A raíz de esa situación los socios de la Empresa Campesina de Producción “La Montañuela, presentarán una demanda contra el Instituto Nacional Agrario (INA) en los próximos días para que les restituya el derecho a la tierra ya que la institución estatal les otorgó los títulos de propiedad y posteriormente fueron desalogados por orden del Juzgado de lo Civil de Juticalpa, en el departamento de Olancho.

La posesión de la tierra la tuvo la empresa campesina por 37 años, y en los últimos 20 la utilizó en la cría de ganado, tanto en la producción de leche, carne y siembra de granos básicos y de ella dependían unas 25 familias, pero extrañamente fue reclamada por un terrateniente que logró un fallo a su favor y procedió a desalojarlos.

Las tierras están ubicadas en la aldea de Panuare, municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho, y constan de 187 manzanas, A raíz del desalojo los afectados han tenido que emigrar mojados al extranjero y a otros rincones del país en espera de una respuesta del Gobierno para que les devuelvan sus propiedades, las cuales fueron adjudicadas por el INA de manera legal.

Culpa del INA

Aquileo Álvarez, uno de los socios de la Empresa Campesina, indicó que a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), anularon el título de propiedad que “La Montañuela” compró al Instituto Nacional Agrario (INA).

“Eso nos originó una orden de desalojo de la tierra que el Instituto Nacional Agrario,(INA), nos había titulado por lo que estamos solicitándole al Estado nos restituya el derecho a la propiedad porque es el responsable de esto”, afirmó.

Álvarez adelantó que “en este momento estamos realizando la demanda contra el Instituto Nacional Agrario, para que nos arregle este problema, porque el verdadero responsable es el Estado”.

El afectado señaló que “desde que se dio el desalojo, la gente del INA nos tiene en eso de que ya pronto se resuelve, más mañana, pronto estará listo, que para mañana y otro día y más mañana y nada. En eso de más mañana ya tenemos dos años y no se resuelve nada todavía”, agregó.

Los afectados pidieron al Gobierno que “nos devuelvan la propiedad que ellos mismos nos han vendido, con los agregados que no nos han tomado en cuenta como las mejoras, casas e infraestructura que nosotros habíamos realizado en la tierra y lógicamente el Estado tiene que pagarnos eso”, exigió.

Posesión desde 1982

Por su parte, Karla Alegría de la Vía Campesina y apoderada legal de empresa campesina, señaló que “la empresa está formada por 16 socios y socias, con jurisdicción en la aldea Punuare, municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, quienes desde el año de 1982 tienen posesión del terreno por estado de ociosidad y fue hasta el año de 1995 que fue beneficiada por un título de propiedad”.

Apuntó que la tierra fue “otorgada por el Instituto Nacional Agrario, con una extensión de 187 manzanas, siendo esta de naturaleza jurídica ejidal, y con vocación para la agricultura y ganadería, después de tener una seguridad jurídica en donde los beneficiaos realizaban actividades agrícolas como son siembra de maíz, arroz y frijoles, la produción de leche y carne, entre otras”.

Alegría explicó que “de forma ilegal y después de 34 años de posesión, fueron desalojados por una orden del Juzgado Civil de Juticalpa, a petición del señor Salvador Aguilar Mazzoni, descendiente de una familia pudiente, quien en confabulación con las autoridades judiciales y policiales, instaron una demanda civil para la Reivindicación de Dominio y dejar sin valor y efecto el título de propiedad otorgado por el ente regulador de la Reforma Agraria”.

La profesional del derecho relató que “dejaron en completa indefensión a las familias, tanto jurídica como el derecho al acceso a la tierra y son innumerable las violaciones al debido proceso y garantías constitucionales que en el expediente de mérito registrado bajo el número 154-2002, donde se encuentra plasmada la supra mencionada orden de desalojo”.

Agregó que los afectados “están siendo sancionados con la figura de “Tasación de Costas”, que no es más que pagos de honorarios del profesional del Derecho de la parte demandante”.

Para Alegría “es como un castigo pecuniario, después de ser despojados de sus parcelas y donde el valor del terreno en propiedad de los campesinos y campesinas anda por unos 42.7 millones de lempiras, ahorales reclaman honorarios profesionales de parte de los demandantes por valor de 6,4 millones de lempiras que tendría que pagar la empresa”, denunció.

Otro elemento importante y vinculante agregó la apoderada legal es que la empresa campesina, tiene incoados dos procesos más, vigentes en materia penal, uno data del año 2012 y el otro del año 2014.

El primero por usurpación el cual se encuentra pendiente de una investigación -in situ- de un técnico del Instituto de Conservación Forestal, para supervisión de la siembra de 700 plantas y un pago de cinco mil lempiras, que deben enterar a la Procuraduría General de la República, para decretar una suspensión de la persecución penal.

El segundo por el supuesto delito de tala y daños en perjuicio del Medio Ambiente y sus recursos naturales, que está expediente y con órdenes de captura para 4 miembros de la empresa campesina”, amplió.

Actualmente los miembros de la Empresa Campesina “La Montañuela” se encuentran desalojados de sus tierras, los persiguen y tienen órdenes de captura en su contra y el Gobierno a través del Instituto Nacional Agrario no les da ninguna respuesta o solución al caso.