En Honduras las mujeres pasan por una grave situación de violencia y el 27 por ciento reportaron haber sufrido algún tipo de intimidación física en cualquier momento de sus vidas.

Wendy Cruz de la Vía Campesina narró que desde hace cinco años, varias organizaciones feministas y campesinas empezaron a realizar acciones en días conmemorativos a las mujeres; por eso tuvieron la idea de articular esfuerzos en  la Plataforma 25 de Noviembre quue hasta la fecha está integrada por 30 organizaciones.

El nombre del espacio se debe al “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, que se celebra anualmente el 25 de noviembre, para denunciar el terror que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y por reclamar que se erradiquen políticas en todos los países.

El punto de consolidación fue la defensa de los derechos de las mujeres independientemente del lugar del país en donde se encuentren, poco a poco le han dado forma a la coalición y tienen encuentros para analizar la coyuntura, así como hacer agendas diversas de trabajo.

Ejemplificó que las mujeres rurales tienen el tema de la defensoría de la lucha por la tierra, constantemente sufren persecución, criminalización y son requeridas fiscalmente.

Contexto 2016

El informe de la Fiscal Especial de la Mujer denotó que el Ministerio Público,  MP, recibió alrededor de 20  mil 600  denuncias por maltrato de mujeres el año pasado; las Consejerías de Familias están en San Pedro Sula (2), Tegucigalpa (7) y La Ceiba (1) y Juzgados especializados para estos casos en esas mismas ciudades.

Por otra parte, el recurso asignado a estos entes es el 1.08% del presupuesto total del Poder Judicial, para resolver los más de cuatro mil casos entre el 2013-2014;  violencia intrafamiliar con un promedio de más de mil 500 y más dos mil 800 de violencia sexual anuales, “se mantiene un grado alto de impunidad, solamente el 5.08% son resueltos”, expresó  Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H.

En el 2011- 2012 se abrió un módulo llamado “Módulo de Atención Especializada Integrada, MAEI” , en La Ceiba, supuestamente atendería integralmente a la mujer, la idea era que se replicara en las demás ciudades del país.

Debido a que el MP se inventó otra modalidad surgió en Tegucigalpa el “Módulo de Atención Integral Especializada MAIE”, con la diferencia de que no se atendía solamente a mujeres sino a niños y discapacidad, está funcionando en lugares como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copan, Comayagua, La Paz Marcala, Siguatepeque, Gracias, Santa Bárbara, Danlí y Choluteca.

Parejas de las mujeres pagan sicarios para evadir su responsabilidad

Se registraron más de cuatro mil femicidios en ocho años, que es un promedio de 500 por año, los resultados arrojados por el MP es que una de cada cinco mujeres sufrió homicidio íntimo y que el 60% de estos crímenes son el producto de violencia pública, pero “no sabemos si son femicidos íntimos porque las parejas de las mujeres pagan sicarios para no salir como responsables”,  informó Martínez.

A partir de la lucha de las organizaciones de mujeres se creó “La Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios”, dicha unidad  se inauguró en marzo del 2016. En diciembre se le asignó 30 millones de presupuesto para su funcionamiento, con 11 fiscales y 22 agentes de investigación.

La defensora dijo que en el informe que les dio dicha unidad a nivel nacional han hecho 42 requerimientos fiscales por el delito de femicidios y 22 por tentativa; ninguno ha tenido sentencia hasta la fecha.

“Miramos que aparecía presupuestariamente, pero cuando fuimos a finanzas nos dijeron que el dinero había sido trasladado al MP, el problema es que no está etiquetado, el director de la ATIC tiene que estar pidiendo pedacitos, no se especifica el  renglón de muertes de mujeres, igual el fiscal puede tirarlo para otro lado que era lo que nosotras no queríamos”, informó Martínez.

Para lograr más efectiva la unidad, las organizaciones introdujeron un anteproyecto de Ley al Congreso Nacional para que existiera legalmente la creación de este aparato; en la reunión de la CEDAW fue denunciado que el representante del Ejecutivo no lo había sancionado, por eso inmediatamente el 01 de diciembre lo publicaron en la Gaceta; pero todavía hay que reglamentarla.

La normativa plantea la creación de una Comisión Interinstitucional de seguimiento a los casos de femicidios, integrada por el MP, la Secretaría de Seguridad y tres organizaciones de mujeres que trabajan el tema. “Es importante esa Ley porque allí le vamos a poder dar seguimiento a los casos”, aseguró la feminista.

También se aprobó la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable, aunque lo que idearon era “paternidad” pero al final le introdujeron la colita, la reglamentación está a cargo de Loly Salas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia del DINAF”, es una normativa que hace más fácil las demandas de alimentos.

En el 2015 las feministas solicitaron una reunión con el “Consejo de Defensa y Seguridad” al que  le transfirieron la necesidad de un sistema de atención integral con cobertura nacional, su creación debía ser consultado con las organizaciones.

La entrevistada se quejó que como muchas cosas en el país,  de manera inconsulta estaban inaugurando “Ciudad Mujer CM”,  mediante un Decreto Ejecutivo, con los módulos de autonomía económica, salud sexual y reproductiva sin la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia “PAE”, violencia contra las mujeres, atención a las mujeres adolescentes,  apoyo al cuidado infantil y educación colectiva.

Los fondos de CM fue un préstamo de 20 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, supuestamente las casas están situadas en San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa y Tegucigalpa, y su costo es de 64 millones lempiras.

Está pendiente el “Protocolo Facultativo de la CEDAW” que todavía no se ha ratificado por la intervención de la “Confraternidad Evangélica de Honduras que  detuvo todas las acciones con una carta que envió a la Sub Secretaría de Justicia y Derechos Humanos argumentando que al ratificar ese protocolo iba a ser una amenaza a la sociedad hondureña”, aseguró Martínez.

Antes de la conformación de la “Articulación 611, fuimos las mujeres las primeras en discutir  el nuevo Código Penal”, recordó la feminista, pero lo que les preocupa es que en la nueva normativa no se recogen los principios para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, pero sí existe un capítulo que invisibiliza que los agresores de las mujeres son los hombres, otra cosa es que baja las penas en los delitos sexuales y femicidios, en tanto que lo despolitiza dejándolo como un asesinato, denunció.

Trabajo sexual

Las prostitutas hondureñas desde el 2013 se vienen organizando para protegerse y han logrado reunirse en la “Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras”, la presidenta Regina Barahona manifestó que se dieron cuenta que tienen derechos y que por su actividad se les violentan a diario.

Sufren tres tipos de agresiones, una por parte de elementos de la Policía Nacional, dos por los clientes y tres por la sociedad que las señala.La red cuentan con más de tres mil afiliadas diseminadas en San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Tegucigalpa.

Barahona dijo que el primer paso es hacerles conciencia a sus compañeras que tienen derechos y que necesitan que se reconozca el trabajo sexual. “No es fácil trabajar en esto, en ocasiones hay mucha violencia, nos golpean, nos ponen a hacer cosas denigrantes y algunas encontraron la muerte”, denunció.

Añadió que la peor de sus experiencias son los asesinatos, reconocen a sus compañeras cuando ven las noticias. En su organización llevan un registro, del 2007 a enero 2017  y son 31 trabajadoras sexuales a las que han matado y no tienen conocimiento de los perpetradores de los crímenes.

Barahona ejerce el oficio desde hace 10  años cuando no podía encontrar trabajo en ninguna parte, tenía que mantener a sus dos hijos varones, “ellos saben a qué me dedico, no me juzgan ni se avergüenzan”,  aseveró.

“Cuando son golpeadas van a las postas a poner la denuncia pero cuando se dan cuenta que es trabajadora sexual las rompen la denuncia en sus caras y no pasa nada”, describió.

Agregó que a veces los policías las amenazan con llevárselas presas “nos piden tener sexo a cambio de no apresarnos, o nos golpean o nos piden mordidas”.

Estas mujeres reciben señalamientos por parte de la sociedad al saber a qué se dedican “nos discriminan, nos dicen ahí están las putas, las ladronas, las mujeres malas”.

Barahona enlistó que hay tres clases de trabajadoras sexuales, las ambulantes que trabajan en las calles; la VIP por medio de teléfono y las encerradas que son las que están en los Clubes nocturnos, bares o prostíbulos.

La Red de Trabajadoras Sexuales tiene un borrador de propuesta de Ley para presentarla al Congreso Nacional y sea regulado ese tipo de trabajo; entre los puntos que contiene es poder trabajar sin ser estigmatizadas; que en los centros de salud las atiendan como personas y que la policía no violente sus derechos.

Trabajo doméstico

La Red de Trabajadoras Domésticas es un proyecto impulsado por el Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEMH y la cooperación GroupLepont, con el objetivo de que se les reconozca sus derechos como todas las empleadas, indicó Zulema Cruz.

Muchas de las mujeres que encontraron que se dedicaban a este empleo ya trabajaban en tema de violencia, dijo Cruz.

Habló que tienen un anteproyecto de Ley próximo a presentarlo al Legislativo cuyo punto toral es la dignificación del Trabajo Doméstico remunerado.

Las expectativas; en primer lugar son la instalación de la red, el siguiente crear una identidad porque las mujeres que se dedican a labores domésticas por lo general tienen una baja autoestima y por último lograr que se reconozca su labor  como un trabajo.

“Sentir que es un trabajo digno, muchas compañeras mentían al referirse a lo que se dedicaban por pena, estigmatización, por eso la campaña ni gata, ni nacha, ni tu muchacha, que son descalificativos que recibimos las trabajadoras domésticas”,  expuso Cruz.

Ellas quieren que se ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo OIT, adoptado el 16 de junio de 2011, es el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Hasta el momento las Trabajadoras Domésticas no cuentan con ningún marco jurídico que las proteja y pertenecer a la Plataforma 25 de Noviembre significa “un gran provecho porque recibimos apoyo y formación,  finalizó Cruz.

Una de las pioneras

Una de las organizaciones fundadoras de la Plataforma 25 es la “Fundación Simiente”, y Teresa López que pertenece a esta instancia  consideró que una valiosa experiencia es la convergencia de mujeres de muchos lugares para darse cuenta de la realidad de todas ellas.

López indicó que el elemento principal por el que han logrado compactarse en la diversidad, es que no existe competencia de liderazgo, sino que son seguras, hay madurez, tolerancia y la necesidad de la unidad para enfrentar la problemática de las mujeres.

“Es una buena oportunidad para las mujeres rurales, colaboramos en el informe EPU, el informe sombra de la CEDAW, nos ha permitido participar en otros espacios, unir esfuerzos  y recursos para fechas emblemáticas y que la plataforma de mujeres de Valle se incorpore”, destacó.