Preocupa particularmente a la Comisión los actos de violencia ocurridos entre el 19 y 20 de junio que tuvieron como saldo que tres personas civiles perdieran la vida y al menos 19 resultaran heridas. De estas personas, al menos 18 fueron heridas por armas de fuego. Adicionalmente, la CIDH fue informada por el Estado que al menos 50 agentes policiales habrían resultado heridos en el contexto de las manifestaciones en el país.
Según información de público conocimiento el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa anunció un despliegue conjunto, militar y policial, para el control de las manifestaciones. Al respecto, el 24 de junio, en un operativo de fuerzas policiales y militares en la Universidad Autónoma de Honduras, se habría hecho uso excesivo de la fuerza habiendo resultado heridos por lo menos 3 estudiantes por arma de fuego. La CIDH llama al Estado a investigar con debida diligencia estos hechos. Asimismo, toma nota del anuncio del Ejecutivo y del comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en la que se insta a una investigación urgente.
Este es el comunicado íntegro:
Comunicado de prensa 169/19
CIDH manifiesta su preocupación por la situación en Honduras; y llama al Estado a garantizar el derecho a la protesta y reunión pacífica de acuerdo a estándares interamericanos
03 de julio de 2019 Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado seguimiento a las manifestaciones que se vienen llevando a cabo en Honduras en el marco del paro convocado por los sectores de salud y educación. La Comisión hace un llamado a habilitar canales de interlocución genuinos a fin de garantizar y canalizar las manifestaciones y protestas en curso.
Preocupa particularmente a la Comisión los actos de violencia ocurridos entre el 19 y 20 de junio que tuvieron como saldo que tres personas civiles perdieran la vida y al menos 19 resultaran heridas. De estas personas, al menos 18 fueron heridas por armas de fuego. Adicionalmente, la CIDH fue informada por el Estado que al menos 50 agentes policiales habrían resultado heridos en el contexto de las manifestaciones en el país.
Según información de público conocimiento el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa anunció un despliegue conjunto, militar y policial, para el control de las manifestaciones. Al respecto, el 24 de junio, en un operativo de fuerzas policiales y militares en la Universidad Autónoma de Honduras, se habría hecho uso excesivo de la fuerza habiendo resultado heridos por lo menos 3 estudiantes por arma de fuego. La CIDH llama al Estado a investigar con debida diligencia estos hechos. Asimismo, toma nota del anuncio del Ejecutivo y del comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos en la que se insta a una investigación urgente.
Por otra parte, se ha tenido conocimiento que el 1 de julio estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula (UNAH-VS), denunciaron disparos y gases lacrimógenos por parte de la policía militar en el marco de una manifestación. Este hecho fue condenado por la Dirección de la UNAH-VS en comunicado oficial del 2 de julio.
La Comisión condena los hechos de violencia donde ha habido la afectación a la vida e integridad de las personas; e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables.
La Comisión recuerda que las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales. El uso de este tipo de armas es una medida extrema, y no deben utilizarse excepto en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas. Asimismo, la Comisión llama a todas las personas que participan en manifestaciones a no recurrir a actos de violencia. Al mismo tiempo, la Comisión reafirma que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta.
De conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. En todo caso, la jurisprudencia interamericana ha establecido que cuando se tiene la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana, ésta debe de ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, así como regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Al respecto, La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH señaló: “Recordamos al Estado de Honduras que el resguardo de la seguridad pública corresponde a la policía civil y continuaremos monitoreando la situación”.
Finalmente, y ante las instalaciones de mesas de diálogo recientemente instaladas para abordar el paro, la CIDH llama al Estado a garantizar su efectividad y legitimidad a través de una amplia y representativa participación. El Comisionado Joel Hernández García, Relator para Honduras indicó: “Reiteramos nuestro llamado al Gobierno a que en cualquier proceso de diálogo, deben participar todas las partes involucradas con miras a alcanzar una solución pacífica que satisfaga a todos los sectores”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.