Hay una situación de pánico colectivo que están viviendo los habitantes de la comunidad de Ceibita y demás aledañas. Los habitantes de las comunidades se levantaron para exigir que la compañía minera Inversiones Los Pinares salga de la zona porque ha causado un irreparable daño a los ríos Guapinol y San Pedro, que constituyen su principal fuente de agua.
Alrededor de mil 500 efectivos militares y policiales llegaron bien apertrechados a Guapinol y desalojaron violentamente a los defensores y defensores del ambiente. Sin embargo eso no quedó allí sino que se instauró una cacería por los cuerpos represivos del Estado, sumándose las acciones violentas de los empleados de la compañía minera, antes llamada Emco Mining Company, propiedad de Lenir López y Ana Facussé.
Se informó por redes sociales que varios periodistas fueron estropeados por la policía y su material documental de la represión en el momento del desalojo del sábado fue borrado, además a algunos les destruyeron su equipo de trabajo, lo que violenta el derecho a la información de los comunicadores sociales y los compromisos asumidos por el estado de Honduras ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que evaluó a Honduras en el Examen Periódico Universal, EPU, de mayo de 2015.
A través del terror pretenden disuadir a los habitantes que permanecieron por casi tres meses en un campamento de resistencia, pero durante todo este tiempo han tenido que sufrir campañas de desprestigio, amenazas, criminalización, entre otras estrategias de ablandamiento de diferentes instancias estatales que le hacen la comparsa a la empresa que fue descartada por un informe oficial inicial, pero un segundo aparentemente amañado le permitió las operaciones .
Según denuncia a pasosdeanimalgrande.com, por el dirigente comunal Juan López, el fin de semana en horas de la noche empleados de la minera, aproximadamente entre 20 a 30, montados en motocicleta, rodearon la casa de Irma Serrano haciéndole disparos al inmueble para después prenderle fuego, dentro de la casa se encontraban ella y sus hijas quienes vivieron una pesadilla.
Según relató López, la señora Serrano es una de las activistas más comprometidas de la zona, “y por eso la quieren tomar como una figura de escarmiento para todos los que luchamos y seguiremos luchando por defender nuestras fuentes de agua, por supuesto que tememos por nuestra vida, Irma ya había sido amenazada sobre estas acciones y lo cumplieron, pero también han amenazado con matarla, por lo que suplicamos a las autoridades por favor hagan algo por nosotros, estamos indefensos, víctimas de una brutal represión de esta empresa que quiere acabar con nuestra vida contaminando el rio” apuntó.
Indiferencia de las autoridades
Asimismo lamentó López que se encuentran en total desventaja ante el poder económico y logístico de la minera, “antes de este desalojo nos hemos acercado a las autoridades para ponerlos al tanto de los abusos y amenazas proferidas por personal de la empresa a nuestros compañeros pero por increíble que parezca el jefe de Policía nos dijo que las cosas están muy difíciles en este sector y que “tenía miedo de intervenir, esta indiferencia nos obliga a nosotros a tomar acciones ya que ninguna autoridad vela por este derecho legítimo que representa defender nuestros recursos, ellos (la minera) se han dado a la tarea de montar una campaña en los medios de comunicación”.
Para el caso mencionó a Canal 11 y el Programa Frente a Frente, de la Corporación TSI, redes sociales "e incluso han ido hasta la Embajada Americana para desprestigiarles a través de un denominado Comité de Defensa de la Comunidad de Ceibita, organización que supuestamente está a favor de que la minera siga realizando sus trabajos de extracción a pesar de los daños al ambiente".
Ya corre la sangre
Explicó Juan López que aunque la posición de los defensores del ambiente es la de no confrontar, tienen el temor que a través de falsas acusaciones se justifiquen acciones que violentan su seguridad y sus derechos, para el caso ya se reporta una muerte de uno de los empleados de la minera y de dos militares según medios corporativos, así como la quema de un bus de ruta interurbana , este tipo de acciones buscan desprestigiar una exigencia justa, señaló.
“Pretenden inculparnos de situaciones falsas, nos están infiltrando personas en nuestras reuniones, sufrimos continuas persecuciones, la situación es completamente intolerable y responsabilizo a los señores Gerson Leiva y a Julio César Hernández de lo que a mí me suceda, ya que se han dado a la tarea de orquestar una campaña de odio hacia mí, ellos me señalan como cabecilla de este movimiento y me sentenciaron que yo pagaría las consecuencias de todo”, denunció.
Por su parte Juana Esquivel, directora de la Fundación San Alonzo Rodríguez, organización que acompaña en sus demandas a los habitantes de Ceibita y Guapinol, lamentó que solamente un representante del CONADEH estaba presente en el desalojo del campamento “pero aun así este funcionario pudo constatar el ridículo y sobredimensionado uso de la fuerza por las autoridades”.
