UTC es una organización campesina e indígena, últimamente realizan un trabajo de investigación y denuncias para la defensa de sus comunidades, en cuanto a territorios, zonas productoras de agua, las hidroeléctricas y los proyectos extractivistas.

El pueblo Lenca de Honduras es uno de los más afectados, ante la construcción de 17 represas en su territorio.  Muchas de ellas reciben o han recibido  fondos de los CDM.

El mecanismo estimula el desarrollo sostenible y las reducciones de las emisiones, a la vez que otorga cierta flexibilidad a los países industrializados para cumplir sus objetivos de reducción de las emisiones.

En el caso específico de Agua Zarca, la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima (DESA), obtuvo un préstamo por  24.4 millones de dólares  del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La actual administración gubernamental post golpe de Estado se ha destacado por violar de forma sistemática del derecho a la consulta, al emitir un sinnúmero de leyes y decretos que afectan directamente los territorios de los pueblos indígenas y su sobrevivencia como culturas diferenciadas.

La UTC coordina acciones con la Fiscalía de las Etnias para las inspecciones de campo en  asentamientos de las empresas, actualmente están observando los planes de instalación de una compañía minera que pretende iniciarse en la comunidad de las “Minitas”, la cual no ha podido ubicarse por la presión de las personas de ese lugar.

“Las represas no traen ningún beneficio a las comunidades y las instalan sin el consentimiento de las comunidades indígenas, eso lo vemos como un abuso de autoridad de parte de los alcaldes y violación de los territorios como es el caso de del edil de Santiago de Puringla, él ha tenido acceso a fondos de la empresa de Sasagua no es decisión de la corporación municipal dar los permisos, como sucedió con una de Las Auroras que funciona desde hace tres años vendiendo energía”, denunció Vásquez.

El defensor adujo que los daños ambientales que las hidroeléctricas producen en los ríos son irreversibles y que los resultados hicieron de las pruebas del Ministerio Público evidenciaran que “el rio está seco porque la toma la sacaron de la boca del afluente de donde se abastecen las comunidades, a dos kilómetros arriba, esto significa que al hacer la cortina del muro sobre el afluente las aguas bajaron poco a poco”, informó Vásquez.

Lo que inquieta a los y las habitantes es que la hidroeléctrica tiene el control total del rio, “no se consideró que las comunidades iban a quedar atravesando por una sequía, además de los daños ambientales y las falsas promesas de la empresa, de que iba a sembrar 250 mil árboles y hasta ahora solo lo ha hecho con 2 mil 500 dentro del perímetro de su dominio”.

Las comunidades indígenas de la zona responsabilizan a las autoridades locales y al poder Legislativo que otorgó la concesión por 30 años, pasando por sobre la autonomía como pueblo indígena lenca, “tarde o temprano estas resistencias ante los abusos de las hidroeléctricas conllevarán a la violación de derechos humanos”, advirtió.

Otros ejemplos

Según la Organización Fraternal Negra en Honduras, (OFRANEH),  la sistemática ofensiva que se está dando en contra de los  pueblos indígenas en Mesoamérica, pone en riesgo la diversidad cultural y al mismo tiempo la biodiversidad del istmo.

Las más de 500 represas hidroeléctricas impulsadas por el ex Plan Puebla Panamá, conocido actualmente como el Proyecto Mesoamérica, se convierten en una destrucción sistemática de la hidrología de los territorios indígenas.

Uno de los factores cruciales omitidos por los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas es el cambio climático y las alteraciones que se presentarán en los patrones de precipitaciones pluviales, tomando en consideración los largos períodos de sequía asociados con el fenómeno del niño y sus consecuencias para el caudal ecológico de los ríos.

La Comisión Económica para América Latina, (CEPAL),  en un reciente informe titulado “La Economía del Cambio Climático en Centroamérica (2012)”, incluye el estudio de “dos casos de impactos potenciales de hidroelectricidad“, allíl hace referencia a las consecuencias que traerán las sequías en  los caudales de los ríos y el efecto del calor y subsecuente evaporación en los espejos de agua de los embalses.

En los últimos años se ha recrudecido la imposición de la construcción de hidroeléctricas concesionadas por los estados-nación a cuestionados empresarios,  bajo el mandato del ECPA (Energy and ClimatePartnership of theAmericas),  vienen concediendo licencias ambientales  a doquier; con el supuesto objetivo de adquirir autosuficiencia energética, sin tomar en consideración las graves consecuencias ambientales y sociales de los inconsultos proyectos.

A finales de los  años 90 el Banco Mundial promovió el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), programa que descalificó los derechos territoriales de los pueblos indígenas, promoviendo áreas protegidas a diestra y siniestra, cercenando el derecho al uso de los hábitats de los pueblos.

Posteriormente el Banco Interamericano de Desarrollo sacó a relucir el Plan Puebla Panamá, el cual en su esencia desconoció el CBM.

En la actualidad se construyen represas hidroeléctricas a lo largo y ancho del istmo, “sin que hubiésemos escuchado algún posicionamiento de los ambientalistas de escritorio insertados en los organismos financieros o sus clones”, señala la OFRANEH.