Fiallos se destacó activamente en la defensa de los bienes comunes y naturales, actualmente participaba en el campamento por la defensa del río Jilamito y en movilizaciones pacíficas contra el fraude en su municipio.

De igual manera se informó que en la madrugada del martes 23 de enero del 2018, desconocidos ingresaron a la vivienda de a Geovany Díaz Cárcamo, quien fue asesinado a disparos, en la comunidad de Pajuiles, municipio de Tela, departamento de Atlántida.

Pajuiles tiene un historial de resistencia y represiones, la última tuvo lugar en agosto del 2017, donde la Policía Militar y Policía Nacional  desalojaron a los pobladores que protestaban contra la instalación de una represa hidroeléctrica en esa comunidad.

El proyecto hidroeléctrico está siendo construido sobre el Río Mezapa por la  compañía HICROCEP, que es propiedad del empresario  Jason Hawit.

En esa ocasión los cuerpos represivos actuaron sin ninguna orden de desalojo y destruyeron el campamento, sin portar orden de captura detuvieron a tres pobladores que responden a los nombres de Oscar Martínez,  Angélica Ricinos y Orlando Castro quienes a los que trasladoron a la jefatura policial de la ciudad de Tela.

En el departamento de Atlántida existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-SJ, junto a la universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos.

En tanto que la Radio Popular del Aguán denunció que en el departamento de Colón dos niños fueron secuestrados y torturados por miembros del ejército, el objetivo sería interrogarlos para sacarles información de sus padres quienes son dirigentes campesinos.

“Nos pegaron y con una tenaza me apretaban los dedos y me reventaron una uña” ,relató uno de los infantes”, lo cual se considera tortura contra las niñas y niños de Honduras.

Trascendieron unas fotografías posteadas en el muro del poeta Fabricio Estrada, del año 2015, que mostraban a elementos de la Policía Nacional enseñándoles a un grupo de jóvenes la manera de cómo someter personas, el policía se presentó con todo el equipo antimotines,

Estrada expresó que “Son macabras” y que es parte de la socialización de la policía hondureña" , en un colegio de secundaria no identificado. Enseñaban cómo reprimían. Si la última foto no representara la realidad todo parecería teatro. Así de sádico es el sistema al cual se enfrenta el pueblo hondureño”.

Sin dejar de la lado el sinnúmero de denuncias de las represiones en los barrios y colonias en donde los militares tiran bombas lacrimógenas dentro de las viviendas, afectándole gravemente las vías respiratorias a menores de edad, se reportó  una infante fallecida por el efecto de los químicos.

Estas acciones violatorias a los derechos humanos contrastan con la firma por parte del Estado de Honduras  de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 31 mayo de 1990, entrando en vigor el 08 de julio de 1995.

El articulo número 2 cita: “Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales”.

Y que “los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.

Al respecto la Red COIPRODEN se pronunció ante la grave violación a los derechos humanos en la jornada de protestas,en su posicionamiento informan que hay 5 niños y niñas y 16 jóvenes asesinados con arma de fuego, siendo los principales sospechosos efectivos de la Policía Militar del Orden Público,(PMOP), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que utilizaron sus armas de reglamento en la represiones populares.

COIRODEN destaca que el uso indiscriminado y abusivo de gases lacrimógenos, en zonas residenciales e incluso dentro de las casas, ha dejado centenares de manifestantes afectados, entre ellos niños y niñas que viven en esas zona

En la Red COIPRODEN se encuentran alarmados por esta conducta impropia de las fuerzas de seguridad del Estado que va desde amenazas, lanzamiento de piedras, el uso de bastones y toletes, la persecución de manifestantes, malos tratos y la tortura a los detenidos y detenidas.

Este extremo ha sido verificado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras,(OACNUDH), instancia que en su comunicado del 15 de enero de este año , hizo “un llamado a las fuerzas de seguridad a emplear la fuerza solo de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad” puesto que en muchos casos no siguieron los protocolos internacionales de no utilizar armas de guerra, ni el uso de la fuerza antes de haber agotado el recurso del diálogo con los manifestantes

A pesar de eso, entidades estatales como el Ministerio Público responsables de proteger y defender a la ciudadanía de los excesos de la fuerza pública,  han tenido poco o nulo protagonismo en esta situación, dejando a la población y en particular a la niñez y juventud en situación de alta indefensión, incentivando una conducta de impunidad.

La OACNUDH llamó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), al Ministerio Público a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y a la recién reabierta Secretaría de Derechos Humanos, para que cumplan su función de asesorar al Poder Ejecutivo y actúen para proteger a los ciudadanos y ciudadanas, en especial a las niñas y niños del abuso de la fuerza en estas expresiones populares.

Crimen lesa humanidad

Es crimen de lesa humanidad o contra la humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional todo aquel acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional.