El conflicto no ha sido resuelto, camina de forma silenciosa y dejó de estar en las primeras planas de los medios corporativos, pero sigue siendo una piedra en el zapato para los terratenientes que cuentan con la venia del gobierno y toda la estructura estatal que funciona a las mil maravillas a su favor.

La falta de cumplimiento de acuerdos establecidos entre el gobierno anterior y el movimiento campesino del sector que incluía 11 mil hectáreas de tierra, de estas solamente se han otorgado  tres mil 962 hectáreas quedando pendientes 7 mil 38 , además el compromiso incluía que debía avanzarse en obras sociales como escuelas, sin embargo quedó en papel mojado.

No obstante los y las campesinas están asfixiados económicamente pues deben pagar una deuda millonaria por las tierras a pesar que son nacionales. Esa es otra de las exigencias, que se readecúe esta deuda. Sobre este tema en febrero de este año el mandatario Juan Orlando Hernández designó una comisión para buscarle salida y este viernes 05 de mayo se realizará una reunión para tal efecto.

Presión con enjuiciamientos

Rivas denunció que el 24 de abril el Juzgado de Trujillo giró nueve órdenes de captura contra igual número de campesinos, que están acusados de usurpación, cuatro de ellos están en el paquete de más de 100 personas con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la zona.

Entre los que tienen órdenes de captura están Jaime Cabrera, Coordinador de la Plataforma Agraria del Aguán, quien tiene medidas cautelares y ni siquiera estaba en el lugar que  se señala en el expediente judicial; Walter Cárcamo; Nolvia Berrios y Santos Palma, todos con medidas cautelares.

Para el entrevistado la situación refleja el  nivel de fragilidad del sistema  de justicia debido a que este proceso penal se hizo a instancias de la empresa Agropalma, sobre lo cual se dio por sentado todo sin realizar las investigaciones correspondientes.

“Es un requerimiento arbitrario, demuestra la inoperancia del gobierno ya que en el Aguán ha habido recomendaciones de la CIDH y de la ONU para disminuir las violaciones a los derechos humanos pero con estas medidas se evidencia la criminalización contra todo el movimiento campesino”. Dijo Rivas.

Estado de Honduras  no le hace caso a la CIDH

Rivas es vocero de la Plataforma Agraria del Aguán , detalló que la CIDH estableció al Estado de Honduras  al momento del otorgamiento de las medidas cautelares: que éste  debe enviar informes a esa instancia sobre los avances en las investigaciones para determinar la génesis de las amenazas, como las mismas no se han desmantelado y los culpables no tienen un castigo ejemplar de allí la profundización de la persecución.

Aunque el  Mecanismo  de Protección adoptó las medidas de la CIDH y se consensuó que la policía debe hacer patrullajes constantes para proteger la vida de los beneficiarios, el cumplimiento todavía está por verse porque la policía llega únicamente a que firmen el libro para constatar que cumplieron, pero después desaparecen de la escena, en el caso que lleguen solamente lo hacen  hasta las seis de la tarde cuando un grupo paramilitar que opera en la zona y que es uno de los generadores de la violencia empieza sus acciones a las siete de la noche.

Tuve que desplazarme de la zona por tanta amenaza

Yoni  Rivas denunció que desde el crimen contra su compañero José Ángel Flores  sobre el cual ha exigido justicia , él junto a ocho  compañeros más debieron salir de la zona, porque el grupo  paramilitar responsable del asesinato  no solamente tenía como objetivo terminar con la vida de la víctima sino generar terror.

La complicidad estatal no tiene parámetros para terminar con la impunidad, este grupo tiene a su favor la complicidad de los operadores de justicia pues habiendo órdenes de captura no lo hacen.

“Hay monitoreos en mi casa. El martes pasado pasó un vehículo muy despacito frente a mi casa con las luces apagadas y anoche tiraron piedras al zinc, son un montón de hechos de intimidación y persecución “, describió.

Rivas debe viajar al Aguán a reuniones para continuar su lucha por la tierra pero cuando lo hace es perseguido. “El 06 y 07 de enero que tuvimos una reunión con el Mecanismo  de Protección y estuve allí  tres días allí, ya tenía vigilancia de este grupo paramilitar y  ni siquiera tengo la oportunidad de ver ver ni a mi familia dada las graves amenazas contra mi vida”.

Asimismo recalcó que la situación se ha puesto tan tensa que tres de sus compañeros debieron salir del país.

Campañas de desprestigio

La persecución se combina con  campañas de desprestigio  contra él y Vitalino Álvarez, “un abogado de Atlántida, esposo de la apoderada Legal de la municipalidad de Tocoa, sacó unos escritores donde señala que Vitalino y yo  recibimos 4 millones de lempiras mensuales por la venta de la fruta de la palma,  también el ejército y el grupo paramilitar tienen una campaña permanente”.

Asimismo describió que a nivel nacional  hay persecución contra los campesinos com o una estrategia oscura para que dejen de defender su derecho a la tierra, entre las situaciones difíciles mencionó que se dan en Yoro, Santa Bárbara, La Paz y otros lugares del país, con la utilización del marco penal para criminalizarles, lo cual se intensificará con el año electoral y las ansias electoreras de Juan Orlando Hernández.

Entre los perseguidos con por el sistema de justicia están 18 campesinos , nueve  de ellos están presos  y son  Manuel Reyes, Selvin Avila, Roger Velásquez, Elvin Velásquez, Julio García, Josué Suárez, Jorge Suárez, Leonel Reyes , y Reynalda  Baquedano todos de la Cooperativa  Unidos por el Trabajo.

La última captura se dio el día 02 de mayo contra Reynalda Baquedano cuando su grupo realizaba una  manifestación en Yoro frente al Ministerio Público.” La policía  les quitó las identidades a todos, pero capturaron a una compañera Reynalda Baquedano, quien tiene 7 hijos

Pero suman más de 100 niños y niñas que están en desamparo y con traumas severos porque la polic´pia llega a sacar a sus padres y madres a la casa.

Rivas anunció sendos informes que serán enviados a la CIDH para denunciar la inoperancia estatal en sus casos y ante la ONU. También solicitarán una reunión con la abogada Nora urbina, Directora del Mecanismo de Protección debido a que las medidas que consensuaron no se están aplicando y eso les genera un gran riesgo.

El Mecanismo de Protección nace a raíz de la Ley de Protección a defensores y defensoras de derechos humanos, periodista y comunicadore sociales y operadores de justicia.

Comunicado por las detenciones: Gobierno de honduras profundiza criminalización contra defensores en el Aguán

La Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán comunica al pueblo hondureño, al movimiento social hondureño,  a las organizaciones defensoras de derechos humanos nacional e internacional y a la comunidad internacional lo siguiente:

1.Denunciamos que el poder Judicial a través del Ministerio Publico ha presentado requerimiento fiscal en contra de nueve líderes y lideresas campesinas de los movimientos que conforman la Plataforma Agraria a petición de la Empresa Agropalma, quien despojo a las familias campesinas de la cooperativa Trinidad  del Movimiento Autentico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) de sus tierras el 21 de mayo 2014, a través de la fuerza policial y militar.

2.Condenamos la actitud servilista de los Juzgados de Letras Seccional del municipio de Trujillo, departamento de Colón al admitir un requerimiento amañado y extender el 24 de abril del presente año ordenes de captura  en contra de los compañeros campesinos/as Ceyda Xiomara Alemán Mejía, Yenis Sulay Rodríguez Velásquez, Nolvia Liseth Berrios Lezama, Jaime Adali Cabrera del Cid, Carlos Omar Espinoza Velásquez, Walter Ernesto Cárcamo Lezama, Ángel Joel Guevara Mejía, Santos David Palma Salinas y Erick Antonio Rivera Flores.

3.Condenamos las acusaciones de usurpación por parte  de la empresa Agropalma, cuando es evidente que las familias campesinas son las legítimas dueñas de las tierras que le fueron adjudicadas a través del proceso de reforma agraria, tal es el interés que se asesinó en septiembre del 2012 al apoderado legal de MARCA, Antonio Trejo Cabrera el que continua en la impunidad, sorpresivamente 20 meses después fueron despojados de manera violenta las familias de sus tierras, resultando encarcelados 15 líderes y lideresas campesinas entre ellos  tres  beneficiarios de la MC50-14 otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

4.Pese a los informes que ha emitido la CIDH, el alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre las graves violaciones a los derechos humanos y las recomendaciones para garantizar el ejerció de defensoría de derechos humanos en el Aguán, así como también las medidas cautelares otorgadas el 8 de mayo 2014 al 123 líderes y líderes y la ampliación de estas el pasado 6 de diciembre del 2016 se continua persiguiendo y criminalizando y se han extendido ordenes de captura a cuatro beneficiarios de la MC50-14. Entre ellos el coordinador de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán.

5.Hacemos el Llamado a los organismos defensores de derechos nacional e internacional a estar pendiente de la situación de persecución, criminalización y hostigamiento y asesinato a líderes y lideresas en el Bajo Aguán.

Dado en la Ciudad de Tocoa a los 29 días del mes de abril 2017