Para el jueves y viernes de la presente semana los manifestantes se alistan para un paro nacional que no solo afectará a la gestión pública sino también, las operaciones empresariales del país.

Desde el pasado 29 de abril la Plataforma integrada por docentes, médicos, estudiantes y demás sectores sociales, luchan por la derogación de cuatro decretos considerados lesivos que con el fin de privatizar servicios hospitalarios y educativos aprobaron el presidente de la República y su cuerpo de Ministros.

Preceptos de estas legislaciones contemplan la función de comisiones interventoras, con amplios poderes para ejecutar nombramientos y despidos de personal en las secretarías de salud y educación.

Por tal razón, golpeando al gobierno y a la empresa privada, desde el inicio, la lucha por derogar esos decretos se mostró fuerte y combativa, con la paralización de escuelas, colegios y hospitales, tomas de puentes y carreteras y la realización de multitudinarias manifestaciones, en todas las regiones del país.

La situación hizo reaccionar al gobierno que contraataca con campañas mediáticas, que descalifican , acusan a dirigentes y amenaza a los trabajadores que protestan en las secretarías de salud y de educación. Pero a la vez envía a las escuelas activistas del Partido Nacional, que simulando ser padres de familia, les exigen a los maestros la impartición de clases para los hijos que no estudian allí.

La campaña también incluye el llamamiento a un diálogo que recientemente realizó la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y el nombramiento de una supuesta Comisión de Notables, integrada por el ex ministro de salud, Plutarco Castellanos, el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio y el diputado del Congreso Nacional, Denis Castro Bobadilla.

Y vale decir, que hasta hoy, ninguno de los que ofrecen para mediar entre el gobierno y los gremios, se ha pronunciado para que los decretos que son la causa del conflicto, sean derogados.

pero en medio de todo, el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, ha anunciado sanciones, que podrían finalizar hasta con el despido de los maestros, que salen de las aulas a exigir la derogación de los decretos que afectan la educación pública.

Y por su parte la Ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, amenaza con denunciar en el Ministerio Público, a los médicos y enfermeras que protestan, pese a que siempre han alegado falta de presupuesto para contratar personal, ahora sí anuncia que, “estamos contratando recurso humano para cubrir todas aquellas áreas que algunos gremios han dejado descubiertos”.

A la campaña para desprestigiar el movimiento también se ha sumado la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, personaje oscuro en la vida de los movimientos sociales, que en su mandato en la UNAH criminalizó a estudiantes y destruyó la organización sindical de la máxima casa de estudios.

Como rectora de la UNAH Castellanos fue la responsable en el manejo del Hospital Escuela Universitario, entidad que después de varios años se la devolvieron al gobierno, plagada de corrupción y sin las mínimas condiciones para atender a las personas que requieren de servicios hospitalarios.

Sin embargo, Castellanos ahora forma parte de la Comisión Transformadora del Sector de Salud, ataca a la presidenta del Colegio Médico, Suyapa Figueroa, y acusa a ese gremio de ser el responsable de la situación precaria de los hospitales del país.

Figueroa ha dicho que las declaraciones de Julieta Castellanos son un absurdo, porque ella fue incapaz en varios años de mejorar la situación del Hospital Escuela y de la misma Universidad.

Asesinan a maestro en el marco de las acciones de lucha

El profesor Jhony Alexander López, quien laboraba en un colegio de Yoro, Yoro, de fue asesinado dentro de su casa por desconocidos este miércoles 29 de mayo, en Punta Ocote, Morazán, Yoro, según lo dio a conocer tiempo.hn.

De acuerdo a la versión del medio los desconocidos irrumpieron en la vivienda y le dispararon a mansalva al profesor.

Resulta sospechoso que cada vez que hay acciones fuertes de sectores que demandan derechos, los crímenes contra agremiados se llevan a cabo, lo que podría tratarse de parte de acciones para desmovilizar y generar el terror.

Así ha pasado desde el golpe de Estado cuando más de 200 personas fueron asesinadas en circunstancias no esclarecidas y que se denunciaron como represalias por protestar contra el golpe de Estado.

Crímenes parecidos se han presentado en el marco de protestas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en colegios de secundaria cuando han realizado protestas fuertes por la exigencia de derechos, y ahora en las sistemáticas acciones contra la privatización de servicios públicos, donde el gobierno va con todo, desde campañas de desprestigio hasta comisiones con personajes que a lo largo de los años se han prestado para tratar de neutralizar las exigencias de potentes sectores reclamantes.