La crisis del golpe de Estado ha profundizado  las precarios condiciones económicas de la sociedad en general, sufriendo las consecuencias el sector menos protegido del país. El derecho a la protesta social se ha visto muy atacado. En la UNAH fueron criminalizados unos 200 estudiantes desde el año 2015, tres tienen una sentencia condenatoria y más de 20 fueron expulsados en el 2017 por demandar democracia en ese centro.

A pesar de las amenazas se movilizan

Tras los fuertes impactos por el incremento de los carburantes y por ende la canasta básica, posteriormente a varios días de paro del transporte público, la comisión mediadora del gobierno y dirigentes del sector transporte acordaron incrementar entre uno y dos lempiras al transporte público, hace unas semanas.

Esa medida desencadenó el malestar de la sociedad hondureña, y el sector estudiantil de la UNAH  y de colegios públicos de educación media han manifestado su descontento en las calle.

Nery Gómez, del Movimiento Amplio Universitario MAU, señaló que “vivimos una crisis, como academia y ciencia nosotros no debemos estar alejados o desvinculados de los conflictos que pasan en nuestro entorno, entonces en las últimas semanas se ha venido dando un incremento en las alzas de los combustibles, pero esto no solo repercute en los carburantes sino también en las alzas de la canasta básica, la energía eléctrica, precios en el transporte urbano e interurbano. A raíz de las misas negras que se estaban dando entre el gobierno y los dirigentes transportistas, nosotros nunca dimos una tregua, siempre seguíamos luchando por la rebaja de los 23 lempiras”.

Agregó que entre las demandas además está retrotraer el cobro del transporte público, una boleta de descuento a nivel nacional para casi 90 mil estudiantes universitarios que se movilizan a diario, lo cual abarca a personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas de tercera edad. 

Gómez informó que el 08 de agosto del corriente año se pretendía tener una reunión con Francisco Herrera, rector de la UNAH y dirigentes del sector transporte, sin embargo a dicha cita no se presentaron ningun de las dos partes, solo los  estudiantes de ese centro educativo. Ante la falta de atención al problema, se le envió una invitación la cual no respondió.

A raíz de esa situación mantuvieron una toma por más de cinco días, respaldada por la comunidad universitaria, tras esta protesta hubo múltiples represalias, entre ellas, disparos por desconocidos desde un vehículo con número de placa PDZ0638 hacia los estudiantes mientras hacían una movilización el pasado miércoles 08 de agosto.

Se suma a ello las frases estigmatizantes del periodistas Renato Alvarez, en su programa Frente a Frente, donde tacha a los jóvenes “como una vergüenza para el país", y arengó a la inteligencia del Estado para que procediera a identificar a todos estos estudiantes, "o cualquier institución del Estado ya debería estar preparando una acción para contrarrestarlos ”, expresó vehementemente.

A la lucha por rebajas para los educandos se sumó el sector estudiantil de educación media en los colegios Luís Bogan, Jesús Aguilar Paz y el Abelardo Fortín, que además demandan que el Estado mejore las condiciones de estas instituciones educativas, las cuales tienen precarias instalaciones.

Cabe señalar que estos jóvenes no es la primera vez que exigen mejores condiciones educativas, este es un tema de años pero manifiestaron que nunca reciben  una respuesta.

Siguiendo el mal ejemplo de la UNAH

El día 14 de agosto de 2018 mientras se sostenían las tomas, estudiantes del Instituto Luís Bográn se contactaron con la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU, porque el director de esta institución, Ángel Arteaga, los amenazaba que si no dejaban la toma de las instalaciones procedería a expulsarlos.

La ASOPODEHU llegó al colegio a constatar los hechos y una de sus representantes estuvo en una reunión como observadora donde además de los estudiantes estaban autoridades departamentales y el director de la institución.

Los funcionarios educativos se manifestaron de manera despectiva y autoritaria contra los demandantes , entre ellas Lesbia Reye, Asistente del Director General, quien manifestó que los estudiantes “tenían un reflejo feo, sin hogar ni educación”.

Mientras el director del Luís Bográn señaló que “era muy distinto hablar con otro grupo de estudiantes que tenían mejor índice que con ellos”.

Las autoridades dijeron  que el tema de los combustibles no les competía a ellos, y además que los estudiantes eran unos “extremistas”.

Ante las amenazas de expulsión, una estudiante manifestó que el director les dijo que los van a sancionar. El año pasado hubo una huelga, la joven por participar en esas protesta  la admitieron pero con una matrícula condicionada, esto implica que si le hacen otra infracción, será expulsada definitivamente y se quedará sin acceder a otro colegio.

A pesar de que en esa ocasión los estudiantes y el director firmaron un acuerdo donde él se comprometió a no expulsar a ningún estudiante, pero a las dos semanas empezó a sacar expedientes y a varios los expulsó por tres días.

En las últimas horas los estudiantes denunciaron que estaban siendo amenazados con echarles la policía para que los desalojara, lo que se concretó la tarde de este 15 de agosto de 2018 cuando fueron gaseados en momentos que tenían tomadas algunas calles de la capital en señal de protesta por no ser escuchados.

Este es el pronunciamiento de los estudiantes del Instituto Luís Bográn: