A pocos días de la toma de posesión del actual presidente de la República, en un segundo mandato muy cuestionado, arreciaron las campañas en contra de dirigentes del movimiento social con la intención de deslegitimar las manifestaciones en contra del fraude .

En uno de estos volantes acusan a Martin y Víctor del asesinato de Wilmer Paredes que tuvo lugar el 01 de enero del 2018 en la comunidad de Lombardia, Esparta, Atlántida, al mismo tiempo que desprestigian a la víctima calificándolo como “sicario a las órdenes del movimiento social”, sin embargo atendiendo a las denuncias este caso  podría tratarse de una ejecución extrajudicial.

Paredes fue sometido a golpizas y tratos degradantes por parte de elementos de la Policía Militar del Orden Publico, (PMOP), junto a otros de sus compañeros en el desalojo en San Juan Pueblo, en el atlántico de Honduras.

En una publicación criterio.hn destaca que uno de los jóvenes de San Juan Pueblo relató que Paredes había sido capturado y golpeado por la policía el pasado 07 de diciembre cuando se produjo el desalojo en la carretera que conduce a La Ceiba y Tela, además que temen por sus vidas ya que circula una lista con los nombres de los muchachos que lideraron las tomas de las carreteras, alarmados aún más por el asesinato de Wilmer.

El hoy “mártir” se conducía en su motocicleta al momento de ser interceptado por desconocidos quienes abrieron fuego sobre su humanidad provocándole una muerte instantánea.

No es la primera vez que Martin Fernández Guzmán es el blanco de agresiones, Él es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2013, pero las mismas son precarias en su implementación y no han disuadido las amenazas.

En un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos,(FIDH), para mayo del 2016,el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, recibieron una solicitud de intervención “urgente” ante la situación de violación a los derechos humanos en Honduras.

Dicho Observatorio mostró seria preocupación atendiendo a información de fuentes fidedignas sobre el hostigamiento repetido y las amenazas por parte de militares y de individuos anónimos en contra del defensor de derechos humanos Martín Fernández Guzmán, que desarrolla acciones a favor de la defensa del derecho a la tierra y de los derechos de los pueblos indígenas, y lucha contra la corrupción en ese país.

El 29 de marzo de 2016, la propiedad de Fernández Guzmán, la finca “Los Torogoces”, fue allanada ilegalmente por aproximadamente 50 militares del Cuarto Batallón de Infantería, con sede en La Ceiba, Atlántida, mientras se desarrollaba una actividad de capacitación con activistas de la “Caravana del Buen Vivir”, una iniciativa que promueve, fomenta y provee capacitación sobre organización comunitaria.

De forma arbitraria los elementos del ejército ingresaron por diferentes puntos de la propiedad, grabaron videos e interrogaron a algunas de las personas presentes, manteniéndose en la finca aproximadamente dos horas. Es importante mencionar que mientras los militares se encontraban en la finca, un helicóptero castrense sobrevoló a baja altura.

De igual manera en el mes de abril del año pasado  el personal del medio de comunicación comunitario del MADJ, Radio Dignidad, fue objeto de constantes amenazas y actos de intimidación por parte de individuos anónimos, específicamente se recibieron llamadas y mensajes de textos amenazantes mientras se realizaba el programa radial “La tertulia de la tarde”, que dirige Fernández.

Considerando que el MADJ en otras ocasiones emitió alertas por persecución de su dirigencia, por ejemplo en agosto del 2017 Martin Fernández, coordinador general fue agredido y golpeado por un grupo de aproximadamente 20 personas afines y contratadas por la empresa hidroeléctrica HIDROCEP propiedad del empresario Jason Hawit,  en el Sector Pajuiles, departamento de Atlántida.

También el 13 de julio del 2016 ingresaron a robar a las oficinas donde funciona el equipo operativo del MADJ, en la ciudad de San Pedro Sula, el hecho se produjo en horas de la madrugada, según el registro de las cámaras de seguridad del edificio, un desconocido ingreso revolviendo archivos, estantes y escritorios como si buscara información específica, llevándose solamente las computadoras portátiles pertenecientes al área legal, “traemos a colación que Víctor Fernández es uno de los abogados apoderados en el caso del asesinato de la defensora Berta Cáceres y es el coordinador legal de dicha organización”, destacó un comunicad de las organizaciones internacionales.

Vea comunicado de organizaciones internacionales Aquí