En el caso del asesinato de Berta Cáceres se busca condenar a los supuestos autores materiales Mariano Díaz Chávez, Douglas Geovanny Bustillo, Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza, Emerson Duarte Meza y Oscar Arnaldo Tareas, a quienes el Ministerio Público los presume responsables de los delitos de asesinato en perjuicio de la ambientalista y asesinato en el grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.

Según los hechos en fecha 3 de marzo de 2016, como a eso de las 11:40 de la noche y cuando la víctima se encontraba en su casa de habitación en el colonia El Líbano en el municipio de La Esperanza, Intibucá, en compañía del testigo protegido, varias personas ingresaron a la vivienda de manera violenta, portando armas de fuego y dispararon contra la humanidad de Berta Cáceres, quien murió en el acto y contra el testigo protegido, quien recibió múltiples heridas de consideración, quedando con vida.

El Código Penal por los delitos de asesinato establece una pena que va entre los 20 a 30 años de cárcel, mientras que por el asesinato en su grado de ejecución de tentativa una pena entre los 13 años con 4 meses a 20 años de reclusión.

Audiencia de proposición de pruebas

Berta Isabel Zúniga Cáceres, hija de la malograda ambientalista, indicó que este día se realizó la audiencia de presentación de pruebas, previo a la celebración del juicio contra los ocho imputados en su calidad de autores materiales de la muerte de Berta Cáceres

“La parte más complicada son las acusaciones contra las personas que no forman parte del sicariato, los “gatos” o los que son fáciles de atrapar y que están vinculados a la empresa DESA, en este caso Sergio Rodríguez Orellana, quien es el gerente técnico ambiental, Douglas Bustillo, fue jefe de seguridad y un agente diferente, Mariano Díaz Chávez, mayor de las Fuerzas Armadas”, señaló.

Zúniga Cáceres manifestó que en el caso “esperamos precisamente la acusación de la integridad de los hechos, ya que hasta ahora el Ministerio Público y las autoridades de justicia sólo se han concentrado en el hecho del asesinato mismo, pero a eso le antecedió un montón de incidentes, de vigilancia, de ataques al COPINH, que también son importantes , son parte del contexto y sobre todo de una persona que era luchadora social y que muere por esa causa”, estableció.

“También se presentará la acusación formal legal del COPINH, como una víctima.

Para este día 27 de julio, se esperaba se supiera para cuándo será el juicio para las ocho personas que están siendo juzgadas en el delito que persigue la parte acusadora y el Ministerio Público.

Avance normal

Sobre el avance del caso para la búsqueda de justicia, el defensor de la familia Cáceres, el abogado Omar Menjivar, apuntó que avanza normalmente, en lo que tiene que ver con los ocho acusados .

“La queja que tenemos los del equipo que conformamos la acusación privada, que representamos al COPINH y a la familia de Berta, es la falta de voluntad de parte del Ministerio Público para proceder contra los que ordenaron la muerte de Berta Cáceres, los autores intelectuales, porque todos los que están acusados en este caso, son empleados”.

De acuerdo a Menjivar la tesis que sustenta el Ministerio Público y el móvil de la muerte de Berta Cáceres fue su oposición a la construcción de ese proyecto hidroeléctrico DESA, Agua Zarca, que es propiedad de Desarrollos Energéticos, S. A. y para ello la fiscalía ha acusado a quien fungió como gerente ambiental, al jefe de seguridad, al presidente ejecutivo de DESA, pero todos ellos a pesar de estar ligados a la sociedad, son sólo empleados.

“Ellos no tomaron la decisión por su propia cuenta hay una sospecha racional fundada de que los que ordenaron la muerte de Berta son los que se sentían afectados y eran los propietarios del proyecto y contra ellos no parece existir voluntad del Ministerio Público, ni siquiera de seguir una investigación”, agregó Menjivar.

La parte acusadora pide se abra una investigación profesional de parte del MP, pero que la misma sea seria para determinar la responsabilidad que podrían tener los socios de la empresa DESA.

“En lo que estamos claros es que los que han sido acusados son empleados de DESA y no serían los más interesados en ejecutar el hecho”, destacó.

Otro hecho que dejó claro Menjivar es “la confabulación que existió de parte de agentes del Estado, de fuerzas de Seguridad Pública, de las Fuerzas Armadas y la complicidad a nivel administrativo de varios entes gubernamentales al facilitarle los trámites al proyecto para que operara, burlando la voluntad de los pueblos índígenas en el cual está sentado el proyecto, sin la consulta a los pueblos y en contra de disposiciones que están contenidas en un tratado internacional como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó el apoderado legal.