La delegación de diputados indicó que se corre el riesgo de modificar decretos que fueron aprobados en anteriores legislaturas, lo cual podía ser lesivo a la población en general o beneficiar directamente a los mismos parlamentarios para que no sean procesados, ya que existen diferentes procesos de investigación por varios delitos de enriquecimiento ilícito y violación a los deberes de los funcionarios, entre otros, que se les sigue a varios legisladores.

Procedimiento ilegal e inconstitucional

El diputado Jari Dixon del Partido Libertad y Refundación,(LIBRE), afirmó que continuar con el procedimiento de modificar leyes que ya fueron aprobadas incriminaría a los diputados que hagan uso de la resolución, por lo cual es necesario esclarecer si existe o no delito, pero que debe ser el propio Ministerio Público quien lo investigue.

“En el Congreso Nacional se ha implementado un nuevo procedimiento en donde proyectos ya aprobados en tres debates, ya ratificados en todos sus pasos, están regresando al hemiciclo legislativo para ser sometidos a votación para su modificación, y son decretos que ya fueron aprobados”, afirmó.

Advirtió que con la resolución no solo pueden hacer uso de decretos de esta legislación sino también de legislaciones pasadas, se aprobó una resolución que violenta la Constitución de la República y todo el procedimiento legislativo establecido en la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Para la delegación de parlamentarios existe el riesgo de que proyectos y leyes ya en vigencia se les incluyan artículos que no fueron aprobados, se les ingresen nuevos artículos y ese es un procedimiento ilegal e inconstitucional, señalaron.

“Hoy hay diputados preocupados del Frente Parlamentario y diputados de otras bancadas que podrían involucrarse en los delitos de Abuso de Autoridad y Violación a los Deberes de los Funcionarios, entre otros, y por eso venimos a presentar una denuncia, para que se investigue esta acción, porque nunca en la historia del Congreso Nacional, se había tomado una acción de ese tipo”, agregó.

Dixon dijo que “el manoseo de proyectos ya aprobados violenta el procedimiento porque lo que tiene que hacer la Secretaría del Congreso Nacional, tal como lo dice la Ley, es enviarlo al Poder Ejecutivo para que le vete o sancione, pero no tiene que regresar al pleno del Congreso Nacional”.

Según el diputado “para eso los secretarios son ministros de la fe pública de lo que pasa en el parlamento donde hoy hasta se graban las sesiones y no tienen ningún problema para decir qué fue lo que pasó en la sesión, pero quieren que los diputados nos involucrenos en acciones que pueden estar al margen de la ley”, destacó. 

Dixon aclaró que ya existen varias leyes que están pendientes de enviarse nuevamente al pleno del Congreso Nacional para que

les aprueben en ellas nuevas enmiendas, sin antes enviarlas al Poder Ejectutivo para que sean vetadas o no, y eso podría ocasionar responsabilidad de diferentes tipos a los parlamnetarios hondureños.

“Por eso estamos dejando constancia histórica con esta denuncia para que se investigue, y que sea el Ministerio Público el que determine a través de la UFECIC si se está cometiendo un acto de corrupción o no”,

Fe de erratas 

Por su parte el diputado David Reyes, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, (PINU-SD), señaló que el procedimiento para enmendar una ley es reconociendo el error a través de una fe de erratas, lo que ya se venía haciendo en el parlamento hondureño.

“Luego de haber sido aprobada una ley en tres debates, puede ser mandada nuevamente al Congreso Nacional para que mediante una moción de reconsideración se pueda hacer cambios, esto es verdaderamente muy peligroso, con la excusa de que se cometió un error y en vez de la fe de erratas, que es un procedimiento que ya existe en la Constitución, y en los procedimientos legislativos, ahora ellos han inventado este nuevo procedimiento que se llama moción de reconsideración”.

Reyes recalcó que “es muy peligroso porque se puede prácticamente de un plumazo en una ley que ya ha sido cabildeada, discutida y aprobada, cambiarle el sentido a la misma, eso es lo peligroso en el Congreso Nacional, es una práctica ya viciada”.

 Atentado contra la forma de gobierno

En tanto el diputado del Partido de Innovación y Unidad, Social Demócrata (PINU-SD), Luis Redondo, afirmó que, “se ha argumentado en los considerandos que se pueden traer al Congreso leyes desde cuando fue presidente del Congreso Nacional, Efraín Bu Girón, y esto está poniendo en evidencia una serie de irregularidades que se vienen cometiendo en el Congreso Nacional que antes no estaban a la vista, y nosotros lo que decidimos es denunciar para dejar un precedente”.

Agregó que hay delitos como el Abuso de Autoridad y el Prevaricato, entre otros, que atentan contra la forma de gobierno.

No se respetó la mayoría calificada

Para los parlamentarios denunciantes, la resolución que se aprobó en el Congreso Nacional no contó con la aprobación de la mayoría calificada, ya que apenas votaron 64 diputados y eso lo convierte en una ley ilegal.

Doris Gutiérrez del PINU-SD indicó que “podemos presentar mociones y proyectos de decretos, pero en las resoluciones, la ley orgánica del Congreso dice que cuando se aprueben en caso de necesidad, deberá ser por mayoría calificada, en esto hay un incumplimiento en los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, no estamos acusando a nadie pero tampoco somos ingenuos para que después nos responsabilicen a todos cuando se violen las leyes o se tome una ley que ya fue aprobada , se le hagan cambios a través de una resolución, pero debemos respetar lo que dice la Ley Orgánica del Congreso”.