El hecho ocurrió a eso de las 10 de la noche de esa fecha  en un lugar cercano al acceso del Jardín Botánico Lancetilla. Ese mismo día Mejía había encabezado por la mañana la inspección antes mencionada, con la finalidad de constatar daños ambientales ocasionados en la zona, encontrando que dicha construcción hidroeléctrica está afectando el agua potable que beneficia a varias comunidades.

En el momento del atentado Mejía iba en su vehículo y recibió tres disparos, afortunadamente salió ileso del percance.

Dicha empresa inicio sus actividades desde abril del 2016, se colocó en la parte superior, lo que afecta los proyectos de agua potable de las comunidades, ya que estos se ubican abajo del rio, por ende, cualquier intervención tendrá un impacto en el agua que consumen alrededor de 17  mil personas, impacta  directamente a Planes de Arena Blanca, Pajuiles, Urraco, aldeas del municipio de Yoro, entre otras.

En Mayo del año pasado  presentaron una denuncia ante el Ministerio Público y en agosto el dictamen fue que violentaban derechos fundamentales de la población, especialmente el agua.

Las acciones del fiscal se vieron motivadas por varias denuncias y acciones promovidas por  el MADJ y algunas comunidades ante el Ministerio Público de Tela, por los daños, el Abuso de Autoridad de funcionarios y la violación de derechos humanos de la que son víctimas por los actos irresponsables de la Empresa Centrales Hidroeléctricas los Planes.

El Coordinador General del MADJ, Martin Fernández Guzmán, narró que “vivimos en un marco de inseguridad en el país, que por la diligencia que se practicó por una concesión hidroeléctrica sobre el Rio “Pajuiles”, en Mezapa; en el cual la empresa aseguró que ha cumplido con el procedimiento, sin embargo, está bastante cuestionado porque no se tomó en cuenta la participación de las comunidades, la situación se da que justamente el mismo día en que se practicó la inspección en la zona y después de que el fiscal hizo una publicación en la página del Ministerio Público él es atacado”.

Lo que le llama la atención al MADJ es que el mencionado Fiscal acaba de ser asignado a ese lugar, “como para que digan que existen antecedentes de conflicto con su persona, sostuvo Fernández”.

El profesional del derecho analizó que el atentado pudo haber sido dirigido como un acto de distracción o intimidación a las personas de las comunidades que se están oponiendo a la construcción de la hidroeléctrica y generar temor.

Por eso el comunicado emitido condenó el hecho, exigieron una investigación a fondo y que se sancione a los responsables.

Al mismo tiempo, alertaron sobre el riesgo que corren las y los miembros del MADJ desde muchos años porque asumen el desafío de defender el derecho a decidir sobre el territorio, a defender el agua y todos los derechos humanos “afectados por la voracidad extractivista del gobierno y Estado de Honduras, aliado con grupos económicos criminales”.

Fernández denunció que ya existen evidentes daños al ambiente que están escritos en el informe que se encuentra en proceso para ser presentado. Las comunidades víctimas son “ladinas”, pero el rio en la parte de abajo pasa por  aldeas garífunas.

La Ley de municipalidades establece el procedimiento para que se realice un proyecto en el territorio como las consultas, los cabildos abiertos y la socialización, sobre todo lo que afecte la vida de las y los habitantes de las zonas.También en la Ley General del ambiente establece las prioridades respecto a las aguas.

Fernández indicó que especialmente en estos ríos no podrían permitírseles de manera absoluta la instalación de un proyecto hidroeléctrico; primero porque existe un beneficio del agua para consumo humano, lo que confronta el principio del derecho reconocido internacionalmente, para el caso el derecho al agua, las Naciones Unidas en el 2010 lo estableció como derecho fundamental.

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento,  son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que "El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna". La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

El MADJ, señaló que en el derecho interno también se recoge como un derecho el acceso al agua, ellos tienen conocimiento de que Jason Hawit tiene dos concesiones de hidroeléctricas, él ostenta la presidencia de Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. HIDROCEP. Anteriormente aparecía ligado a la empresa Planes Emil Abufeles.

Pero a la par de estos proyectos, la población se está organizando para oponerse a la privatización de sus afluentes, tal es el caso de más de 40 comunidades de Tela, Atlántida y El Progreso, Yoro, quienes están librando una pertinaz lucha contra la instalación de represas en los ríos Mezapita, Pajuiles y Las Metalias, según lo publicó Radio Progreso.

 Desborde de concesiones

Posteriormente en agosto de 2009, en plena crisis política post golpe de Estado, se aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país; de manera simultánea y apresurada, se convoca al proceso de Licitación ENEE No. 100-1293/2009 para 47 proyectos de generación eléctrica en todo el país.

Producto de la Licitación ENEE No. 100-1293/2009, en el mes de junio de 2010 se aprobaron 40 empresas privadas  de las 47 solicitudes de concesión para generación de energía hidroeléctrica; de las cuales, 6 se localizan en el Departamento de Santa Bárbara y 3 de estas en la Región de los Valles; los proyectos denominados: Chamelecón 280 y Rio Blanco Los Puentes, en el Municipio de Macuelizo; y el proyecto denominado Rio Tapalapa, en los Municipios de San Marcos y San Luís.

El MADJ responsabilizó al Estado y gobierno de Honduras por cualquier violación a derechos que puedan sufrir los ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras del Movimiento Amplio que asumen su deber ciudadano de defender el territorio de la corrupción, el despojo y la impunidad que hoy impera.