, corrupción y violación a los derechos humanos individuales y colectivos en nuestro país. 

- Respeto a los procedimientos expresados en convenios de los que como país somos firmantes como el convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales que garantizan el respeto a los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas. 
- Condenamos la imposición de reelección y la política de militarización y represión estatal. 

A las comunidades y pueblos de nuestro país: Que sumemos fuerzas, que defendamos lo que es nuestro y no permitamos que se nos arrebatel esta casa común en la que vivimos, que se tome conciencia de los daños severos que produce este modelo extractivista de muerte y que juntos y juntas nos levantemos en una sola fuerza para detener el empobrecimiento por despojo de nuestros pueblos. 

¡Arreciemos la Lucha, ya no hay tiempo! 

Dado en Tegucigalpa, a los 15 días del mes de noviembre de 2016 Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras