Por ejemplo, el 03 de marzo del 2015, fue asesinada la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,(COPINH), Berta Cáceres, por defender los recursos naturales de la zona occidental de Honduras. Al momento de su asesinato, ella se oponía a la destrucción del Río Gualcarque, por parte de la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A, DESA, a través del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

El 07 de julio del 2016 también fue asesinada la ambientalista y activista del Copinh, Lesbia Janeth Urquía, en el municipio de Marcala, departamento de La Paz. En el momento de ser asesinada defendía los bienes comunes, los derechos indígenas y se oponía a la construcción de varios proyectos hidroeléctricos en el occidente de Honduras. Su cuerpo fue encontrado en el basurero municipal con golpes en la cabeza.

De igual manera el 20 de febrero de 2018, en la comunidad Concepción del Sur, en el municipio de Gualala, Santa Bárbara, con signos de tortura, fue encontrado el cadáver de Luís Fernando Ayala, un muchacho de 16 años que formaba parte del Movimiento Ambientalista Santabarbarense, (MAS).

Ayala era férreo opositor de las empresas mineras e hidroeléctricas que se instalan por la fuerza en esa zona y cuando murió junto a su familia libraba una lucha contra una concesión para la extracción de yeso.

Las operaciones de esta empresa amenazan con desaparecer la comunidad de Arenales, en ese municipio occidental.

Asimismo el 18 de junio del 2015, fue asesinado en la comunidad Brisas de Locomapa, departamento de Yoro, Erasio Villeda Ponce, quien se oponía a la destrucción del bosque, por parte de empresarios y terratenientes.

Erasio era líder indígena Tolupán, etnia a la que también pertenecían María Enriqueta Matute, Ricardo Soto y Armando Fúnez, asesinados por la misma causa, en el año 2013.

Otro de los ambientalistas asesinados en Honduras es Silvino Zapata, abatido el 14 de octubre del 2017, en La Masca, municipio de Omoa, Cortés. Silvino Zapata era líder del Consejo Garífuna de Ancianos, en Omoa, y reconocido defensor de los ríos de la zona.

El 06 de febrero de 1995, en Tela Atlántida, cayó abatida de un disparo de arma de fuego calibre 9 milímetros, la ambientalista Blanca Jeannette Kawas, defensora del ambiente en las comunidades de Lancetilla, Punta Sal y Texíguat.

Para ella era importante mejorar la calidad de vida de los pobladores, a través de la conservación del ambiente y los recursos naturales, las actividades agroforestales, el desarrollo comunitario, el ecoturismo, la concienciación ambiental y el cambio de las políticas de manejo sostenible de las áreas protegidas, y por eso la mataron.

En Tocoa, Colón, el 18 de octubre de 1997 murió acribillado con arma de fuego, el defensor del ambiente, Carlos Escaleras, quien desde inicios de 1990 se enfrentó con el empresario y terrateniente, Miguel Facuesé, por la contaminación que provocaría la instalación de una planta procesadora de aceite de palma, en las cercanías del Río Guapinol. En 1997 el coronel Aldana, comandante del XV Batallón, amenazó a Escaleras por reclamarle el derecho al agua para los habitantes de Chapagua, Agua Amarilla y El Aguán.

De la misma forma también asesinaron el 18 de mayo de 1998, en Catacamas Olancho, a Carlos Luna, un regidor municipal y coordinador de la Comisión Municipal del Ambiente, que defendió los bosques y los ríos de esa zona.

Criminalización y cárcel

El 25 de febrero pasado al finalizar la audiencia de declaración de imputado, un juez de jurisdicción nacional, les dictó detención judicial a 12 personas defensoras de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, que se oponen a las operaciones de una empresa minera, instalada en la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras.

Con sus operaciones esta empresa minera, propiedad de la familia Facussé, estaría contaminando las fuentes de agua en Tocoa, Colón, una ciudad con casi 100 mil habitantes.

En el Juzgado Primero de Letras de Santa Rosa de Copán, 19 defensores del ambiente, de la comunidad de Azacualpa, municipio de la Unión Copán, han sido criminalizados y acusados de daños en perjuicio de la empresa Minerales de Occidente, S.A, (MINOSA), una compañía, que desde 1997, cuando inició operaciones, no solo ha sido denunciada por el derrocamiento de la montaña sino también por verter cianuro en los ríos y quebradas de la región.

El pasado 11 de abril utilizando como anzuelo una citatoria para rendir declaración como testigos, la Dirección Policial de Investigaciones, (DPI), capturó a ocho defensores del ambiente de la zona sur de Honduras. Estas personas son Nelson Gómez, Erasmo Pastrana, Kelvin Gómez, Félix Pastrana, Marlene Pastrana, Carina Aguilar, Ancelma Escobar y Zulema Mendoza.

Ellos y ellas se oponen a la instalación de varios proyectos de energía fotovoltaica, que amenazan con desaparecer las fuentes de agua de las comunidades de Rancherías, Costa Azul y Guamerú, en Namasigüe, departamento en Choluteca.

La cita librada por la DPI obligaba a los ambientalistas a presentarse en calidad de testigos, pero al llegar a las oficinas policiales fueron capturados y enviados la cárcel.

Situación similar se presenta en los defensores de los territorios ancestrales de las comunidades garífunas, situadas en el caribe hondureño, donde sus líderes son perseguidos por empresarios nacionales y extranjeros que se dedican al turismo, y las autoridades del gobierno que los criminalizan por sus luchas.

Por ejemplo, Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, (OFRANEH), fue citada el pasado 07 de marzo por el Ministerio Público. Además ella ha sido amenazada por supuestos miembros del crimen organizado, por defender las tierras de la comunidad de Vallecito, en el municipio de Limon, departamento de colón.

El 11 de enero del 2017, la Policía Nacional, en La Ceiba, detuvo por más de media hora, a la coordinadora de OFRANEH, a Luís Gutiérrez, Oscar Gamboa y Luis Miranda. En la semana pasada volvió a ocurrir otra retención por agentes policiales contra Miranda y otra de sus compañeras garífunas.

Pero a la muerte y encarcelamiento de defensores de la tierra, súmele la represión del Estado a todas las manifestaciones pacíficas que realizan en diferentes regiones del país, las campañas de desprestigio que se insertan en perfiles falsos abiertos en las redes sociales y en los medios de comunicación afines con el gobierno y con la empresa privada.