El último incidente se dio este miércoles 14 de febrero, cuando el vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, fue amenazado de muerte, a través de una cuenta falsa de Facebook.  “Juan Jiménez Mayor siempre estará en nuestra memoria y la de toda mi familia”, dice un mensaje publicado en una página de Facebook abierta con el nombre de Gabriela Lizier.

A través de su cuenta de Twitter,Jiménez Mayor respondió a la publicación, diciendo que ya iniciaron los mensajes fúnebres y que vendrán más y peores cosas para los que trabajan en la Misión.

Pero la noche de este jueves Jiménez Mayor dijo que renunciaba de su cargo a través de su cuenta de Twitter, argumentando falta de comunicación con Luís Almagro, Secretario General de la OEA, quien asumirá la conducción de un diálogo muy cuestionado por diversos sectores de la sociedad hondureña y por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, por carecer de legitimidad, según han denunciado.

Jiménez Mayor es abogado y político peruano, que llegó a Honduras enviado por la OEA,como parte de la MACCIH, entidad encargada de brindarle apoyo al Ministerio Público, en la investigación y judicialización de innumerables casos de corrupción, que por años se han mantenido engavetados en los órganos operadores de justicia.

El año pasado se filtró información que la MACCIH desde adentro era torpedeada en sus acciones contra la corrupción, que habían intereses internos que se abrazaban con las pretensiones del gobierno de tener un organismo sumiso y fiel a sus directirces. 

En su renuncia denunció que presentó a Almagro un informe el pasado 19 de octubre, antes de las elecciones generales donde detallaba qué cosas debía atender el gobierno de Juan Orlando Hernández, pero el mismo no ha sido publicado por la OEA. 

La MACCIH es producto de la presión popular que a mediados del 2015 ejerció la ciudadanía, mediante las marchas de las antorchas, para que se investigue a los verdaderos responsables del robo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de donde salieron varios cheques a través de empresas de maletín para financiar las campañas políticas del Partido Nacional de Honduras.  

Si bien, hasta ahora no se conocen acusaciones contra los líderes nacionalistas por el saqueo en el IHSS, ya se han revelado datos de investigaciones,que no solo involucran a varios de ellos, sino también a empresarios vinculados con ese instituto político, que pese a los señalamientos de fraude electoral, todavía se mantiene en el poder.

Tratan de desmantelar la MACCIH

Hasta hace poco, la MACCIH se veía como la plataforma del gobierno para darse a conocer internacionalmente como transparente y con voluntad de lucha contra la corrupción. Sin embargo, al darse a salir a la luz  los primeros avances y anuncios de investigaciones a empresas privadas, que en contubernio con funcionarios públicos cometen fraude para acelerar procesos de concesiones y directores de instituciones del Estado que desvían fondos para el financiamiento de campañas políticas, es desde el mismo Estado que ahora buscan desmantelar a esa institución.

Por ejemplo: En julio de 2017, Juan Jiménez Mayor, dio a conocer, que la MACCIH investiga delitos de abuso de autoridad, fraude y lavado de activos, que se habrían cometidos en el otorgamiento de contratos y en el financiamiento de la empresa Desarrollos Energéticos S.A,  (DESA), responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que además es señalada,responsable de la muerte de la dirigente indígena, Berta Cáceres.

El anuncio, hizo reaccionar al Consejo Hondureño de la Empresa Privada,que con lenguaje descalificador de inmediato rechazó las declaraciones de Jiménez Mayor. “Escuchamos con preocupación las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, en las que detalló datos, nombres y situaciones que no corresponden a la realidad jurídica”, expresó el COHEP en un comunicado leído en conferencia de prensa.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, Elsia Paz, acusó de irresponsable al vocero de  la MACCIH, por haberse referido a las irregularidades que supuestamente cometió DESA.

En diciembre pasado, con el apoyo de la MACCIH, el Ministerio Público acusó a los diputados, Augusto Cruz Ascencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Denis Sánchez y Eleazar Juárez, por malversación de 8.3 millones de lempiras.

Según la MACCIH, ellos sacaron el dinero para construir obras sociales, a través de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras, pero la ong recibía los  desembolsos de la Secretaría de Finanzas y luego se los depositaba a cuentas particulares de los parlamentarios.

El caso se conoce como la Red de los Diputados, y según Jiménez Mayor, en esa organización ilícita podrían estar integrados 140 parlamentarios, incluido el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de quien dijo, está siendo investigado.

Parlamentarios se autoprotegieron 

Para auto protegerse, en la última legislatura, desarrollada a mediados de enero pasado, los diputados nacionalistas, con el acompañamiento de las bancadas de partidos minoritarios, UD, DC y PAC, llamados “bisagras”,  aprobaron una reforma de la Ley de Presupuesto que cambia el procedimiento de liquidación de los fondos públicos, le da facultad al Tribunal Superior de Cuentas,(TSC), para determinar si los funcionarios han cometido o no responsabilidades administrativas, civiles y penales y le quita atribuciones al Ministerio Publico.

Antes, el Ministerio Público podía investigar casos de corrupción al no más conocer la denuncia, pero la reforma lo obliga a esperar que el TSC se pronuncie a través de un informe. Esto deja más tranquilo a ese ente acusador que no es que actúa para diligencia para  castigar a los que delinquen  sino que busca asideros para dejar sin la persecusión a los corruptos y a los violadores de derechos humanos.

Cabe decir, que los diputados que habían sido acusados por la MACCIH y el Ministerio Público en los Tribunales de Justicia, fueron liberados por la Jueza que conocía la causa, un día después de haber sido publicada la reforma, en el Diario Oficial, La Gaceta.

Jiménez Mayor denunció la situación y pidió derogar la reforma. Y pese a que su petición ha sido respaldada por diversos organismos nacionales y extranjeros, en la cámara legislativa ya nadie habla de esa norma aprobada y publicada.

Lea la carta de renuncia de Jiménez Mayor en twitteren este link

Vea la renuncia en PDF Aquí