En su último informe, actualizado hasta el 27 de diciembre pasado, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), contabiliza oficialmente que en la crisis post electoral fallecieron violentamente 31 personas, eso sin tomar en cuenta que el 01 de enero en Esparta, Atlántida, fue asesinado Wilmer Paredes y el 20 de este mismo mes, en Sabá, departamento de Colón, Anselmo Villareal.

“De  las diferentes inspecciones realizadas en zonas de conflicto por desalojos de manifestantes en tomas de carreteras, hospitales y oficinas de medicina forense, así como de los testimonios de familiares de víctimas, se ha podido verificar el fallecimiento de treinta y una (31) personas, cuyas muertes tienen una posible relación con manifestaciones o desalojos”, detalla el CONADEH.

Cabe decir, que este organismo ya les ha solicitado a las autoridades la investigación y judicialización de estas muertes, pero los operadores de justicia no hacen nada para resolver estos casos. Sin embargo, de manera contraria, el Ministerio Público, presentó en los diferentes juzgados de lo penal del país, 18 requerimientos fiscales contra manifestantes y los acusó de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daños y atentado.

A las cifras oficiales del CONADEH se suman las de Aci-Participa, un organismo de derechos humanos en el país, que mantiene registro de todas las muertes ocurridas en el marco del proceso electoral.

Ellos ya le han sumado las dos muertes ocurridas en este año y totalizan 33 fallecidos violentamente en las manifestaciones contra un fraude electoral que le ha abierto las puertas a la consolidación de la dictadura de Juan Orlando Hernández y que para muchos conservadores, empresarios, políticos, pastores evangélicos, sacerdotes, obispos y el cardenal, sigue siendo democracia.

La Coalición contra la Impunidad publicó un informe donde coincide con el número de muertes contra manifestantes, pero además profundiza en las tipologías de ataques contra líderes y lideresas que se han manifestado contra el fraude electoral.

Patrones de comportamiento de las fuerzas de seguridad y la institucionalidad hondureña en la coyuntura

La Coalición contra la Impunidad en su boletín no. 716 del Escenario Post Electoral reveló patrones de comportamiento de los cuerpos de seguridad en el escenario de crisis:

1. A partir del 30 de noviembre de 2017, los disparos a bala viva se convirtieron en regla general en todas las represiones efectuadas.

2. El lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de las casas de habitación como práctica repetida.

3. Allanamientos ilegales en casas y negocios de personas vinculadas a la movilización ciudadana con el propósito de intimidar o realizar detenciones ilegales.

4. Aplicación de castigos y humillaciones públicas con finalidad ejemplarizante en contra de manifestantes por parte de los agentes de seguridad.

5. Empleo de instrumentos policiales y militares no autorizados (especie de toletes más grandes, cadenas con ganchos, armas de electrochoques, etc.)

6. Empleo de vehículos particulares para la vigilancia, persecución y hostigamiento de los y las personas manifestantes.

7. Agentes de seguridad con identificación oculta y/o sin identificación. 16 Escenario post electoral, 2017. Edición No. 7 Coalición contra la Impunidad, 18 de diciembre de 2017.

8. Acciones de seguimiento, hostigamiento y persecución en contra de liderazgos zonales.

9. Agentes de seguridad desplazados en barrios y colonias del territorio nacional, con la finalidad de buscar personas determinadas mediante listados.

10. Uso desproporcionado de la fuerza en contra de las personas detenidas.

11. Infiltración de movilizaciones, tomas y demás expresiones de la lucha anti fraude. Por su parte, las instituciones del Estado han mostrado comportamientos reiterados, los cuales pueden interpretarse como un obstáculo claro y decidido a fin de garantizar justicia para las víctimas.

a) El Ministerio Público frente a los riesgos denunciados no ha actuado pronta y oportunamente. b) La Dirección Policial Investigación (DPI) en al menos 5 de los casos documentados ha puesto obstá- culos para la recepción de las denuncias. Vea este informe en detalle Aquí.

A los muertos también se suman más de treinta personas heridas por las balas disparadas por la policía Nacional , la Policía Militar y el ejército, de los cuales varios no estaban en las manifestaciones cuando fueron atacados.

Tal es el caso de Wiliam Joel Almendarez, un niño de trece años a quien policías militares le dispararon el 02 de diciembre de 2017, cuando estaba en la terraza de su casa en la colonia Santa Eduviges, de Comayagüela, y al ver pasar a los policías les gritó “Fuera JOH”. El niño resultó con un balazo en el cuello por lo que tuvo que recibir asistencia médica. 

Situación similar ocurrió el 02 de diciembre en la colonia El Pedregal de Tegucigalpa, cuando Gustavo Adolfo Antúnez y Kevin Ramos, estaban en su casa y llegaron varios miembros de la Policía Militar con la intensión de sacarlos violentamente y les dispararon con armas de fuego en sus piernas. En total, Aci Participa registró en su informe 31 agresiones de este tipo.

Entre tanto, el CONADEH, documentó hasta finales de diciembre, 81 quejas de diferente índole por violaciones a los derechos humanos que se presentaron durante y después de las manifestaciones.

Vea el listado de asesinados según Aci-Participa Aquí