Los dos encausados fueron enviados a “La Tolva”, una  cárcel de máxima seguridad, por un juez incompetente según la defensa, y así reconocido por el Tribunal de Sentencias Natural.

La resolución de este Tribunal responde a la petición presentada por la defensa de los imputados que solicitó la anulación del juicio por no haber conexión de los delitos que se les imputan a sus defendidos con el crimen organizado.

A ellos el Ministerio Público les imputa los delitos de daño agravado, incendio agravado en perjuicio del Hotel Marriot y portación de artefactos explosivos, “bombas molotov”, dijo en la audiencia, el fiscal, Juan Carlos Elvir.  

Ambos participaron en una marcha  que fue reprimida por la Policía Nacional, el 12 de enero del 2018,  y en la protesta  resultaron quebrados varios vidrios del referido hotel, situación que motivó al Ministerio Público a presentar en un Tribunal de Jurisdicción Nacional el requerimiento fiscal contra los imputados, a los que vinculó con el crimen organizado.

Este ya es otro caso que pasa a un juez de jurisdicción nacional, figura creada para conocer casos de la criminalidad organizada, unos 18 defensores de derechos humanos que defienden sus territorios en la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, deben enfrentarse a este tipo de tribunal en los próximos días, solamente por defender de la contaminación ambiental que la empresa minera Inversiones los Pinares está haciendo en sus fuentes de agua y de otras localidades que conectan en la zona.

Tribunal sin competencia

Desde el inicio la defensa cuestionó que el tribunal no era competente, y según explicó Kenia Oliva, defensora de Raúl Álvarez, el delito de daños y portación de armas caseras (bombas molotov), imputados a su defendido y a Edwin, no está contenido en el catálogo de delitos que debe  conocer ese tribunal.

Aparte, Oliva reveló que en noviembre del 2018, conoció un informe elaborado por el jefe de la policía que comandaba del operativo del 12 de enero, cuando se presentó el incidente, y que ese documento detalla que la manifestación fue convocada por el coordinador de la Alianza contra la Impunidad, Manuel Zelaya, para defender el triunfo del ex candidato, Salvador Nasralla.

Con ese documento oficial queda claro que los imputados no cometieron un delito de crimen organizado sino un acto político, “ya quisiera yo que el crimen organizado utilizara bombas molotov en este país”, dijo el abogado Omar Menjivar, defensor de Edwin Espinal.

La abogada Kenia Oliva, reiteró que el Ministerio Público no formalizó la acusación por crimen organizado y que esa acción no es más que una persecución política sin motivación para que los imputados fueran enviados a una cárcel de máxima seguridad.

Sin embargo Omar Menjivar, el defensor de Edwin Espinal, se mostró satisfecho con la resolución y asegura que la justicia se ha encarrilado por la ruta de la Ley, como debe ser, pero lamentó que el fallo se dé cuando los acusados ya tienen más de año de estar presos ilegalmente.

Según explicó de acuerdo con la Constitución de la República, nadie  puede ser detenido, arrestado ni privado de libertad sin orden de un juez competente. “Y en este caso ha sido un juez sin competencia quien los ha mantenido presos”, reaccionó Menjivar.

Sostuvo que la justicia hondureña pareciera que es selectiva con los casos de orden político, con una intervención desproporcionada  del Estado que persigue a los ciudadanos que protestan.

Menjivar espera que el Tribunal que conocerá estas causas a partir de hoy tenga la valentía para anular el proceso y ordenar la libertad de los detenidos.

Para él el Estado que tiene la obligación de proteger los derechos humanos, ha violentado derechos fundamentales de Raúl y Edwin y que esa situación podría derivarle responsabilidades internacionales.

Persecución implacable

El defensor de los derechos humanos Edwin Espinal, ahora preso político ha sido perseguido desde el golpe de Estado de 2009 cuando él se manifestaba contra esta arbitrariedad que sacó del poder por la fuerza de las armas al presidente Manuel Zelaya Rosales. Esta acción fue apoyada por los Estados Unidos y las Fuerzas Armadas fueron un actor ejecutor de esta acción inconstitucional.

En ese contexto Edwin Espinal sufrió detenciones, torturas, allanamientos a su vivienda y campañas de desprestigio para opacar su labor de defensa de los derechos humanos.

Su abogado defensor, Omar Menjivar detalló ante el Tribunal de Sentencias Natural como en el año 2013 fue allanada su casa y para hacerlo lo identificaron como dirigente del partido Libertad y Refundación, LIBRE, y su casa por tener una bandera de esa institución política.

Menjivar describió que en ese momento se nombró al militar Santos Alberto Reyes Castillo como juez ejecutor del allanamiento.

El 01 de julio del año 2010 Espinal fue detenido por policías que le rociaron gas lacrimógenos en su rostro mientras se conducía en su vehículo, posteriormente fue detenido y llevado a una posta policial en el Barrio Belén de Comayagüela, donde permaneció en una bartolina durante toda la noche gritando del dolor y solicitando un médico que nunca le fue permitido.

La persecución continuó durante los siguientes años, hasta llegar a su captura en enero de 2018. Durante todo el juicio ha habido una serie de irregularidades y faltas al debido proceso. Su envío a la cárcel de máxima seguridad le mantiene bajo constante acoso y la negación de su derecho a la salud. Las trabas de la entrada a la cárcel hacen casi imposible las visitas para monitorear su situación.

De acuerdo a Menjivar Espinal ha recibido la actuación implacable de un juez incompetente para su caso. “el mensaje es de intimidación, porque son militares los que investigan, lo detiene la policía militar  y lo remiten a un juez militar , lo que reduce sus posibilidades de defensa . Además Edwin es beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el Estado de Honduras se comprometió a protegerlo y no ha hecho otra cosa que perseguirlo”, finalizó.

Durante todo este proceso el afectado ha sido acompañado por su esposa y defensora internacional de derechos Humanos, Karen Spring, quien también ha pasado por momentos difíciles de persecución.

En las afueras del tribunal decenas de personas de movimientos sociales , defensores y defensoras de derechos humanos y del Partido LIBRE, demandaban libertad para Espinal.

Mientras en la audiencia se pudo observar presencia nacional de defensores y defensoras de derechos humanos  y de organismos internacionales que monitoreaban la resolución como Brigadas Internacionales de Paz, PBI; de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y de la Misión de la Unión Europea, entre otros.