El 05 de octubre recién pasado fue difundida la información en una página de Facebook llamada Noticias de Colón que había 21 órdenes de captura contra algunos de los líderes y lideresas del campamento de resistencia establecido hace más de dos meses en la Comunidad de Guapinol, en Tocoa, Colón, que demanda el retiro inmediato de la Minera Inversiones Los Pinares que ha contaminado los ríos como el Ceibita y el Parque Nacional Carlos Escaleras.

La Minera en mención es propiedad de Lenir Pérez, yerno del fallecido terrateniente Miguel Facussé y de su hija Ana Facussé. El empresario Pérez fue acusado años atrás de haber promovido el secuestro de dos defensores internacionales de derechos humanosque acompañaban a la comunidad de Nueva Esperanza en el Atlántico de Honduras cuando él pretendía instalar allí otra minera. A pesar de que habían las pruebas necesarias el sistema de justicia no le dedujo responsabilidades.

Ahora es Guapinol

Entre las órdenes de captura están las emitidas contra Juan López , Coordinador del Comité Prodefensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio;Reinaldo Domínguez , líder comunitario de la comunidad de Guapinol; Juana Esquivel, Coordinadora de la Fundación San Alonso Rodríguez; Orbin Hernández, líder de las comunidades del sector San Pedro y Carlos Leonel George, dirigente popular de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA, entre otros.

Y si de ejemplos se trata hoy otros que pueden mencionarse donde los operadores de justicia actúan de forma expedita para criminalizar a quienes ejercen sus derechos, tal es el caso de la comunidad de Azacualpa, Copán, en el Occidente de Honduras donde fueron capturad0s más de 20 personas que estaban defendiendo su medio ambiente de la minera canadiense Aura Minerals. Hoy esta compañía hasta los muertos del cementerio ha sacado sin importarle la cultura y las tradiciones sino tras el oro.

Otro caso es en el Sur de Honduras en la comunidad de Los Prados donde otra veintena de personas fue acusada de atentar contra los servicios públicos por el hecho de oponerse a una empresa de energía fotovoltica que les está ocasionando graves daños en el medio ambiente.

Ante la ofensiva estatal comunidad se declara en unidad

El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, emitió una alerta pública donde dijo que "El mensaje de la coordinación del Comité es de unidad, respeto y firmeza en la lucha. Se pide sensatez, disciplina, tranquilidad y lealtad moral a los sagrados intereses de las comunidades amenazadas. Ante el crimen del gobierno de Honduras, así como ante la campaña amenazante de la empresa minera INVERSIONES LOS PINARES nuestra lucha debe ser firme, frontal con la verdad en la mano y la moral en nuestro proceder.

Ineficiencia del Ministerio Público a pesar de las denuncias

La Coalición contra la Impunidad señaló que durante todo ese tiempo ha habido un incremento de la ofensiva en contra de personas defensoras ambientalistas en la zona del Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación, amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera, medios de comunicación y autoridades públicas.

Agregó que “pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el desalojo del campamento y la emisión de las mencionada órdenes de captura en contra de quienes defienden la vida”

La utilización del derecho penal es una de las estrategias desgastadas pero certeras que se utilizan en los últimos años contra quienes defienden los territorios de empresas mineras, hidroeléctricas y de otro tipo que llegan a las comunidades violentando la consulta previa, libre e informada, y se establecen con la complicidad del Estado de Honduras.

Todo el andamiaje del sistema de justicia es lanzado sin compasión contra los defensores y defensoras de derechos humanos que deben hacerle frente de forma desigual y además sortear amenazas, hostigamientos y toda una serie de acciones intimidatorias hasta en muchos casos culminar con la muerte.El panorama es visto por la Coalición contra la Impunidad como una acción que solamente se echa a andar en los gobiernos dictatoriales.

Este es el comunicado de la Coalición contra la Impunidad:

Criminalizar la protesta pacífica es de dictaduras 

La Coalición contra la Impunidad, ante las órdenes de captura libradas contra 18 personas defensoras de derechos humanos que desde el primero de agosto se mantienen en el Campamento de Guapinol, manifestamos lo siguiente:

PRIMERO: Que la instalación y permanencia en dicho campamento tiene como fin legítimo la defensa del agua, el ambiente y el territorio, lo cual constituye un derecho humano que colectivamente ejercen muchas organizaciones comunitarias, populares, eclesiales, así como pobladores y pobladoras aglutinadas en el Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón para frenar la implantación ilegal de la empresa minera Inversiones Pinares propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé, la cual ya ha provocado graves daños ambientales en el río Ceibita y en el Parque Natural “Carlos Escaleras”.

SEGUNDO: Denunciamos que durante todo ese tiempo ha habido un incremento de la ofensiva en contra de personas defensoras ambientalistas en la zona del Aguán, que se ha traducido en campañas agresivas de intimidación, amenazas, difamación y criminalización por parte de la empresa minera, medios de comunicación y autoridades públicas. Pese a que se han interpuesto las denuncias respectivas, el Ministerio Público ha mostrado una absoluta ineficiencia para investigar los hechos, pero ha actuado de forma diligente para promover el desalojo del campamento y la emisión de las mencionada órdenes de captura en contra de quienes defienden la vida.

TERCERO: Resulta de especial preocupación órdenes de desalojo y de captura realizadas por un Juzgado de Jurisdicción Nacional, cuya creación busca conocer casos de criminalidad organizada. Por tanto,  el mensaje criminalizador es claro y grave para la vida e integridad de estas mujeres y hombres defensores de la vida, ya que los coloca en la categoría de los criminales más peligrosos. Como lo establece la jurisprudencia interamericana, este tipo de actuaciones judiciales tergiversan deliberadamente los hechos para sancionar reivindicaciones y movimientos sociales o la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y de esta forma reducir al mínimo la presión de los sectores sociales y la crítica pública, que son fundamentales en una sociedad democrática.

CUARTO: Le recordamos al Estado hondureño que protestar y manifestarse pacíficamente se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión que, por su cercanía al nervio democrático, constituyen un mecanismo de intercambio de ideas y reivindicaciones sociales, y un elemento vital para el buen funcionamiento del sistema democrático. En este sentido, como lo señala el jurista Roberto Gargarella, el derecho a protestar puede considerarse el “primer derecho”, es decir, el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. En consecuencia, cuando el ejercicio de este derecho fundamental es comparado a un grave crimen, solo nos confirma que hemos entrado en los oscuros laberintos de una feroz dictadura y nos demanda responsabilidad ciudadana, así como acciones de solidaridad nacional e internacional.

QUINTO: Nos solidarizamos con las personas y organizaciones que se mantienen en el Campamento de Guapinol, víctimas de la fuerza represiva del Estado, y exigimos al Ministerio Público y al Poder Judicial que cesen su persecución penal.

8 de octubre de 2018.

Coalición contra la Impunidad