La iniciativa presentada ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el viernes 02 febrero, por el diputado nacionalista, Marcos Paz Sabillón, surge porque en los últimos meses en las redes sociales se han denunciado diversos actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno que no aceptan las críticas, ni los reclamos de la gente, pese a que algunos de ellos ya han aceptado ser responsables   de las irregularidades, como el robo del Instituto Hondureño de Seguridad Social  (IHSS).

Gran parte de los mensajes divulgados en las redes sociales provienen de las declaraciones del Presidente Juan Orlando Hernández y de los principales líderes del Partido Nacional, que admitieron públicamente haber recibido fondos del robo del IHSS, para el financiamiento de sus campañas políticas en el año 2013.

De allí se han generado innumerables memes con los rostros de la pareja presidencial y las caras de personajes reconocidos, como Oscar Álvarez, Ricardo Álvarez y Gladis Aurora López, entre otras, que no aceptan los señalamientos de corrupción. De las denuncias por el supuesto fraude electoral, que ningún operador de justicia ha querido escuchar también se han producido cuantiosos mensajes y libelos, no solo contra los políticos sino también hacia periodistas y medios de comunicación alineados con el gobierno, a quienes califican de vendidos.

Pero tampoco es que sean tan santos estos nacionalistas que todos los domingos van a la iglesia. Ellos también han cultivado el odio y publican sendas campañas cargadas de veneno en contra de los líderes de la oposición, de los periodistas independientes y de las organizaciones sociales que claman justicia por tanta corrupción, señalan algunos críticos, de la sociedad hondureña.

Hasta el propio padre de Marcos Paz, el diputado proyectista de la Ley, ha sido delatado por sembrar ponzoña en contra del Coordinador de la Alianza contra la Impunidad, Manuel Zelaya, en su página de Facebook.   

Pero todo obedece a que después de las elecciones generales y del presunto fraude que mantiene en el poder al Partido Nacional, Honduras se ha polarizado y esas campañas se agudizaron de uno y otro bando. Y al verse perjudicados los nacionalistas echan su maquinaria buscando frenar la libertad de expresión, única forma de desahogo que hasta hoy tiene el pueblo ante el fracaso del  sistema de justicia.

 Nadie la quiere

Aparte del rechazo de la gente común, hasta ahora ya son varios los sectores organizados que se han pronunciado en contra de este proyecto. Sin embargo, los parlamentarios oficialistas y de los partidos minoritarios, adheridos a ellos, insisten en continuar su discusión hasta convertirla en Ley.   

Diversos organismos de derechos humanos han manifestado que de aprobarse ese proyecto, sería una Ley violatoria de la libertad de expresión, un derecho fundamental contenido en la Constitución de la República y los convenios internacionales ratificados por Honduras. 

Ante tal situación, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, ha manifestado que no se aprobará el proyecto hasta que sea socializado con todos los sectores. Nadie le cree, porque Oliva no es de confiar, señalan algunos, pero las personas que ven la situación desde otro ángulo, no descartan que los parlamentarios solo estén jugando para desviar la atención de los principales problemas que afectan al país. 

Y quienes piensan así no dejan de tener razón. Últimamente, los medios de comunicación han dejado de hablar del fraude electoral, del saqueo del seguro social, de la red de los diputados que se roban los subsidios, de la reforma a la Ley de Presupuesto y de la salida inesperada de diputados y alcaldes recién electos, entre otros temas. 

Creación de entes

Para formular, diseñar, implementar y vigilar el cumplimiento de lo que ellos llaman  Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el artículo 1 de esta Ley, ya dictaminada, crea el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad, que estará integrado solo por funcionarios del gobierno, que en su mayoría son líderes o activistas del Partido Nacional.

Gerardo Martínez, coordinador de la Comisión de Dictamen, asegura que no es una Ley para proteger a políticos ni para sancionar a los que escriban “Fuera Joh”, pero ¿Serán capaces los miembros de este Comité de atender y darle trámite a las denuncias que desde otros sectores se interpongan en contra de sus jefes?, -opine usted.

El Comité  estará integrado por funcionarios de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones,(CONATEL), la Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, el Sistema Nacional de Emergencia, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Banca y Seguros y la Secretaría de Finanzas.

La Secretaría de Derechos Humanos, el Sistema de Administración de Rentas, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto de la Propiedad, la Dirección General de la Marina Mercante, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Banco Central de Honduras y la Secretaría de Justicia Gobernación y Descentralización.

El proyecto señala que el Comité Interinstitucional de Ciberseguridad estará funcionando seis meses después de haberse publicado la Ley.

Pero además, el Proyecto comprende crear el Consejo de Veeduría Social, integrado por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el Colegio de Periodistas de Honduras, el Colegio de Abogados, la Sociedad de Internet Honduras, la Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Representantes de las Universidades del país, Representantes de Sociedad Civil, Foro Nacional de Convergencia, Asociación de Cable Operadores de Honduras y la Confederación Nacional de Federaciones de Patronatos de Honduras.

Señala el artículo 2 que los veedores podrán darle seguimiento a las funciones del Comité y emitir informes.

Multas millonarias

Además, la Ley prevé crear la Unidad de Respuestas e Incidencias, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Ciberseguridad, que será la encargada de recibir las denuncias, del juzgamiento y de sancionar con multas de 50 mil a un millón de lempiras a quienes cometan faltas administrativas.

Para el funcionamiento de esta entidad, la Ley faculta a la Secretaría de Finanzas a crear la partida presupuestaria.

Convenio de Budapest

El avance de las técnicas de información y comunicación causó una revolución de las redes sociales en Europa y para evitar que se cometieran delitos cibernéticos, armonizaron sus leyes entre diversos estados.

Fue así como en noviembre del año 2001 se reunió el Comité de Ministros del Consejo de Europa y aprobó el Convenio sobre Ciberdelincuencia, que también se conoce como el Convenio de Budapest, para prevenir y castigar los delitos de fraude, derechos de autor, pornografía infantil que se podrían cometer en el internet y otras redes sociales.

Tipificaron como delitos, el ataque a la integridad de datos, los ataques a la integridad del sistema, los abusos de los dispositivos, la falsificación informática, el fraude informático, la pornografía infantil y los daños a la propiedad intelectual. 

El Convenio de Budapest es vigente desde Julio del 2004 y al mismo se han adherido pases americanos como, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, El Salvador, Costa Rica, Uruguay, Chile, República Dominicana y Panamá. También forma parte de este convenio internacional, la República de Japón.

Empecinamiento para aprobar ley violatoria

El problema es que esta Ley surge en un contexto de restricciones graves a los derechos humanos, la aprobación de legislaciones que retrocedieron los avances en los derechos fundamentales y solamente se usan para generar terror judicial y criminalizar el derecho a la protesta.

En este contexto de control social, ha circulado un artículo publicado por el periódico británico The Guardian  donde devela que el Gobierno británico vendió a las autoridades de Honduras sofisticado material de espionaje valorado en al menos 400 mil dólares, el cual se pudo poner en uso justo antes de las masivas protestas derivadas de la crisis post electoral.

Según un artículo Ante el cierre de los espacios para que la población pueda denunciar o posicionar temas de interés nacional, las redes sociales son una alternativa para hacerlo, la cual quiere ser ahogada también.

Edison Lanza , Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, señaló hace unas semanas que de aprobarse esta Ley viene a violentar la libertad de expresión, además criticó que es un ordenamiento confuso que penaliza arbitrariamente a los intermediarios de la información.

En su informe  “Libertad de expresión e internet”, la CIDH dijo  que “En la actualidad, el derecho a la libertad de expresión encuentra en Internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de la población. En la medida en que el entorno digital ofrece el espacio para promover el intercambio de información y opiniones, su configuración y arquitectura resultan relevantes”.

El documento agrega que el  Internet se ha desarrollado a partir de determinados principios de diseño, cuya aplicación ha propiciado y permitido que el ambiente en línea sea un espacio descentralizado, abierto y neutral. Las características especiales que han hecho de Internet un medio privilegiado para el ejercicio cada vez más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, deben ser tenidas en cuenta al momento de establecer cualquier medida que pueda impactarla.

En este sentido, los Estados deben procurar que se preserve la arquitectura original de Internet y se mantengan sus características básicas. 6. En el entorno digital, la labor del Estado, el desarrollo de políticas públicas y la actuación de los particulares deben adecuarse a unos principios orientadores que incluyen: el acceso en igualdad de condiciones, el pluralismo, la no discriminación y la privacidad. En todo caso, es importante indicar que todas las medidas que puedan de una u otra manera afectar el acceso y uso de Internet deben interpretarse a la luz de la primacía del derecho a la libertad de expresión, sobre todo en lo que respecta a los discursos especialmente protegidos en los términos del artículo 13 de la Convención Americana, destacó.