El Ministerio Público les libró requerimiento fiscal el 12 de diciembre del año pasado por torturas, detención ilegal, abuso de autoridad y lesiones, cometidas por los oficiales contra los defensores de derechos humanos María Tomasa Morales, de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU; Hedme Castro, de ACI-Participa; Ariel Díaz , de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Carlos del Cid, integrante del Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, OEIDH.

Asimismo contra los estudiantes Nahun Edgardo Portillo Díaz; Santos Alfredo Ruíz; Bryan Alexander Gonzales Obando; Andy Frank Villanueva Rodríguez; Christian Josué Sanabria Herrera, Marcio Noé Silva Ramírez, Edwin Fabricio Salas Andara y José Francisco Bustillo.

Los hechos iniciarán a ventilarse en los Juzgados de lo Penal de Francisco Morazán hasta este 28 de febrero a las dos de la tarde, donde los imputados estarán de cara a la justicia pero tendrán a la par un Ministerio Público que no los quiere en la cárcel sino que se defiendan en libertad a pesar que las acciones constituyen graves violaciones a los derechos humanos, como lo son las torturas.

Queremos verlos en la cárcel

Para los defensores afectados ver en la cárcel a los responsables de causarles daño, sería acceder en parte a la justicia, pero si el Poder Judicial no responde a la Ley, las cosas agravarán la situación pues los oficiales se sentirán poderosos para seguir torturando.

Carlos del Cid, una de las víctimas expresó que nos sentimos con el valor necesario, la fuerza moral para ir y ver cómo el sistema judicial acusa a estos delincuentes que nos agredieron pero sobre todo para ir a vigilar que cumplan con el papel que deben cumplir.

Tiene esperanza que el sistema judicial valore el nivel de gravedad de los delitos por los cuales se acusa a los oficiales , pero a la vez que tengan la visión de valorar “ el nivel de poder de estos individuos para dañarnos y que en base a esta información les dicten cárcel”.

Destacó que el hecho de que el Ministerio Público haya pedido en el requerimiento fiscal medidas distintas a la prisión manda un mensaje de que el sistema está coludido, que hay respaldo para toda la oficialidad y la tropa, les incitan a que atropellen a la ciudadanía y a cambio el régimen los va a proteger para que lo sostengan.

“Nosotros haciendo todas estas acciones les estamos diciendo que no podemos tolerar que individuos uniformados no importante el grado que tengan les permita atropellar a la ciudadanía, para eso sentimos el respaldo de los compañeros de derechos humanos. A la prensa le pedimos que jueguen el papel que les corresponde”, dijo Del Cid.

Al consultarle qué impacto tuvo este hecho contra su labor de defensor de derechos humanos dijo que “aunque me daño físicamente y trataron de humillarme e intimidarme, eso me ha dado más sensibilidad al entender que el pueblo de a pie es atropellado y cuando no tiene quién por él, por eso tenemos las cárceles llenas de pobres que no tienen quien los defienda”.

Me han estado persiguiendo

He tenido varios incidentes de seguridad que he denunciado, entre ellos llamadas telefónicas, han llamado desconocidos a mi casa le han dicho a mi esposa que si vive un oficial allí , ella les ha manifestado que dejaran de llamar que allí no existencia de ningún oficial, denunció.

Su caso ha estada vigilada desde un vehículo sin placas, y en una ocasión un desconocido llegó a preguntar a su colonia si había gente quemando llantas en la colonia interrumpiendo el tráfico, “para mi esa es una amenaza velada que señala que hay vigilancia allí, creo que una persona por quemar una llanta no puede ser llevado a prisión”.

Para él los responsables son los mismos que lo torturaron y que quieren sembrarle miedo para que no continúe con la denuncia, “me parece que los responsables que nos torturaron están haciendo estas acciones porque hay una acción coludida del Ejecutivo con estos oficiales, eso lo demuestra el ascenso que dieron al oficial Godoy en enero, el juicio lo trasladaron hasta febrero para que su expediente no se viera afectado”.

Mientras Ariel Díaz manifestó que espera prisión para los oficiales porque el delito de tortura es graves y el juez está obligado a enviarlos a la cárcel, si no lo hacen es una denegación de justicia y eso nos da el paso para acudir a la Comisión interamericana de Derechos Humanos, CIDH. “El seguir en sus cargos les da ventaja pues en sus pasados han sido vinculados al sicariato y redes criminales, y nuestro caso no puede ser la excepción”.

También denunció que en los últimos meses ha tenido seguimiento, vigilancia e intervención telefónica, “hay hombres de aspecto militar y policial que nos han seguido, carros con vidrios polarizados frente a nuestras casas , estos los hemos denunciado en su momento y el Estado no ha hecho nada, el Mecanismo de Protección debió haber actuado de oficio para protegernos y eso implica que no funciona y solo alimenta el círculo de la impunidad”.

Por su parte Hedme Castro señaló que no tenemos esperanzas de que se haga justicia en Honduras porque estamos en un gobierno de facto que mediante un fraude se sentó en la silla presidencial.

“Vamos a agotar las instancias nacionales para ir a las internacionales, vamos a seguir denunciando. Es terrible ser defensora de derechos humanos en un país con impunidad y nuestra familia también sufre las consecuencias de esta situación”.

Agregó que de por sí el trabajo que realizan los defensores de derechos humanos en Honduras les coloca en vulnerabilidad con este hecho ella y su familia están más en riesgo, “ el hecho que estos criminales anden en la calle nos pone en riesgo, quiero responsabilizar al gobierno y a estos oficiales de lo que pueda pasarme a mí y a mi familia porque acostumbran asesinar a las víctimas. No creo que los manden a prisión, aquí no existe la gobernabilidad, estas son personas aliadas al gobierno” .