El 28 de febrero inició el juicio contra los oficiales de la Policía Preventiva Juan Manuel Aguilar Godoy; Félix Adrián Colindres y Agustín Vásquez Palma, que torturaron a las defensoras Tomy Morales,(ASOPODEHU, y Hedme Castro (ACI-Participa), y los defensores Carlos del Cid)Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos) y Ariel Díaz (CIPRODEH).

El abogado Omar Menjivar, quien representa a Hedme Castro y a Tomy Morales dijo que “si la Juez se apega a derecho, deberá dictar un auto de formal procesamiento por los delitos de torturas, detención ilegal, lesiones y Abuso de autoridad contra los oficiales”

Informó que la estrategia de defensa de los oficiales no consistió en negar el hecho sino a justificarlo diciendo que tuvieron razón y que las circunstancia los obligaron a hacer uso de la fuerza , pero “desde luego no hay manera de justificar un uso abusivo de la fuerza y en este caso nosotros sostuvimos ante la juez que no podemos ni hablar ni de uso desproporcionado de la fuerza sino que nunca hubo necesidad de usarla por lo tanto podemos hablar de uso desproporcionado e irracional , eso quedó acreditado con los videos que se evacuaron como evidencia”.

Menjivar refirió que las órdenes de captura y de desalojo, también fueron presentadas como prueba documental porque la defensa basaba su argumento en que habían órdenes judiciales pero las mismas llevan delimitadas en qué consisten esas órdenes, “los líderes de esos desalojos eran los jueces ejecutores que nombró el juzgado pero éstos no tuvieron ningún protagonismo todo eso lo asumieron los oficiales de policía que están siendo emplazados, desplazaron a los jueces de ejecución e hicieron lo que quisieron. Las órdenes que emitió el juzgado no le dio autorización a la policía para los abusos”.

Al consultarle cómo le ha ido en este tipo de casos de acuerdo a su experiencia de litigación, dijo que “la experiencia que tengo es que cuando se acusa a policías el sistema termina favoreciéndoles, la lucha tiene que darse más allá de esta audiencia e incluso del juicio y en otras instancias, ojalá que en este caso no sea así, porque facilita el hecho de que la propia defensa acepta el hecho, no lo niega, ojalá que en este caso tengamos una resolución que sancione a estos oficiales de policía que valiéndose del cargo y de la autoridad de que están investidos abusan de las personas”.

Ante informaciones que han circulado de subalternos de los oficiales que usan los hechos ocurridos a los defensores como un antecedente para generar miedo y usarlo como mal ejemplo ante la ciudadanía, Menjívar expresó que eso es actuar con impunidad, con conciencia de la impunidad que disfrutan. La policía tal como está concebida en un Estado democrático es el principal garante de los derechos humanos, pero en la práctica es la principal violadora de estos derechos , y es peor cuando tienen conciencia de lo que hacen.

Mario Rojas, otro de los abogados del equipo de acusadores privados manifestó que en la audiencia hizo un pequeño control de convencionalidad en lo referente a la impunidad, “ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias sentencias ha referido que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas por el Estado, para recalcarle a la jueza que esta es una etapa inicial y este caso debe ir a un juicio oral y público para probar esas violaciones a los derechos humanos”.

El Estado de Derechos está bastante vulnerado, es por eso que el temor de nosotros es que por los cargos que ostentan los acusados puedan influir en el aparato jurisdiccional y que puedan salir sin ningún proceso por haber violado derechos humanos.

Entretanto Kenia Oliva, abogada acusadora privada también, expresó que lLa defensa está tratando de justificar las acciones de la policía diciendo que ellos son el Estado, “o sea nos excluyen como ciudadanos parte del Estado, han dicho que los policías estaban ante un hecho infraganti, ya se les aclaró que no había eso y que no estaban autorizados para permanecer en la universidad”.

Otra de las cosas es que la defensa sigue discriminando a los estudiantes diciendo que debemos de probar de si efectivamente eran estudiantes, en todo caso si hay una duda quienes deben probar son ellos mismos , en ningún momento fue un hecho controvertido que no está en discusión.

Además que los hechos contra los defensores de derechos humanos es un caso juzgado y que fue sobreseído por los delitos de que fueron acusados los defensores, “esta juez no puede inmiscuirse en esa causa, la ley se lo prohíbe u opinar sobre las acusaciones contra los defensores”, reiteró.

Señaló que la defensa de los oficiales lo que está tratando es de confundir a la jueza, eso es un acto de deslealtad “ya la Ley dice que los abogados debemos ser leales con lo que decimos, no se debería estar hablando de los hechos pasados sino de que los policías torturaron a las personas que se encontraban allí”.

En la audiencia se hizo presentre Carlos del Cid, quien espera con ansias que por fin se haga justicia y se castigue a los altos mandos policiales que le torturaron a él y a sus compañeros defensores de derechos humanos el pasado 08 d septiembre de 2018 en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.