Tal es el caso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que recientemente anunció el despliegue de personal, en todo el territorio nacional, para la realización de un monitoreo y observación de la situación de los derechos humanos en el país.

“A la luz de su mandato, la OACNUDH ha comenzado el despliegue de misiones especiales de monitoreo en diversos puntos del país”, posteó el organismos internacional, en su cuenta de twitter, el miércoles 26 de junio.

La acción anunciada por la OACNUDH responde a las graves violaciones de los derechos humanos, que policías y militares, han cometido en el desalojo de las manifestaciones. Y sobre esta situación también ya se han pronunciado, Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El 01 de junio la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, condenó la brutal represión del Estado contra las manifestaciones realizadas en todo el país, el jueves 30 de mayo. “Es vergonzoso que en vez de garantizar los derechos de su población el gobierno hondureño siga optando por reprimir las manifestaciones con el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y de armas letales”, indicó, tras recomendar, que todos los casos sean investigados, de manera pronta, imparcial y efectiva.

En el mismo tono, también se pronunció CEJIL, organismo que representa a Honduras en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que ha ratificado, la muerte violenta de tres personas y 31 manifestantes heridos.

“Denunciamos que el Estado de Honduras está incumpliendo de manera grave y flagrante sus obligaciones internacionales”, expresó Cejil, en un comunicado, del pasado 21 de junio, horas más tarde, de que el presidente, Juan Hernández, ordenara militarizar a todo el país. 

Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos, a través de la embajada en Honduras, también ha alertado a sus empleados y ciudadanos, a no circular por las diferentes zonas de Tegucigalpa, donde se registran manifestaciones y represión policial.

A los muertos y heridos que se han registrado por la defensa de la salud y la educación, también se suman los asesinatos de 31 personas que participaban en las protestas de la crisis post electoral, a manos de policías y militares y el de Wilfredo de Jesús Moncada, el 11 de abril pasado en Choluteca.

El problema se agrava porque con el apoyo del gobierno central la displicencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de la Secretaría de los Derechos Humanos, que no hacen nada para contener la represión y la desidia del Ministerio Público, que tampoco investiga los delitos, la Policía Militar y la Policía Nacional, han salido a las calles a disparar bala viva contra manifestantes, al menos unas siete personas han fallecido por las balas.

Y como prueba están los muertos de las últimas dos semanas, las decenas de manifestantes heridos de bala y todas las personas golpeadas salvajemente, al ser detenidos y después encarcelados arbitrariamente.

Súmele también, los daños que provocan en la población el uso desmedido de gas lacrimógeno, que no solo afecta a los manifestantes, sino también a innumerables personas que residen en las cercanías donde se generan las protestas. La Policía acostumbra lazar las bombas al interior de las viviendas, sin tomar en cuenta la presencia de niños y ancianos.