Portando mantas, pancartas y gritando consignas, centenares de mujeres de San Pedro Sula y Tegucigalpa desfilaron por las calles en masivas manifestaciones para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

“No queremos flores, queremos que nuestros derechos se cumplan, estamos cansadas de que los gobernantes crean que nos hacen un favor cuando aprueban una ley o cuando impulsan proyectos para las mujeres”, dice un comunicado que fue leído por las manifestantes en Tegucigalpa.

Para ellas es importante recordarles a las autoridades la obligación que tienen de impartir justicia para las más de 5,000 mujeres que en los últimos 15 años han perdido la vida de manera violenta, sin que los asesinos hayan pagado por esos crímenes.

Sólo en el 2017 el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), registró que de 987 mujeres que murieron violentamente de diversas formas, 389 fueron por homicidio, 90 suicidios, 274 por accidentes de tránsito, 104 muertes no intencionales y 130 de manera indeterminada. En el 2016 por estas razones murieron 1034 mujeres, 47 más que en el 2017, sin embargo hay sub registros porque en la morgue no se están registrando todos los asesinatos de mujeres, según lo han denunciado debido a que quieren presentar estadísticas maquilladas con la intención de presentar que el gobierno avanza en disminuir los homicidios.

¿Y por qué sudor y consignas envés de rosas?

El 8 de marzo de 1857, mujeres obreras de la industria textil salieron a las calles de Nueva York a protestar por las precarias condiciones en las que trabajaban y esta fue una de sus primeras manifestaciones por sus derechos.

Pero el 5 de marzo de 1908, un grupo de 140 de mujeres que reclamaban igualdad salarial, disminución de la jornada laboral a 8 horas y tiempo para poder estar con sus familias, se declararon en huelga y murieron quemadas en el interior de la fábrica de Sirtwoot Cotton, cuando el dueño de la empresa en represalias le prendió fuego.

Y en 1910, para conmemorar sus muertes, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras celebrada en Copenhague (Dinamarca) y a propuesta de la ideóloga comunista y política alemana Clara Zetkin, respaldada por más de 100 mujeres procedentes de 17 países, decidieron declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Esta fecha también fue reconocida en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas.

El principal objetivo siempre ha sido promover la igualdad de derechos, incluyendo el de votar, un derecho al que en Honduras lograron las mujeres hasta en 1955 cuando se les permitió elegir y ser electas. Sin embargo, hasta hoy ninguna mujer ha logrado ser presidenta de este país centroamericano.

Mujeres hondureñas exigen justica y un alto a la impunidad

Con pancartas y consignas las hondureñas organizadas en salieron a las calles en conmemoración para exigir justicia ante tanta impunidad, en la capital el punto de salida fue en las cercanías de la casa presidencial con rumbo a los Juzgados de lo penal de Tegucigalpa ubicados en el barrio la Granja.

A tempranas horas se dieron cita para salir con una caravana que las reuniría en esa zona para exigir justicia, sin embargo como ya es de costumbre el Estado las recibió con un fuerte pelotón de policías para impedir que la movilización saliera desde la casa presidencial, pero esto no impidió que se reunieran.

Con solo dos femicidos juzgados desde el 2016 a la fecha, aún permanecen el Ministerio Público un estimado de unas 2 mil 300 denuncias de mujeres víctimas de femicidos y otros delitos pero la respuesta de este ente ha sido silencio y no da respuesta inmediatas a las denuncias.

Según Suyapa Martínez, del Centro de Estudios de la Mujer de Honduras, (CEM-H), “los patrones de agresiones contra las mujeres en Honduras son la violencia sexual que ocupa un 20% de las estadísticas de los asesinatos cuyos autores en algunos casos eon maras y pandillas, trata, discriminación y asesinatos por su desempeño laboral, son algunos de los patrones por los cuales nos están asesinando”.

Dentro de  sus análisis la feminista reclamó que para los próximos cuatro años “habrá una profundización del patriarcado con la agudización de los femicidios, más violaciones sexuales, incestos, mas mujeres sin derechos y más pobreza para las mujeres con estos elementos Honduras estaría enfrentando una gran crisis con respecto a los derechos de las mujeres.

A gritos y consignas demandaron más políticas públicas que beneficien a las mujeres con legislaciones operativas, creativas, innovadoras porque en el Congreso Nacional hay varios proyectos que no benefician a las mujeres.

“En Honduras la alianza que mantienen las cúpulas religiosas con el poder político han dejado sentado un fundamentalismo religioso y ese es un obstáculo para que la mujer tenga políticas en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos”, dijo Katerin Zeron, de la Red de Mujeres Katrachas.

Para Zerón los avances que han obtenido son producto de las diferentes luchas impulsadas en los últimos cuatro años son casi nulos debido que hay leyes que no favorecen a las mujeres, otras existen pero pocas veces se cumplen, por lo que estos próximos cuatro años seguirán en resistencia ante este sistema de opresión que viven.

La movilización terminó frente a las instalaciones de los juzgados del Barrio La Granja, en solidaridad con la familia de Berta Isabel Cáceres donde se realizaba la Audiencia Inicial contra uno de los responsables del asesinato de la ambientalista, la cual fue suspendida, en ese Juzgado adujeron que no habían condiciones para que ésta se llevara a cabo y fue reprogramada para el este viernes 09 de marzo.

Coalición contra la Impunidad repudia todas las formas de violencia hacia las mujeres

CIDH exhorta a los Estados a abstenerse de adoptar medidas derechos de las mujeres 

Washington, D.C. – 8 de marzo de 2018.-Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados de la región a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres,  de las niñas y de las adolescentes, y a abstenerse de adoptar medidas que tengan un impacto negativo o regresivo en el respeto y garantía de sus derechos fundamentales.

En la región, las mujeres continúan enfrentando serios desafíos para lograr el pleno respeto y la protección de sus derechos fundamentales, en un contexto de violencia y discriminación estructural y endémica contra ellas.

En particular, se registran altas tasas de homicidios por razón de género, desapariciones, acoso y violencia sexual, entre otras formas de violencia, y subsisten serios obstáculos que les impiden tener un acceso oportuno y sin discriminación a la justicia y a una reparación y protección integral frente a estos actos. Al mismo tiempo, las mujeres también enfrentan barreras para obtener un debido acceso a educación, información y servicios de salud sexual y reproductiva, de manera imparcial, oportuna y culturalmente adecuada. La discriminación contra las mujeres también impide que las mujeres tengan acceso a la igualdad de oportunidades de trabajo y condiciones de empleo y, en particular, a igual remuneración que sus colegas varones por un trabajo de igual valor y a un lugar de trabajo libre de acoso sexual.

Estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres tienen un impacto diferenciado en aquéllas que pertenecen a grupos históricamente excluidos, tales como las mujeres en situación de pobreza, las que habitan en zonas rurales, las mujeres indígenas y/o afrodescendientes, las mujeres con discapacidad y las mujeres de la comunidad LGBTI. A su vez tienen un alcance especial en el caso de las niñas y adolescentes.

La CIDH reafirma que la perspectiva de género es un concepto que visibiliza la posición de desigualdad y subordinación estructural de las mujeres a los hombres en razón de su género y es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres, de conformidad con los estándares interamericanos en la materia. En este sentido, urge a los Estados a prevenir la influencia de tendencias que buscan limitar los derechos de las mujeres, como el preocupante uso de la “ideología de género” en referencia peyorativa a la perspectiva de género.

La CIDH también exhorta a los Estados a documentar, investigar y sancionar las formas emergentes de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, como el acoso sexual y laboral, la violencia obstétrica, la violencia que toma lugar en el ámbito de las tecnologías y de Internet, la trata de personas, entre otras.

La Comisionada Margarette Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres, ha señalado que “las medidas que representen un retroceso en los esfuerzos de los Estados para cumplir con estas obligaciones pueden constituir una violación a los derechos humanos de las mujeres y, por ende, resultan inaceptables”.

La Comisión subraya que los Estados deben abordar los patrones socioculturales discriminatorios que subyacen en estas prácticas. Asimismo, tienen la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y ofrecer una reparación integral a las víctimas.

A fin de contribuir al cumplimiento de estas obligaciones, en el periodo 2017-2018, la CIDH ha decidido poner especial énfasis en sus acciones orientadas a monitorear la situación de los derechos de las mujeres en la región; avanzar en el establecimiento y difusión de estándares y en la formulación y el seguimiento de recomendaciones en la materia; y a brindar la asesoría técnica que tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad civil puedan requerir para avanzar en la promoción de los derechos de las mujeres.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.