Desde  finales del año 2017 con las elecciones generales de noviembre, la violencia contra las personas que hacen uso de la protesta social para demandar castigo por el fraude electoral, y que a pesar de ello el Tribunal Supremo Electoral, TSE, declaró ganador a Juan orlando Hernández, los manifestantes son atacados por las fuerzas de orden.

El informe agrega que  las protestas son  altamente reprimidas, lo que coloca a la nación como unas de las más peligrosas para ejercer la labor de defensa derechos Humanos.

Para AI los defensores y defensoras de derechos humanos “son el blanco de campañas orquestadas tanto por Estado como agentes no estatales para desacreditar su labor” , además estos ataques tienen  un alto índice de impunidad.

Se señala también que el sistema de protección para defensores,defensoras,periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, ha traído avances pero que éstos siguen siendo insuficientes para garantizar la protección integral de estas personas.

En cuanto al Código Penal y sus reformas aprobadas por el Congreso Nacional en febrero y septiembre del 2017, estaban redactadas de forma excesiva , amplia e imprecisa, contraria al principio de legalidad. “Esas disposiciones podrían derivar en la aplicación arbitraria del código contra manifestantes, defensores y defensoras de los derechos humanos, lo cual podría criminalizar aún más su labor y obstaculizar el trabajo de los movimientos sociales”.

Con respecto a los derechos de los pueblos indígenas según los expresado por AI, “existe vulneración al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado en el contexto de proyectos, “no se han implementado las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2015 en los casos de Honduras que había violado los derechos colectivos sobre tierras de comunidades garífunas”.

En el conflicto de tierras existe “falta de seguridad de tenencia respecto a la tierra, niveles de violencia en el  Valle del Aguán. Según el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, no se habían implementado adecuadamente las medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger la vida y la integridad de líderes y lideresas en el valle del Aguan”.

Dicho informe detalla que  las mujeres, niñas y la comunidad LGTBI siguen afrontando violencia de género, entre enero y octubre de 2017.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos persistía la falta de protección a los derechos de las mujeres y las niñas a quienes no se les garantizaba el acceso a un aborto seguro y legal en ninguna circunstancia. El Congreso Nacional en abril del año pasado decidió mantener en el nuevo Código Penal la prohibición del aborto en todas las circunstancias.

Por último, dicho informe hace una importante descripción que la violencia generalizada es el elemento primordial para que las personas se decidan por el refugio o el  asilo político,  en casi todos los países del mundo. Según estadísticas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) entre enero y octubre recibieron 14 mil 735 orientadas a ese fin.

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