El primero en pronunciarse a favor de Chinchilla fue el ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH), Juan Jiménez Mayor y a manera de campaña lo siguen otros personajes,afines con el gobierno, como el Pastor Alberto Solórzano, Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras.
Recientemente, la Confraternidad Evangélica hizo público un comunicado, solicitando a la junta de proponentes, considerar la reelección del Fiscal Chinchilla, para un nuevo periodo más. Llama la atención que estos sectores están apresurados en este tema seis meses antes de que se produzca la conclusión del mandato del funcionario.
Su nombramiento
La madrugada del 31 de agosto de 2013, en medio de las oscuras negociaciones políticas entre diputados liberales y nacionalistas, el Congreso Nacional, eligió como fiscal general, al nacionalista, Oscar Fernando Chinchilla y como Fiscal general Adjunto al liberal, Rigoberto Cuellar.
Para muchos hondureños a Chinchilla los nacionalistas le pagaron el favor. Antes de ser electo Fiscal, Chinchilla formaba parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y siempre estuvo a favor de leyes consideradas inconstitucionales que aprobaba el Congreso Nacional que presidia Juan Orlando Hernández y del que era secretario, Rigoberto Chang Castillo, el suegro de Chinchilla.
Chinchilla es el único de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que no fue destituido por ese Congreso Nacional, en el 2012,cuando el resto de sus compañeros de Sala declararon inconstitucional la Ley de las Ciudades Modelos y otras que a sus juicios eran lesivas para Honduras.
Sus méritos
Vale decir, que el suegro del Fiscal General, Rigoberto Chang Castillo, siempre ha sido uno de los principales líderes del Partido Nacional y de mucho poder en los gobiernos nacionalistas.
Y ante tal situación, muchos sectores consideran que no es moral, pero sí lógico, que el ahora Fiscal General, no quisiera quedar mal con su suegro, conducta que sigue repitiendo ahora que tampoco existen investigaciones contra la cúpula del Partido Nacional involucrada en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Tampoco se investigan las acusaciones por delitos de traición a la patria denunciados contra el presidente de la República Juan Orlando Hernández y los diputados que aprobaron la Ley de las ciudades modelos, de la acusación de corrupción contra los ex alcaldes nacionalistas, Ricardo Álvarez y Miguel Pastor. Ni contra el Fiscal General Adjunto, Rigoberto Cuellar, acusado de recibir sobornos de empresas saqueadoras del Seguro Social.
A eso se suma que el Ministerio Público también mantiene engavetados centenares de casos de corrupción ya investigados y listos para la presentación de los respectivos requerimientos fiscales, que por mandato superior no los enviaron a los tribunales de justicia.
Tampoco hay avances en las investigaciones de las muertes violentas de personas y otras violaciones de los derechos humanos, provocadas por militares y policías que reprimen las manifestaciones populares, en el marco de las crisis electoral y postelectoral, donde miles de ciudadanos y ciudadanas han salido a la calle para protestar contra un fraude electoral que no permitió que misiones internacionales de observación pudieran certificar un ganador por el sinnúmero de irregularidades encontradas.
