Guadalupe Ruelas, director de Casa Alianza Honduras,  manifestó que la propuesta de Hernández atiende a un discurso desesperado para no perder votos, por lo que el futuro de las y los niños hondureños se convirtió en un tema electoral.

Además que contradice los mensajes de que “Honduras está cambiando” y las sorprendentes estadísticas de una baja en la tasa de homicidios en el país.

El defensor de la niñez aseguró que lo único que se va a lograr es que los presidios se conviertan en escuelas en donde los niños aprenderán a delinquir de otras formas, ya que ingresar a los menores en cárceles para adultos no reducirá los niveles de violencia y criminalidad.

Adujo que es necesario iniciar un proceso de prevención que permita que las y los jóvenes tengan oportunidades, debe haber políticas públicas que den soluciones contundentes y que reduzcan el miedo en la población.

Asimismo opinó que la comisión multidisciplinaria que han propuesto debe analizar a profundidad el impacto que tendrá el bajar la imputabilidad de los menores, “desafortunadamente tenemos un gobierno que estaría dispuesto a quemar niños con tal de tener votos”.

El defensor indicó que de paso esta medida es clasista porque sostiene un alegato que son los niños y niñas de los barrios, colonias y los de estratos más pobres los más expuestos a delinquir, por ende, se interpreta que solo los hijos de pobres pueden ser más susceptibles a pertenecer a grupos organizados.

En tanto que la militarización de la sociedad ha sido una estrategia de seguridad fallida porque el gobierno no ha sido capaz de trabajar en la prevención de la violencia.

Derechos

La Red COIPRODEN hizo un llamado al Estado de Honduras a evitar lo que consideran un retroceso en los derechos humanos de adolescentes en conflicto con la Ley en cuanto a la propuestagubernamental.

Instó a que se conforme una comisión multidisciplinaria que analice la reducción de la edad punible, asimismo que avance en la reestructuración del Sistema de Justicia Penal Juvenil, porque hay un  retroceso en materia de derechos de la niñez hondureña, plasmado en el mensaje político desde el gobierno central.

En un comunicado hecho público le recuerdan al Estado que como signatario de tratados y convenios está sujeto al cumplimiento de obligaciones y compromisos internacionales en derechos humanos en donde el interés superior es el niño y que este principio debe ser tomado en cuenta en cualquier decisión legislativa.

Mencionaron la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) que establece en su artículo 40.1 la obligación de “los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma su función constructiva en la sociedad”.

De esta manera, que la Constitución de la República en su artículo 120 cita: “los menores de edad… de conducta irregular… están sometidos a una legislación especial de rehabilitación, vigilancia y protección según sea el caso”. También en su artículo 122 cita: “la ley establecerá la jurisdicción y los tribunales especiales que conocerán de los asuntos de familia y de menores. No se permitirá el ingreso de un menor de 18 años a una cárcel o presidio”.

Otra norma nacional que ignoraría la administración Hernández es el Código de la Niñez y la Adolescencia que en su artículo 180 cita: “Crease el Sistema Especial de Justicia para la Niñez Infractora, cuyo objeto es la rehabilitación integral y reinserción a la familia y la comunidad, al cual estarán sujetos los niños y niñas cuyas edades oscilen en el rango de (12) hasta antes que cumplan (18) años, a quienes se les suponga o sean declarados infractores de la Ley”.