Los defensores de derech0os humanos Ariel Díaz de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos; Tomy Morales, de las Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, Hedme Castro de ACI-Participa y Carlos del Cid del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, fueron salvajemente torturados por la policía en el campues universitario cuando intentaban proteger a estudiantes que quedaron atrapados enmedio de la represión el pasado 08 de septiembre de 2017, cuando los cuerpos represivos del Estado realizaron un desalojo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH a petición de la rectora Julieta Castellanos.

Este es el texto del comunicado:

Condenamos la brutal represión en contra de estudiantes, defensores y defensoras de derechos humanos en ciudad universitaria

La Coalición contra la Impunidad, en vista de los sucesos protagonizados por las autoridades administrativas de la UNAH, cuerpos de seguridad y particularmente, la Policía Nacional, en el campus de Ciudad Universitaria el pasado 8 de septiembre, donde detuvieron a 26 personas (22 estudiantes y 4 defensores y defensoras de derechos humanos, 3 de los cuales fueron procesados) quienes presentaron heridas y graves lesiones y afectaciones a su salud las cuales hasta el día de hoy continúan presentando síntomas debido a las repercusiones de los daños
causados, por todo ello, ante la comunidad nacional e internacional manifiesta:

1.  Condenamos la barbarie y la brutalidad de las acciones protagonizadas por la Policía Nacional en contra de estudiantes y defensores y defensoras de derechos humanos, ya que fueron ejecutadas de manera ilegal, bajo el uso indebido de tipos penales, sin órdenes de captura, violentando las garantías constitucionales de las víctimas y
evidenciando que el cinismo y la arbitrariedad con la cual actúan las autoridades tanto universitarias como estatales en el país han alcanzado niveles repudiables.

2. Denunciamos los actos de tortura, los tratos crueles e inhumanos a los cuales fueron sometidos por parte de agentes policiales y exigimos que se deduzca a estos, la responsabilidad penal correspondiente por dichos actos. Exigimos se reparen los daños causados a la integridad física y emocional de los y las estudiantes y defensores(as) de derechos humanos. La deducción de responsabilidad debe incluir a la rectora Julieta Castellanos quien ha demostrado no solo incapacidad para brindar verdaderas soluciones sino que ha alentado el conflicto mostrando
posturas intransigentes, intolerantes y altamente violentas.

3.  Demandamos castigo al comportamiento cómplice y servil del Ministerio Público el cual en el marco de este conflicto y través de sus agentes fiscales, ha sido eficiente para instar procesos penales en contra de estudiantes bajo el uso de figuras penales evidentemente inaplicables,  no obstante, ha sido ineficiente para investigar las múltiples denuncias interpuestas en contra de Julieta Castellanos por abuso de autoridad y otros delitos.

4. Lo suscitado en el campus universitario es el reflejo de la práctica política mostrada por el gobierno de la república para resolver los diversos conflictos en el país mediante la represión policial y la utilización del derecho penal para criminalizar el ejercicio legítimo de la protesta social.

5.  Exigimos sobreseimiento definitivo en los procesos penales en contra de estudiantes y defensores y defensoras de derechos humanos, que se desestimen las acusaciones y que se reconozca su condición y el uso legítimo de su derecho a defender derechos humanos.

6. Demandamos acciones prontas y contundentes por parte de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) y del Sistema Nacional de Protección a través de las
cuales se haga un reconocimiento público de la labor que desempeñan los y las defensoras de derechos humanos dentro del conflicto universitario y en el contexto de país en general e inste al Ministerio Público a mostrar una postura coherente y sensata a través del cierre de los procesos penales instados.

7. Finalmente, increpamos a las autoridades universitarias, específicamente a la rectora Julieta Castellanos y al Ministerio Público, a que de una vez por todas, abandonen su comportamiento violento y cesen la comisión continuada de violaciones de derechos humanos en contra de la comunidad estudiantil y de defensores y
defensoras, recordándoles que está todo un país está siendo testigo de sus abusos y arbitrariedades.

11 de septiembre, 2017.

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD