Hernández ha utilizado cualquier argumento para conectar su paquete de reformas que llevan intrínsecas graves violaciones a los derechos humanos. Además ha movido su maquinaria política y mediática para presionar por dichas reformas  con las que en el fondo quiere blindarse para trabajar tranquilo en la campaña política por su reelección sin que haya protesta ciudadana.

“Creemos que las reformas propuestas por el Ejecutivo constituirán un mecanismo para hacer más difícil el acceso a la justicia y violentará derechos humanos de la sociedad, como el derecho a la manifestación pública, que es vinculado al delito de Terrorismo y conlleva tipificaciones que no respetan los elementos que lo constituyen como tal: la motivación o finalidad de carácter político, la determinación de querer subvertir el orden constitucional, o de debilitar las instituciones públicas. En su lugar, la reforma aplicará penas a quienes infundan  miedo, y tomando en cuenta que se estigmatiza  a las manifestaciones de los movimientos sociales como alteradores de la paz pública, que limitan derechos fundamentales”, señala parte de la carta de las organizaciones de sociedad civil.

Reiteraron su demanda de participación en las discusiones de tales reformas, pedido que desde hace varios meses están haciendo sin que tengan  eco en quienes tienen concentradas las discusiones.

En la carta también solicitan que “la reforma penal respete y se circunscriba a los elementos típicos indispensables tanto para el delito de extorsión como para el de terrorismo, cuidando de que no se legislen  figuras penales ambiguas o abiertas”.

Lea la carta íntegra enviada al pleno del Congreso Nacional:

Las redes de organizaciones de derechos humanos y sociedad civil Articulación 611 y Coalición Contra la Impunidad integrada por más de 40 organizaciones de sociedad civil, por este medio hacen un llamado a los honorables diputados y diputadas del Congreso Nacional ante las reformas propuestas al Código Penal por el Poder Ejecutivo a ser discutidas este 23 de enero, con los siguientes puntos:

• Creemos que las reformas propuestas por el Ejecutivo constituirán un mecanismo para hacer más difícil el acceso a la justicia y violentará derechos humanos de la sociedad, como el derecho a la manifestación pública, que es vinculado al delito de Terrorismo y conlleva tipificaciones que no respetan los elementos que lo constituyen como tal: la motivación o finalidad de carácter político, la determinación de querer subvertir el orden constitucional, o de debilitar las instituciones públicas. En su lugar, la reforma aplicará penas a quienes infundan  miedo, y tomando en cuenta que se estigmatiza  a las manifestaciones de los movimientos sociales como alteradores de la paz pública, que limitan derechos fundamentales. Este delito debe ser objeto de discusión y de una conceptualización clara y puntual, al igual que otros que podrían interpretarse a antojo de quienes quieran ensañarse contra las protestas sociales.
• Demandamos al Congreso Nacional la participación de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil en este debate puesto que contamos con una propuesta sobre estas reformas en el marco del respeto a los derechos humanos a nivel nacional, enmarcados en los estándares internacionales y Convenios firmados por el Estado de Honduras.
• Esperamos que la reforma penal respete y se circunscriba a los elementos típicos indispensables tanto para el delito de extorsión como para el de terrorismo, cuidando de que no se legislen  figuras penales ambiguas o abiertas.
• • Demandamos descartar de este decreto aquellas reformas que produzcan un retroceso para el carácter garantista del proceso penal, y que finalmente lo aprobado no vaya a limitar derechos y libertades de las personas.

Esperamos la consideración del  presente documento por el Pleno de este Congreso, quienes se rigen por las demandas del pueblo soberano que los eligió.

Articulación 611

Coalición contra la Impunidad

Dado en la ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa a los 23 días del mes de enero de 2017.