La denuncia la hicieron diputados y diputadas de los partidos que conforman la “Alianza por la Victoria”. Según estas personas las bancadas nacionalista y liberal cambiaron esta articulación relacionada a la administración pública, con el fin de reducir el término y la duración de penas a funcionarios públicos.

Dichos artículos fueron aprobados en la cámara la semana anterior, el martes 08 de agosto recién pasado salió a la luz que maliciosamente fueron manoseados por los tradicionales azules y rojos.

Uno de los denunciantes fue Rasel Tomé, diputado por el Partido Libertad y Refundación,(LIBRE), quien expresó que los que malversen el dinero del pueblo no pagarán con cárcel el delito, por ende se tendrán que buscar otras alternativas para sancionar las conductas que la sociedad rechace.

Recordó que los y las indignadas salieron a las calles precisamente por el tema de la corrupción para exigir justicia por el desfalco del Seguro Social en donde el partido de gobierno está involucrado.

En tanto que el impulsar estas rebajas de penas “es un mensaje equivocado del oficialismo a un pueblo en donde le dicen que no van a combatir la corrupción, eso debe ser castigado”, añadió enérgicamente el legislador.

Ante esto Tomé indicó que los nacionalistas “están buscando tapar la corrupción viendo que quien propuso la reconsideración del acta fue Agapito Rodríguez siguiendo una línea específica”.

Por su parte Josué Perdomo, diputado del PINU-SD,  dijo que lo que habían acordado eran las penas de 6 a 9 años a los delitos de malversación de caudales públicos,  pero al revisar el acta sometieron al pleno reducir estas penas y por una mayoría de las bancadas afines al partido de gobierno aprobaron de 4 a 6 años.

Perdomo instó a que le pregunten a los diputados elegidos por el pueblo cómo votan en este tipo de leyes o artículos “recuerde que usted manda, los diputados solo reciben el mandato del pueblo, yo te hago los mandados”, finalizó.

Gato por liebre

Las nuevas penas por el Delito de malversación de caudales públicos contempladas en los artículos 475, 476 y  477 de 6 a 9 años fueron reducidas de 4 a 6 años  por los delitos de malversación por apropiación, malversación por uso y malversación  por aplicación oficial diferente.

En el artículo 478 la pena de 6 a 9 años fue reducida de 4 a 6 años por el delito de administración desleal del patrimonio público.

En cambio en el  artículo 479 la pena de 9 a 12 años fue reducida de 6 a 9 años por los delitos anteriores con agravantes específicos.

Finalmente en contradicción a lo que expresamente cataloga la Constitución de la República como delito de "traición a la patria ", el nuevo artículo del Código Penal se refiere al delito de traición.

“Esto es una muestra más  que el  Partido Nacional favorece actos delictivos al poner penas suaves y a sabiendas que las menores a cinco años son con mutables”, comentó el abogado Foad Castillo Castillo.

MACCIH alertará sobre este accionar

El vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (MACCIH), Juan Jiménez Mayor  escribió en su cuenta de  Twitter ” Ya de regreso en Honduras informo que alertaremos sobre problemas de reducción de penas de delitos de corrupción. Mala Señal para el país”.

Este sería una segunda acción para proteger a los corruptos en lo que va de la presenciza de la MACCIH en Honduras. La primera fue el trastoque de la Ley de Política Limpia donde se manoseó uno de los artículos claves que en la propuesta original  señalaba que estaban prohibidas las “Contribuciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas mercantiles que tengan concesiones con el Estado y las que explotan los juegos de azar o vinculadas con actividades mercantiles ilícitas, está prohibición es extensiva a empresas matrices subsidiarias, sucursales y personas particulares utilizadas ´por estás”.

La Ley fue publicada el 18 de enero del 2017 pero este artículo  fue modificado a través de una Fe de Errata publicada el 20 de marzo de 2017,  y donde se señala que se prohiben las “Contribuciones o donaciones de Ejecutivos, Directivos o Socios de las empresas Mercantiles vinculadas con actividades ilícitas”.

La Ley de Política Limpia o Ley de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de los Partidos Políticos en Honduras fue impulsada por la MACCIH, con el objetivo de que se hiciera un control de los dineros en las campañas políticas.