Una delegación de dicho foro llegó al país del 01 al 08 de septiembre de 2017, se reunió con diferentes actores nacionales tanto organizaciones no gubernamentales como funcionarios estatales, así como con víctimas de violaciones a los derechos humanos, la información recabada sirvió para elaborar un informe que fue presentado ante medios de comunicación y sociedad de Suiza el 26 de septiembre recién pasado.

Reelección y la observación internacional

En lo que respecta a las elecciones el informe dice que "El partido oficialista busca legitimar la reelección a toda costa, y el hecho de que hayan misiones extranjeras como las de la OEA y la Unión Europea que han confirmado su participación como observadores es preocupante debido a que dicha presencia podría ser instrumentalizada por el Partido Nacional para legitimar la reelección".

Asimismo otra de las preocupaciones es que las instancias encargadas de velar por la transparencia de los resultados electorales, es decir, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), también responde a los intereses del actual gobernante, de allí que el país no solo enfrenta unas elecciones ilegítimas e inconstitucionales sino que además no cuenta con órganos y mecanismos que garanticen la independencia e imparcialidad de los poderes en cuanto a los resultados electorales. Una democracia que funciona, que representa al pueblo en sus múltiples expresiones tiene que respetar la Constitución de la República. Nosotros/as estamos convencidos/as que el concepto de democracia abarca mucho más que el ejercicio del voto electoral .

El hecho de que la institucionalidad no funciona y la concentración de poder por parte del presidente Juan Orlando Hernández hace imposible que las instancias encargadas puedan responder ante la demanda ciudadana, el documento del Foro Honduras-Suiza destaca en sus recomendaaciones que "En solidaridad con el pueblo hondureño y evocando los principios fundamentales de la democracia, instamos al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia a resolver de forma rápida las demandas ciudadanas para detener la ilegalidad de la reelección.  Exhortamos a las misiones extranjeras de observación que incluyan en sus informes no solo el proceso electoral como tal sino también el contexto previo y el carácter ilegítimo e inconstitucional de estas elecciones presidenciales".

Violencia hacia las mujeres 

Igualmente la impunidad toca las puertas de las mujeres que a diario se ven enfrentadas a una situación de violencia, el acceso a la justicia para este importante sector del país está muy lejos de alcanzarse. Es importante que el Estado de Honduras cumpla con los compromisos internacionales para atacar de raíz este problema, la observancia de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, vendría a resolver el problema y la ratificación del protocolo Facultativo de la CEDAW, aún pendiente de aprobación en el Congreso Nacional, sería un gran apoyo para la erradicación de esta violencia.

La violencia de género en el país se refleja en los tipos de violencias patrimonial, sexual, psicológica, física y política.Las grandes desigualdades entre hondureños y hondureñas son abismales en relación a los derechos como el acceso a la salud, educación y sueldos igualitarios para las mujeres, así como oportunidades de empleos. La discriminación por género la sufren doblemente las mujeres indígenas, afro descendientes y campesinas.

El acceso a la tierra se dificulta grandemente para las mujeres. La impunidad en el 95% de los casos refleja la violación de los derechos humanos de las mujeres; siendo que antes del golpe de Estado del 2009 se contabilizaban 218 femicidios al año, pero en los últimos ocho años se registran un promedio de 528 mujeres asesinadas anualmente.

Comunidad LGTBI se enfrenta diariamente a la muerte

Otro sector muy afectado por la discriminación y la violencia es la comunidad LGTBI que a diario se enfrenta a la muerte. Los crímenes de odio no han sido asumidos con la suficiente responsabilidad y eso hace que se incrementen. Honduras se comprometió 4 ante el Examen Periódico Universal a abordar este problema, hace falta que se realicen acciones contundentes que evidencien la voluntad política para terminar la violencia contra la comunidad LGTBI.

La reforma al sector de seguridad incluye la depuración de la policía y un proyecto de una nueva policía ciudadana, pero no entendemos la contradicción de que al mismo tiempo aumenta el número de la policía militar especialmente en regiones donde se han establecido proyectos económicos que favorecen a transnacionales poderosas. Hemos escuchado de los diferentes grupos con los que el Foro Honduras-Suiza tuvo reuniones que el país está en un proceso creciente de militarización. La creación de nuevas fuerzas represivas ha generado no solo gasto para el Estado sino graves violaciones a los derechos humanos.

Creciente estigmatización, difamación y criminalización de organizaciones y personas que defienden DDHH

La delegación está sumamente preocupada por la creciente estigmatización, difamación y criminalización de organizaciones y personas que ejercen su legítimo derecho a defender derechos. Hay un discurso estigmatizante desde altos funcionarios del Estado de Honduras.

En la mayoría de los casos de criminalización es evidente, la colusión entre empresas interesadas en quitarse encima a los que ven como obstáculos o hasta enemigos en la realización de sus proyectos y entidades del estado como fuerzas de seguridad e instituciones judiciales. Ese fue un patrón que se utilizó p.ej. en contra del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y su coordinadora general Berta Cáceres como parte esencial de todo el entramado que finalmente condujo a su asesinato.

Pero además trasciende a otras personas que defienden los derechos humanos y que se pronuncian en contra del asesinato de Berta Cáceres. La Empresa hidroeléctrica DESA ha 5 querellado a Suyapa Martínez, defensora de derechos de las mujeres y directora del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H, a pesar que la querella fue desestimada aún la compañía insiste en llevar ese juicio.

Coincide la criminalización de la defensa de los derechos humanos con en las querellas en contra de Miriam Mirandav , Coordinadora de OFRANEH , Madeline Martina David, Neny Heidy Ávila y Lety Hernández, garífunas lideresas de la comunidad de Guadalupe, municipio de Santa Fe, Trujillo, por el empresario canadiense Patrick Daniel Forseth, gerente general y representante legal de la corporación CARIVIDA S.A. de R.L, por haber denunciado la compraventa ilegal de tierras comunitarias garífunas que involucraría a autoridades locales y a empresarios turísticos canadienses, entre ellos Forseth y Randy Jorgensen .

La persecución incluye el acoso contra la radio comunitaria Waruguma, apoyada por OFRANEH, que tiene presiones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. La criminalización por la lucha de los territorios y que como respuesta tiene procesos criminales, ha alcanzado a Santos Hernández y Abel Pérez, de la comunidad de zacate Grande.

La criminalización a través del uso del derecho penal se ha vuelto estratégico e instrumento común en contra tanto de defensoras/es líderes como de miembros de base de diferentes organizaciones y movimientos. Las víctimas del despojo de la libertad de expresión y de sus territorios se ven convertidas/os además de sufrir acosos y amenazas en supuestos delincuentes y sus organizaciones están sometidas a un desgaste enorme. En vez de poder construir propuestas de cara al futuro se les obliga a reaccionar continuamente a los actos de criminalización y defender legalmente a sus miembros/as.

En la  próxima entrega hablaremos de cómo la delegación del Foro Honduras Suiza habla de otras violaciones graves a derechos humanos contra poblaciones indefensas.

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