El 25 de agosto de 2015 el presidente del Poder  Legislativo, Mauricio Oliva, presentó el anteproyecto de la nueva legislación aduciendo que estaba de acuerdo con el  entorno geopolítico, social, económico y cultural en que se desenvuelve la sociedad hondureña, sin embargo lo dicho dista mucho de los hechos, en lo que va del año se han aprobado artículos de este  Código sin que la ciudadanía hondureña se entere ni que haya participación de la sociedad civil que ya alertó del zarpazo que se pretende dar contra los derechos humanos, pero los oídos de quienes impulsan este proyecto están cerrados.

Según Guillermo López Lone, abogado , ex Juez San Pedro Sula e integrante de la Asociación de Jueces por la Democracia-Coalición contra la Impunidad, en la Articulación 611,  “quienes están impulsando la aprobación del Código es una camarilla que controla el Congreso Nacional”. 

Unas 75 organizaciones aglutinadas en la Articulación 611 cuyo objetivo es evitar que se apruebe este adefesio jurídico por violatorio a los derechos fundamentales de la población, se han reunido para analizar las estrategias de lucha de cara a la actitud autoritaria del presidente del Congreso Nacional, apoyado por la Cooperación Española que defiende a capa y espada este código, no se sabe qué es lo que se cocina bajo la mesa para que el gobierno español permita que se incluyan delitos que vendrán a provocar  graves violaciones a los derechos humanos.

Esta camarilla de la que habla López Lone también ha desoído las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, que señala diferentes aspectos que violan convenios y tratados internacionales de protección a los derechos humanos.

La arbitrariedad ha sido tan grande que ni siquiera se entregado a las organizaciones  la última versión en discusión y a pura presión, este poder del Estado hizo una reunión para lo cual delegó una funcionaria de quinta categoría . El presidente del Parlamento aunque en su propaganda de subida de imagen destaca que la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales de su gestión, en la práctica ni siquiera se deja ver, esto genera más suspicacias.

Entre las graves violaciones a los derechos humanos que se cocinan con todos los ingredientes de autoritarismo están la represión a la protesta social; orientación malintencionada de las figuras penales de terrorismo; desórdenes públicos; desobediencia; sedición; manifestación ilícita; atentado; asociación para delinquir; usurpación; desórdenes públicos y perturbación del orden. Todos estos delitos están encaminados a reprimir a la ciudadanía y lleva implícito un castigo para quienes reclamen derechos o demanden respeto por parte de los funcionarios públicos.

La Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que deben revisarse “de manera integral y bajo una óptica de excepcionalidad el apartado de los delitos contra el orden público, con el fin de asegurar su compatibilidad con el ejercicio de derechos humanos transcendentales en una sociedad democrática, como el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación. La revisión incluye examinar de forma restrictiva el delito de terrorismo para adecuarla a los estándares y pautas promovidas de forma consistente por el sistema de las Naciones Unidas”.

También destaca que “los mecanismos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas han expresado constantemente la necesidad de reformar las leyes sobre la difamación, la injuria y la calumnia para que sean compatibles con el derecho a la libertad de expresión..” “recomienda que los delitos de injurias y calumnias sean derogados de la legislación penal y pasen a la legislación civil y que se defina conforme a los estándares internacionales”.

Este organismo internacional en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en especial sobre el aborto, recomienda que se tome en cuenta los mecanismos de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y órganos internacionales de derechos fundamentales que han señalado que los Estados permitan el aborto en ciertos casos, indicando claramente que negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o salud de la mujer, o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de incesto, viola los derechos a la salud, a la privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Por qué Sociedad Civil considera aberrante el nuevo Código Penal?

Uno de los escenarios que estamos valorando es que la Cámara Legislativa se disponga nuevamente a discutir y aprobar el nuevo código penal que es fundamentalmente la parte especial, dijo López Lone.

Para él lo que están haciendo es aprobar una legislación que les garantice una serie de normas contempladas para criminalizar la protesta social, ésto en un contexto reeleccionista del actual presidente Juan Orlando Hernández  es todavía más peligroso.

Hay el objetivo de tener una contención contra los esfuerzos de la sociedad civil y de los movimientos sociales para que no se inquieten y se concrete el proyecto de la clase política y el extractivista que está en marcha en el país.

Es deplorable el papel que está jugando la cooperación internacional, en especial la Cooperación Española que es la que está sosteniendo todo el esfuerzo del equipo de consultores que han elaborado la propuesta, denunció el entrevistado.

El togado expresó que la mayor parte de las figuras de este proyecto de código no están acordes con los estándares internacionales de derechos humanos y ha trasladado un gran número de delitos de la legislación española que para aquella realidad cultural , política e institucional podrían funcionar, “ pero en Honduras donde carecemos  de institucionalidad esas figuras van a venir a crear una situación bastante crítica y habrán innumerables violaciones a los derechos humanos”, advirtió.

Eva Sánchez, de la Organización Las Hormigas, de la Tribuna de Mujeres contra los Femicidios, dijo que esta legislación afectaría a las mujeres porque se está criminalizando la lucha social donde ellas  tienen mucho protagonismo con movilizaciones y plantones lo cual está contemplado como un derecho en la Constitución de la República.

Agregó que con los delitos incluidos sobre el aborto se está elevando las penas pero en relación a la corrupción las mismas son bajas, en especial si vemos lo del seguro social donde hubo muchas muertes.

“Este poder está interesado en  implementar políticas que beneficien a los que tienen más dinero y cuando hay oposición fuerte a ellos, una forma fácil es la represión a través de la violencia y la judicialización de estas luchas, como ejemplo tenemos el caso de Gladys Lanza que la sentenciaron por defender derechos de mujeres”.

Recalcó que casi siempre se castiga a aquellas personas que no tienen como defenderse, en especial a las mujeres, pero aquellos de cuello blanco nunca son castigados.

Isabel Martínez, Red de Mujeres de Santa Ana, dijo que de aprobarse tal como está esta legislación, sería un retroceso, y lo preocupante es que en el área rural es mucho más difícil defender derechos.

Sobre la criminalización de la protesta social adelantó que “nosotras estamos bien identificadas porque protestamos por las cosas que nos afectan, entonces en la zona Sur ya se sabe cuáles somos las organizaciones que estamos defendiendo derechos, iríamos directamente a prisión solo por manifestarnos pacíficamente”.

“Nos afecta cuando se habla del aborto, porque una mujer que vive con VIH sufre una violencia sexual y sale embarazada es doble gasto para el Estado y debe ser prioridad que se pueda asumir el aborto y se dé una medida profiláctica”, manifestó Benita Ramírez, de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH al referirse al tema, lo cual  afectaría gravemente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Por su parte Karla Alegría, abogada de Vía Campesina-Honduras, describió que el proyecto de Código que se discute viene a afectar en gran medida al movimiento campesino porque aumenta la pena en el delito de usurpación así como en las figuras de alteración de linderos y delitos ambientales,

Según explicó “el texto de lo que se plasma sobre el delito de usurpación es muy subjetivo, porque se señala que si hay uso de la fuerza o intimidación aumenta la pena”.

A su parecer hay un mensaje directo hacia los campesinos y favorece a los terratenientes , “viene con nombre y apellido para desmovilizar al movimiento campesino, y allí se incluyen para lograrlo los delitos de manifestaciones ilícitas y desordenes públicos”, finalizó.