El asesinato contra el niño Leodan Mancía, de la comunidad de Rigores, este 14 de noviembre, aunado a la impunidad del 99 por ciento en crímenes contra campesinos del Aguán, la criminalización, persecusión, otros ataques reiterados y la complicidad del gobierno con los terratenientes de la zona, hicieron que los movimientos campesinos del Bajo Aguán aglutinados en la Plataforma Agraria se movilizaran a la capital y se plantaran afuera del Ministerio Público en demanda de justicia, este 15 de noviembre de 2017.
Más de 100 personas del Bajo Aguán incolucradas en la defensa de la tierra tienen medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamerica de Derechos Humanos, CIDH, debido a la falta de protección por parte del Estado de Honduras.
En el comunicado entregado a periodistas de distintos medios de comunicación, la Plataforma Agraria señala que el gobierno se ha hecho al lado de los terratenientes que les han despojado de sus tierras las cuales son estatales y sujetas para fines de reforma agraria.
Denunciaron que una Mesa de Diálogo propuesta por la Plataforma Agraria ha sido pospuesta en reiteradas por el gobierno de Juan Orlando Hernández sin explicaciones congruentes, lo que denota una falta de voluntad política que pone en grave riesgo la vida de miles de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán.
A continuación el comunicado de la Plataforma Agraria:
COMUNICADO
Campesinos denuncian falta de voluntad política para resolver conflicto agrario e impunidad en el Bajo Aguán
Ante la falta de voluntad política por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández el movimiento campesino y empresas aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguan denuncian ante el pueblo hondureño, organizaciones del movimiento social en Honduras, organizaciones defensoras de derechos humanos nacional e internacionalmente, ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:
1.La Plataforma Agraria ha venido proponiendo por más de tres años la instalación de Una Mesa de Diálogo al más Alto nivel por parte del Gobierno para discutir la agenda de cada una de las Empresas y Movimientos campesinos del Bajo Aguán. El 27 de Octubre de 2017 el gobierno de Honduras convocó a la Plataforma Agraria para la instalación de la Mesa de diálogo, esta no se llevó a cabo, y en tres ocasiones ha sido pospuesta y a la fecha no se ha concretado nada, lo que demuestra la inoperancia y la falta de voluntad política del Gobierno de Honduras para solucionar un conflicto que ha cobrado la vida de más de 150 compañeros/as asesinadas y cientos de campesinos criminalizados.
2.A partir del 27 de agosto del presente año se han ejecutado 14 desalojos violentos en el Bajo Aguan, han participado comandos policiales, militares y guardias de seguridad, como resultado hay 4 personas asesinadas, un herido, 85 personas criminalizadas en su mayoría mujeres y jóvenes que han sido fuertemente gaseados, torturados, golpeados y perseguidos por la Policía Nacional, Policía Rural y miembros del ejército de Honduras.
3.Denunciamos que Corporación Dinant (familia Facussé), Inversiones Ceibeña (Reinaldo Canales) y Oleopalma (René Morales), entre otros, cuentan con el respaldo y apoyo del Estado de Honduras como supuestos dueños de las Fincas Paso Aguán y El Tumbador donde permanecen unidades policiales y militares de 40 elementos permanentes al servicio de los intereses latifundistas. Sin embargo, el director del INA en acta del 22 de julio de 2015 expresa que son tierras que siguen siendo del Estado y por tanto para fines de reforma agraria.
4.Las tierras que explota Corporación Dinant en la Finca El Tumbador que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del MCA, que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas, inscrito en el Instituto de la Propiedad que fueron adjudicadas al Movimiento Campesino del Aguán (MCA) a partir del año 2000.
5.Denunciamos que existe el 99 por ciento de impunidad en los asesinatos, violaciones a los derechos humanos cometidos grupos paramilitares que operan en el Bajo Aguán, la policía , elementos del ejército hondureño y guardias de seguridad de las corporaciones de terrateniente. Los entes encargados de impartir justicia en Honduras como la Fiscalía del Ministerio Publico y los jueces se prestan para favorecer a los empresarios de la zona inventando requerimientos fiscales falsas, órdenes de captura, encarcelando y criminalización a niños, jóvenes, mujeres y ancianos que buscan recuperar las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria pero que están siendo explotadas por las corporaciones terratenientes a través de un proceso amañado de corrupción, ilegalidad y confabulación por parte del Estado de Honduras desde el año 1992.
6.Condenamos la inoperancia de los órganos de seguridad e investigación quienes no trabajan la seguridad de la población de manera preventiva. Este día, ha sido encontrado muerto en el lote numero 12 de la finca Paso Aguán, en el área controlada por Corporación Dinant, el niño Leodan Mancía de la comunidad de Rigores, antes fue encontrado muerto un caballo en que el niño se transportaba el día de ayer 14 de noviembre. Responsabilizamos al estado de Honduras por este crimen atroz.
7. Hacemos un llamado a organizaciones defensas de Derechos Humanos nacional e internacionalmente a estar pendientes de cualquier atropello y violaciones contra las organizaciones campesinas en proceso de lucha por la tierra en el bajo aguan.
Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 15 días del Mes de Noviembre, 2017