Estas plataformas aglutinan diversas organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras de derechos humanos, de la libertad de expresión, derechos de las mujeres, diversidad sexual , campesinas e indígenas.

Asimismo la Comisión de Dictamen ignoró las propuestas que entregaron las organizaciones acerca de los delitos de terrorismo, criminalización de la protesta, libertad de expresión, crímenes de odio y despenalización del aborto por tres causales.

En su comunicado mencionan que realizaron varias reuniones de manera “no oficial” con la asesora de la Comisión legislativ, Karen Motiño, a quien le expusieron las razones de por qué proponían que se cambiaran las redacciones para algunos artículos o que se quitaran otros.

Dichas reuniones se llevaron a cabo con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,(OACNUDH).

A pesar de tantas sesiones “nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta en la redacción del documento final, especialmente en los delitos antes mencionados”, reiteraron.

Por ende consideraron que persistió una falta de transparencia en la socialización de la propuesta de nuevo Código Penal, así como del dictamen de las y los diputados que pertenecen a dicha Comisión.

Otra situación grave denunciada es que las organizaciones desconocen el contenido de dicha normativa que estará vigente en los próximos treinta años.

Informaron que en las reuniones con Motiño se le enfatizó varias veces que la Articulación 611 insistían en concertar una cita con la Comisión de Dictamen para explicarles cada artículo en donde presentaban dudas y daban recomendaciones; pero todas las veces que le solicitaban dicho encuentro recibían bloqueos y negativas para que se realizara.

Otro punto a resaltar es “el total desconocimiento de la población hondureña de una normativa tan importante que le afectará directamente, lo que resulta incompatible con el carácter público que debería concedérsele a la aprobación de una Ley Penal, que tiene como finalidad regular las relaciones en la sociedad para evitar agresiones, y en caso de que se produzcan sancionarlas conforme a sus disposiciones”, expresaron en el comunicado.

A la vez advirtieron que esa normativa va encaminada a sancionar y reprimir los derechos humanos,  los derechos de las mujeres, población indígena, campesina, defensores y defensoras y otros colectivos de forma específica.

Entre estos ilícitos están el terrorismo y pérdida de nacionalidad que son un claro ejemplo de cómo puede afectar a cualquiera de los habitantes del territorio nacional sea cual sea su afiliación política, religiosa o social.

Fiasco

La Articulación 611 se hizo presente hace unos días para reunirse supuestamente con los consultores españoles que tienen a cargo la responsabilidad de la redacción de la normativa, su sorpresa fue que Motiño les informó que con la única persona que tenían opción de discutir sus propuestas sería con ella,  por eso calificaron que las reuniones no fueron oficiales.

De acuerdo a la información recibida de Motiño la versión oficial del nuevo Códifo Penal  con la que se trabajaba en el Legislativo era la que se presentó el 15 de agosto del 2015, cuando le manifestaron la inquietud de que habían recibido como tres versiones con correcciones, y que la Articulación no sabía cuál analizar.

Reclamos no escuchados

La Articulación le reclamó a la asesora legislativa que a pesar de que se le habían enviado comentarios, no se veían reflejados en las versiones que les enviaron, y preguntaron cómo estaba recibiendo la Comisión las recomendaciones porque necesitaban que les aclarara la participación de la Sociedad Civil,  “la Comisión está obviando que existen organizaciones de mujeres, campesinas, LGTBI, que saben cuáles son sus problemas y cómo les va a afectar el Código en el pleno goce de sus derechos”.

En este proceso imperó el sentimiento de que la Sociedad Civil fue utilizada para que el gobierno dijera ante  la comunidad internacional que todo es con el visto bueno de la población aglutinada en dichas organizaciones.

Eso sucedió cuando el Estado presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, donde la delegación del Estado hondureño  llevó las fechas en que hubo reuniones  con la Articulación.

Contenido feudal

Para la Articulación el nuevo Código Penal es “cavernícola” y con un alto contenido “feudal”, además que la gran parte es copiada del Código español, sin adaptación para el contexto que vive Honduras.

Al referirse a los consultores de España, pagados por la Cooperación Española , representantes de la Articulación 611 dijeron que “estos señores vinieron e hicieron otro Código diferente a la propuesta, cambiaron artículo por artículo, esa cooperación española era condicionada, ese código está redactado a una realidad de España, no nuestra”.

Si se aprueba es su culpa

En un simposio realizado por la OACNUDH del 15 al 17 de febrero del presente año, donde participó el embajador de España en Honduras, Miguel Alvero Suarez, profundizaron sobre las reformas penales.

El embajador explicó el papel de la cooperación española respecto al nuevo Código Penal, “para aclarar malos entendidos”.

Narró que en el 2015 el presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva les solicitó ayuda técnica, para la elaboración de un nuevo Código Penal, que “figuraba en la agenda legislativa del Congreso”, por lo cual, la “Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos aportaron un presupuesto y seleccionaron al experto Javier Álvarez, catedrático de Derecho Penal, de la Universidad Carlos Tercero de Madrid, para comenzar los trabajos que después asumió la cooperación de España.

La Unión Europea se sumó al proyecto destinando un fondo para la socialización del mismo, “por expreso pedido de la Sociedad Civil”, indicó el diplomático.

Después, en enero se reunieron con Oliva para “pedirle un último esfuerzo de socialización con el texto del proyecto que iba a discutirse”, agregó.

Alvero insistió en decir que España no es la impulsora del Código “como algunos han afirmado, ni maneja los tiempos, ni las formas, pues eso es responsabilidad del Congreso, ni será responsable del texto que se apruebe, pero sí de poner a disposición al técnico Javier Álvarez y a su equipo para reunirse con la Sociedad Civil cuando hiciera falta”.

Que digan “que este Código viola los derechos humanos, es injusto”, porque España tiene un derecho moderno, un sistema judicial inmejorable y una legislación pionera en muchos ámbitos, hemos ayudado a muchos países amigos, especialmente en América Latina a modernizar sus legislaciones”, argumentó el Embajador español en Honduras.

Terca Sociedad Civil

“Si se quieren confundir, son tercos, así que no se equivoquen de enemigo, no se confundan, porque lo que quiere la población española es un Código moderno acorde con los estándares internacionales y adaptado a las necesidades del país”, aseguró Alvero.

“Vamos a seguir colaborando, no pensamos como piensan algunas organizaciones de Sociedad Civil que porque la justicia no funciona hay que suspender la cooperación con Honduras, antes bien, porque hay problemas de derechos humanos y la justicia es manifiesta mejorable, hay que seguir colaborando”, interpuso.

Terció que “el dinero de la cooperación española sale de nuestros contribuyentes, y esta es una de las cooperaciones más baratas, también la más ingrata, pero quiero dejar claro que cuando este Código se apruebe, si es que se aprueba, será el Código que ustedes los hondureños, aprueben en el Congreso con su representada soberanía nacional”, finalizó.

Demandas

La Articulación 611 y la Coalición contra la impunidad demandaron que se abra un proceso de socialización de esta propuesta de nuevo Código Penal con la participación de la ciudadanía y generando un proceso de validación que cuente con el aval de las distintas regiones y municipios del país.

Es necesario que la Comisión de Dictamen incorpore las propuestas realizadas por estas coaliciones al documento del nuevo Código y que sean pasadas las y los diputados en el pleno del Congreso.

Advirtieron que al no incorporarse las demandas planteadas “estaríamos expresando nuestro total repudio a un proceso que no ha sido ampliamente socializado, analizado y compartido con el pueblo hondureño, que es a quien nos debemos”, concluyó el comunicado de la Articulación 611 y la Coaliación contra la Impunidad.